Días atrás, la Oficina de Presupuesto del Congreso informó sobre el posible costo fiscal de la iniciativa busca asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional, a través de una serie de medidas de alcance normativo, institucional y presupuestario.
Por medio del Decreto 534/2025, publicado el 4 de agosto pasado, el presidente ultraderechista Javier Milei frenó la emergencia en discapacidad, que obligaba al Estado a actualizar aranceles y garantizar prestaciones. Milei había anunciado que vetaría la ley apenas fuera sancionada.
“Este nuevo análisis se enmarca en la emergencia dispuesta hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año, y considera la reciente aprobación de la ley de aumento general de haberes previsionales como nueva base de cálculo para las prestaciones”, informó la OPC en su sitio oficial, luego de la media sanción conseguida en la Cámara de Diputados, la semana pasada.
En este sentido, la OPC detalló que “el impacto fiscal total de las medidas cuantificables se estima en un rango de $2,4 billones (0,28% del PBI) a $4,3 billones (0,51% del PBI). Dicho costo se compone de los siguientes elementos:
*Nuevas altas de la Pensión por Discapacidad: Se estima un aumento de entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios. Considerando la aprobación reciente de suba de haberes previsionales, este costo se estima en un rango de $2 billones (0,25% del PBI) y $4 billones (0,48% del PBI).
*Incentivo a la contratación: La exención del 50% de las contribuciones patronales por la contratación de nuevos trabajadores con discapacidad representa un costo fiscal por menor recaudación (gasto tributario) de $12.600 millones, lo que equivale a un 0,0015% del PBI.
*Compensación de emergencia a prestadores: Se calcula un gasto por única vez de $278.323 millones (0,03% del PBI) para compensar a los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas.
*Actualización de asignaciones a Talleres Protegidos: El costo adicional por la actualización del estímulo económico para trabajadores de Talleres Protegidos de Producción asciende a $7.160 millones (0,0009% del PIB).”
Cuándo sería el tratamiento legislativo para anular el veto de Milei
El proyecto aprobado por ambas cámaras –completa la OPC– contempla otras medidas, como el refuerzo general de los programas de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), el impacto en la cobertura de salud pública que implican los nuevos beneficiarios de PNC (Pensiones No Contributivas) por discapacidad y el nuevo mecanismo de actualización mensual de aranceles, cuyo impacto fiscal no es posible estimar. Por lo tanto, el costo fiscal total aquí presentado debe considerarse como una estimación de mínima.
En tanto, desde el principal bloque opositor en el Congreso, Unión por la Patria, apuntan a tratar de anular el veto para la semana que viene, una vez que cierre el plazo (17 de agosto) para la presentación de las listas para las legislativas nacionales del 26 de octubre. Se trata de una jugada política para condicionar a los diputados que responden a los gobernadores y que sean candidatos para las elecciones de octubre.
En el peronismo consideran que una vez que estén definidas las candidaturas, los diputados que responden a los gobernadores tendrán menos margen para oponerse a un aumento de las jubilaciones, un tema más que sensible en el marco de la campaña electoral. Es decir, quienes voten a favor del veto, pagarán un importante costo político por esa decisión. No es el caso de ninguno de los diputados por Misiones, porque de los diputados que culminan sus mandatos, –Carlos Fernández, Martín Arjol y Florencia Klipauka–, no renovarán sus bancas.
