Este jueves, el Senado le propinó otra derrota al Presidente ultraderechista Javier Milei, esta vez, con la ley que le permite gobernar por medio de decretos de necesidad y urgencia. Es que los senadores del peronismo, el radicalismo, casi todos los bloques que responden a los gobernadores y la larretista Guadalupe Tagliaferri lograron la media sanción al proyecto que modifica la Ley 26.122, que regula el funcionamiento de los DNU. La iniciativa cosechó 56 votos por la afirmativa, 8 negativos y dos abstenciones –las de los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce–, configurando otra paliza parlamentaria para La Libertad Avanza.
Ahora el proyecto podrá ser tratado en la Cámara de Diputados y, si obtuviera su sanción definitiva, el Congreso terminaría arrebatando al Presidente la herramienta para gobernar eludiendo el trámite legislativo, como lo viene haciendo desde que inició su mandato. El dato político fue el aislamiento casi total del oficialismo: sólo votaron en contra, los seis senadores de LLA, el formoseño Francisco Paoltroni –virtualmente retornado al partido gobernante–, y la bullrichista Cárman Álvarez Rivero –la que dijo que los niños no tienen derecho a atenderse en el Hospital Garrahan–.
Ni siquiera el misionero Martín Göerling, cuyo partido, el PRO, va a las elecciones del 26 de octubre aliado con La Libertad Avanza en Misiones, votó en contra de ponerle límites a Milei con los DNU que utiliza para gobernar pasando por encima del Congreso de la Nación.
El proyecto apunta a cambiar el articulado de la Ley 26.122, que fue impulsada por Cristina Kirchner en sus tiempos como senadora y estableció desde 2006 que para rechazar un decreto de necesidad y urgencia, hace falta la impugnación por parte de ambas cámaras, un requisito tan difícil de alcanzar que desde que asumió Milei sólo se logró ante el DNU del aumento de los fondos reservados para la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado).
De acuerdo con el portal LPO, la oposición llegó al recinto con un dictamen unificado, después de un acuerdo tejido en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la cordobesa Alejandra Vigo. El salteño Juan Carlos Romero intentó introducirle modificaciones al proyecto en debate, con el propósito de morigerar el impacto para la Casa Rosada, pero ni siquiera consiguió el apoyo de sus compañeros de bloque, la propia Vigo y el correntino Carlos “Camau” Espínola.
Una senadora experimentada leyó esa fractura del trío que supo colaborar con la Casa Rosada en sobradas ocasiones, como el efecto del destrato de Milei y las heridas que dejaron los cierres de listas. Espínola terminó cerca del gobernador Gustavo Valdés, enfrentado en su provincia al diputado liberticida Lisandro Almirón, el hombre de Karina Milei que salió cuarto cómodo en las elecciones a gobernador del domingo pasado. Vigo, en tanto, es esposa de Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional y punto de articulación de los gobernadores del espacio Grito Federal.
Como sea, el proyecto votado agrega el artículo 1° bis a la Ley 26.122, donde estipula que los decretos de necesidad y urgencia “deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación”. El objetivo sería evitar abusos como el del DNU 70/23, rechazado por el Senado, pero vigente todavía porque no lo voltearon los diputados nacionales.
Ni siquiera es un tema de agenda para los diputados de provincias directamente afectadas como lo es Misiones: el DNU 70/23 dejó sin facultades para fijar precios al Instituto Nacional de la Yerba Mate, causando un desplome de los precios productivos y el quebranto de agricultores pequeños y medianos.
Por otra parte, el proyecto establece un cambio en el artículo 22 para que un decreto se considere aprobado “cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de 90 días corridos, contados desde su publicación en el Boletín Oficial”. Tras la ley elaborada por Cristina, bastaba el voto mayoritario de una sola cámara para ratificar un DNU.
Por último, el proyecto con media sanción deja sentado que “el rechazo del decreto por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 22°, implicará su derogación”.
Milei ya anunció meses atrás que va a derogar esta ley que le impide gobernar por medio de DNUs, en consecuencia, es posible que se vuelva a dar una instancia en la que las dos cámaras deban rechazar un veto. La jornada de hoy, en la que el Senado dejó sin efecto la anulación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, demostró que el Congreso puede ponerle límites al presidente ultraderechista.
