Este miércoles y en la madrugada del jueves, la oposición en la Cámara de Diputados logró alzarse con la media sanción de un proyecto que incrementa las jubilaciones, a raíz de un consenso entre los bloques que impulsaron la sesión: Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. La oposición logró también la media sanción para el proyecto que reinstaura la moratoria previsional por dos años, para personas que no tienen la cantidad de años de aportes necesarias para jubilarse; y la emergencia nacional en discapacidad.

Las tres iniciativas que eran rechazadas por la Casa Rosada, lograron una amplia mayoría, aunque no se alcanzaron los dos tercios de la Cámara baja, por lo que, si el presidente ultraderechista Javier Milei veta las leyes –en caso de que se sancionen en el Senado– el oficialismo podría conseguir el tercio de diputados que sostengan las anulaciones, como ocurrió en septiembre y octubre del año pasado, con las leyes de reforma previsional y de financiamiento universitario. Entre los 30 diputados ausentes y los más de 60 –en promedio– que votaron en contra de las iniciativas, se alcanza la cifra del tercio que necesita Milei para sostener sus vetos y gobernar de espaldas al Congreso de la Nación.

La puertista Klipauka, contra jubilados, trabajadores y personas con discapacidad

Un dato saliente para la política de Misiones, es que sólo una diputada por la provincia estuvo presente en los debates en la Cámara baja: la puertista liberticida Florencia Klipauka, votó en contra de todas las iniciativas que benefician a jubilados, trabajadores sin los 30 años de aportes y personas con discapacidad. Paradojalmente, Klipauka es la vicepresidente 2da. de la comisión de las personas mayores. ¿Qué pasó con los demás diputados nacionales misioneros? No estuvieron presentes: el radical con peluca Martín Arjol; el bullrichista Emmanuel Bianchetti; y los renovadores Yamila Ruiz, Daniel Vancsik, Alberto Arrúa y Carlos Fernández, no se encontraban en CABA, al momento del debate de anoche –y el médico Fernández integra la comisión de Acción Social y Salud Pública.

Según informó el portal Parlamentario, la iniciativa que recompone jubilaciones y fue girada al Senado, recibió 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones. El texto aprobado en base al dictamen de mayoría de UP prevé un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario -congelado hace más de un año en 70 mil pesos- a 110 mil pesos y su actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas.

El aumento a jubilados y los datos falseados sobre el costo fiscal

Con respecto a la votación en particular, la primera fue respecto al incremento del 7,2% que resultó con 152 avales, 67 rechazos y 9 abstenciones; y sobre el incremento del bono a $110.000 el resultado fue de 141 votos afirmativos, 68 negativos y 17 abstenciones. El resto de los artículos fueron aprobados a mano alzada por la Cámara de Diputados.

Asimismo, se incorpora por ley la fórmula de movilidad que el Poder Ejecutivo instauró a través del DNU 274/24. Y, en respuesta al Gobierno, que cuestiona de dónde saldrán los recursos, se prevé un capítulo referido al financiamiento que incluye medidas como la eliminación de la exención del IVA para los directores de empresas; la eliminación de la exención de Ganancias a las sociedades de garantía recíproca; el ahorro generado por la quita de sobrecargos a los intereses que se logró con el FMI y un redireccionamiento de las partidas destinadas a la SIDE, entre otras. Esto se tomó de una propuesta de Encuentro Federal.

El oficialismo rechazó desde el primer momento la propuesta de la oposición, al hacer énfasis en el costo fiscal que tendrían estas medidas, además de la emergencia en discapacidad, otro de los temas de la jornada. En la previa, Martín Menem difundió que los proyectos implicarían 12 mil millones de dólares, lo que significa 1,8% del PBI (Producto Bruto Interno). Estos datos, que el liberticida presidente de la Cámara no informa de dónde salen, contradicen los informados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El costo fiscal de los proyectos sancionados, según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso

Según el órgano especializado en el análisis del costo fiscal de los proyectos legislativos, la prórroga por dos años del régimen de regularización previsional previsto en la ley 27.805 tiene un costo estimado del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI.

En tanto, según información disponible y considerando que muchos beneficiarios potenciales de la PUAM elegirían el beneficio contributivo se calculó que existirían 441.226 nuevos beneficiarios que ingresarían aproximadamente la mitad el primer año y el resto al segundo año.

Por otra parte, la OPC informó que si el valor del bono que refuerza los haberes mínimos subiera de $70.000 por mes a $105.000 a partir de junio, el costo fiscal sería de $1.164.172 millones (0,14% del PIB), con un costo anualizado de $1.992.853 millones (0,23% del PIB). En caso que el beneficio subiera a $115.000 el impacto llegaría a $1.500.961 millones (0,17% del PIB), con un costo anualizado de $2.567.477 millones (0,30% del PIB).

En cuanto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, la OPC informó que una modificación de las condiciones para acceder al beneficio y sostenerlo y el incremento de aranceles a prestadores, podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios. Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre $ 1.889.371 – 3.627.495 millones de pesos. Este gasto es equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI.

Asimismo, la compensación de emergencia a prestadores en discapacidad tendría un costo de $278.323 millones. Y la asignación para talleres de producción: $7.160 millones. “No es posible realizar otras estimaciones de medidas con impacto fiscal debido a la falta de información suficiente para realizar un cálculo fundado y preciso”, detallaron desde la OPC.

Una moratoria previsional que sorpresivamente obtuvo la media sanción

Por otra parte, contra todo pronóstico, el bloque opositor de Unión por la Patria logró imponer en el recinto de la Cámara baja la prórroga por dos años de la vigencia del capítulo II de la ley 27.705 y del Plan de Pago de Deuda Previsional establecido en ella. El plazo señalado podrá ser prorrogado por igual lapso por el Poder Ejecutivo nacional. La votación resultó con 111 votos afirmativos, 100 en contra (la abogada laboralista Klipauka, votó negativamente a la moratoria) y 15 abstenciones.

Media sanción a la emergencia nacional en discapacidad

Ya entrada la madrugada de este jueves, se aprobó el proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive, por 149 votos a favor, 71 en contra (entre estos votos negativos estuvo el de Klipauka) y 3 abstenciones.

De acuerdo con Parlamentario, entre sus principales puntos el proyecto prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.

También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).

Finalmente, el proyecto ordena disponer mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan y “otras medidas que acuerde el Poder Ejecutivo Nacional con el Consejo Federal de Discapacidad”.

Futuros vetos y la convocatoria a los “héroes” de Milei, que sostengan la anulación de leyes

Como era de esperarse, la Casa Rosada, a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó que, al igual que el año pasado, será vetada cualquier ley que en los criterios del Gobierno ultraderechista pueda “romper el equilibrio fiscal”. Por supuesto, los aumentos de partidas presupuestarias para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), como los 33 mil millones de pesos otorgados por decretos de Milei en las últimas semanas, muestran la orientación del gobierno ultraderechista: destina fondos al espionaje y a la seguridad y niega fondos a la salud pública, las jubilaciones y la atención de las personas con discapacidad.

Es prácticamente un hecho que los siete diputados por Misiones estarán en el Congreso para avalar vetos del presidente ultraderechista Milei, cuando este lo requiera. Así sucedió con el sostenimiento de los vetos contra el financiamiento universitario y contra la reforma de la fórmula de actualización de jubilaciones, el año pasado. Aunque es posible que los renovadores se abstengan, si el oficialismo reúne el tercio de la Cámara baja.

Ayer, el debate en la Cámara baja se desarrolló por más de cinco horas, mientras en las afueras del Congreso, había una multitudinaria movilización de jubilados, personas con discapacidad, médicos del hospital Garrahan, sectores de la educación y cultura y el colectivo Ni Una Menos.