El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo modificó su postura en la causa que investiga presuntas coimas en compras de medicamentos, y que salpicó hasta al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei, sospechada de quedarse con un 3% de retornos por compras de medicamentos destinados a personas con discapacidad.
Su nuevo representante legal, el abogado Mauricio D’Alessandro, se presentó ante la Cámara Federal para solicitar la nulidad completa del expediente, argumentando que los audios que dieron origen al caso son falsos o fueron manipulados mediante inteligencia artificial.
El cambio de estrategia resulta notorio. Anteriormente, Spagnuolo no había cuestionado la autenticidad de las grabaciones, sino únicamente su legalidad por haber sido obtenidas sin consentimiento y violar su intimidad. Además, planteó además la posibilidad de que Spagnuolo haya sido víctima de espionaje ilegal.
Citando los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, argumentó que se vulneró la intimidad de su cliente y advirtió que “no se puede avanzar sin saber si los audios fueron plantados”. Calificó el expediente como una “expedición de pesca” y sostuvo que, si la prueba inicial es ilícita, toda la investigación deviene nula.
Fuente: El Agora
La defensa de los dueños de la droguería Suizo Argentina también reclama la nulidad. Martín Magrám, abogado de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker y de su padre Eduardo, cuestionó el secreto de sumario y denunció posibles actuaciones de espionaje.
Además, recordó que el juez Sebastián Casanello había analizado previamente las contrataciones entre la ANDIS y Suizo-Argentina, archivándolas por inexistencia de delito, por lo que consideró que investigar nuevamente el vínculo violaría el principio de non bis in idem.
Ambas defensas coincidieron en que, sin pericia sobre los audios ni esclarecimiento sobre su origen, el caso no puede sostenerse. La audiencia pública, programada inicialmente para el martes 4 y realizada finalmente el jueves en la Sala II de la Cámara Federal porteña, dejó planteadas estas cuestiones para que el tribunal resuelva sobre la continuidad o no del proceso.
La investigación se inició a partir de audios atribuidos a Spagnuolo en los que se mencionaba un sistema de retornos en compras de medicamentos a la droguería Suizo Argentina. En las grabaciones quedaron involucrados Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente, y Eduardo “Lule” Menem, entre otros funcionarios.
El fiscal Franco Picardi rechazó los planteos de nulidad. Aseguró que la investigación no se inició por los audios sino por una denuncia criminal presentada por el abogado Gregorio Dalbón, sustentada en tres notas periodísticas que describían presuntas irregularidades en la ANDIS.
Picardi sostuvo que la fiscalía actuó respetando derechos y garantías, que el caso se encuentra en etapa inicial y que las medidas adoptadas fueron fundadas. El fiscal subrayó que no existe derecho a la intimidad cuando un funcionario público conversa sobre posibles hechos de corrupción vinculados al ejercicio de sus funciones.
Recordó que Spagnuolo relató esos episodios ante distintos interlocutores: periodistas, productores y asesores, por lo que no había una expectativa razonable de privacidad. “No hay un solo elemento que indique espionaje ni que permita afirmar que los audios fueron falsificados”, sostuvo Picardi.
El fiscal también señaló que el decreto del Poder Ejecutivo que removió a Spagnuolo reforzó la necesidad de que la Justicia investigara. “Spagnuolo fue echado. No dijo que en los audios uso inteligencia artificial. Llama la atención”, expresó Picardi durante la audiencia.
En ese sentido, reiteró que los audios no son prueba en sí mismos y que la investigación se sustenta en otros elementos que se fueron recolectando.
Por su parte, el fiscal de Cámara, Luis Agüero Iturbe, coincidió en que el archivo previo dictado por Casanello no impide una nueva investigación, ya que no hubo imputación ni impulso fiscal. Destacó que la defensa no demostró ningún perjuicio concreto que habilite la nulidad.
Con los planteos ya expuestos en la audiencia pública, la Sala II de la Cámara Federal está en condiciones de resolver si hace lugar a los pedidos de nulidad y de falta de acción o si convalida la decisión del juez de primera instancia para que la causa continúe. El expediente permanece bajo secreto de sumario mientras se aguarda la definición del tribunal.
La resolución será clave para determinar el futuro de una investigación que involucra a funcionarios de alto rango del gobierno nacional y que pone bajo la lupa el manejo de fondos públicos destinados a personas con discapacidad.
Fuente: El Ágora Digital
