Provinciales
Desarrollo Social pagó $592 millones por leche en polvo a proveedores, con 9 meses de retraso
A través de dos decretos dados a conocer esta semana, el ministerio abonó a Consultora Cataratas SA y Misiocorp SRL, por 53 mil unidades de leche entera en polvo de 800 gramos, provistas en julio y agosto del año pasado. De estas, 21 mil unidades estuvieron destinadas a reforzar la provisión a “Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro, Organizaciones Comunitarias, Voluntariado Comunitario, y Población Carenciada con un alto grado de Vulnerabilidad Social”.

Este martes, el gobierno de Misiones informó en el Boletín Oficial N° 16.362 sobre dos decretos por medio de los cuales, el Ministerio de Desarrollo Social abonó por la provisión de 53 mil unidades de 800 gramos de leche en polvo a dos proveedores habituales del organismo. El dato saliente de estos decretos, como viene ocurriendo desde hace años, es que se pagó por los insumos destinados a familias en estado de vulnerabilidad social, varios meses después de concretada la entrega de los alimentos.
El Decreto N° 521,
firmado el pasado 1° de abril por el gobernador Hugo Passalacqua, reconoció “de
legítimo abono” y se reapropió “al presente ejercicio financiero la suma de $
357.508.800,00 (…), a favor de la firma ‘Consultora Cataratas SA’ (…) por la
adquisición de 32.000 (Treinta y dos mil) unidades de leche entera en polvo por
800 Grs., durante el mes de Agosto de 2.024”.
Según consta en el artículo 1° de este decreto, el pago se concretó este 1° de abril, “conforme Factura ‘B’ N° 00004-00000426 y Acta de Recepción N° 678/2.024”.
De forma idéntica,
el Decreto N° 524 firmado el mismo día que el anterior, también consta de dos
artículos y el primero, reconoce de legítimo abono y se reapropia “al presente
ejercicio financiero la suma de $ 234.615.150,00 (…), a favor del proveedor ‘Misiocorp
SRL’ (…), por la adquisición de 21.000 (veintiún mil) unidades de Leche Entera
en Polvo por 800 Grs., entregados en carácter de Refuerzo en el ámbito de la
Emergencia Alimentaria, en virtud de la urgencia de asistir a las distintas
Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro, Organizaciones Comunitarias,
Voluntariado Comunitario, y Población Carenciada con un alto grado de
Vulnerabilidad Social de la Zona Capital y Zona Centro Paraná de la Provincia
de Misiones, durante el mes de Julio de 2.024 (…)”.
En este caso, el
pago se concreta conforme a la Factura “B” N° 00003-00001851 y al Acta de
Recepción N° 554/2.024.
Cabe destacar que,
como ocurre en otros decretos de este tipo, el gobierno provincial justifica
los pagos ordenados por los decretos 521/24 y 524/24 en virtud de los Artículos
44° y 80° de la Ley VII - N° 11 (antes 2.303), es decir, la Ley de Contabilidad
General. Asimismo, en ambos decretos se autoriza “a la Dirección del Servicio
Administrativo de Desarrollo Social a proceder a liquidación y pago de lo
dispuesto”.
En total, ambos
pagos efectuados el pasado 1° de abril, suman $592.123.950 por el concepto de “otras
políticas sociales”. Se efectivizaron estos pagos, 8 y 9 meses después de
entregados los paquetes de leche en polvo, destinados a familias que pasan
hambre en Misiones.
Según explicaron fuentes consultadas, estas operaciones podrían haberse realizado por licitaciones públicas, en las que varios oferentes podrían haber competido en los precios. De acuerdo con datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en julio del 2024 en el Gran Buenos Aires, los 800 gramos de leche en polvo costaban $8.545,43, es decir, bastante menos que lo abonado por el Ministerio de Desarrollo Social, el pasado 1° de abril a Misiocorp SRL y Consultora Cataratas SA, es decir, $11.172,15.
Sin embargo, la OCLA
informó que en marzo, el paquete de 800 gramos de leche en polvo superaba los $9.900
en el GBA, por lo que el precio pagado en abril, estaría en los niveles del
costo de mercado actual. Es decir, no habría sobreprecios, porque se paga al
costo del valor actual, y no teniendo en cuenta el costo de la mercancía que se
entregó en julio y agosto del año pasado.
“De todos modos,
la irregularidad se da en la necesidad permanente de reconocer y de reapropiar
el gasto al nuevo ejercicio. Si aseguraran el pago en un plazo de unos 30 días,
se podría comprar a los precios de cada momento y sobre la base de
licitaciones, donde haya competencia de precios”, explicó una fuente contable
de Agencia Hoy, con perfecto conocimiento de la Ley de Contabilidad General.
En la operación,
como en otros decretos similares, hay un control laxo o casi inexistente de la
Dirección de Contabilidad General y del Tribunal de Cuentas de Misiones.