En una semana muy convulsionada por las últimas medidas del gobierno ultraderechista de Javier Milei, el peronismo activó los primeros movimientos para voltear el DNU 941/25 que amplía las facultades de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), permitiéndole, entre otras cosas, detener a personas sin orden judicial.
Según el portal LPO, una diputada sostuvo que el Congreso “puede tratar de oficio el DNU”, una vez que pasen los 10 días hábiles desde que la Jefatura de Gabinete mande el decreto al parlamento, aunque las autoridades de ambas cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel no hayan conformado las comisiones correspondientes para emitir dictamen.
El diputado Germán Martínez presentó este viernes, después del mediodía, una nota formal a Menem para que constituya la Comisión Bicameral de Inteligencia y la de Trámite Legislativo, que es la que puede dictaminar a favor o en contra del DNU 941/25, el que convierte al organismo que preside Cristian Aguadra en una “policía secreta” y habilita la persecución y el espionaje total de la ciudadanía argentina.
“Ambas comisiones deben abocarse al inmediato tratamiento del decreto”, expresó el rosarino, que preside la bancada de Fuerza Patria. La jugada de Martínez, es un paso obvio pero crucial para lo que pueda suceder en los próximos días. Si el riojano ultraderechista se niega a conformar las comisiones después de ese reclamo de Martínez, que se suma al del interbloque de Provincias Unidas, podría quedar a tiro de una denuncia por incumplimiento de deberes.
En paralelo, un grupo de legisladores peronistas presentaron un proyecto de resolución para rechazar el decreto bajo el argumento de que “introduce una alteración sustancial del sistema democrático al otorgar a la SIDE facultades coercitivas incompatibles con el orden constitucional y el principio republicano de división de poderes”.
Esa iniciativa fue presentada por la diputada Lorena Pokoik, junto a los diputados Eduardo Valdés, Santiago Cafiero, Roxana Monzón, Nancy Sand, Pablo Todero, Andrea Freites, Hilda Aguirre, Ana María Ianni, Sabrina Selva, Martín Aveiro, Jorge Araujo y Carlos Cisneros, entre otros.
El más duro fue el entrerriano Guillermo Michel, que habría mantenido un fuerte contrapunto con Martínez. El ex titular de la Aduana cuestionó que “ante un DNU de implicancias tan sustanciales el bloque del PJ solo presente una nota formal pidiendo la conformación de las bicamerales, sin antes llamar a una discusión política en el bloque, presencial o zoom”.
Por lo demás, lo que se conversaba entre peronistas y pichettistas era la chance de colar en recinto el tratamiento del DNU cuando el gobierno retome la agenda legislativa para impulsar la reforma laboral, la iniciativa que la senadora Patricia Bullrich debió suspender hasta febrero por falta de apoyo en el Senado. “¿Y si el gobierno no convoca a extraordinarias? Es mejor negocio para Milei dilatar la reforma y espiarnos a todos”, dijo a LPO una legisladora, en rechazo a la estrategia parlamentaria de Martínez y el peronismo.
Más allá del vértigo, el reglamento de la ley 26.122, la llamada Ley Cristina Kirchner y que el Senado no pudo modificar en 2025 después de la media sanción de Diputados, habilita a las dos cámaras a tratar un decreto después de los 10 días de su llegada al Congreso.
En este caso, Manuel Adorni debería remitir el DNU al parlamento, como máximo, al cumplirse 10 días de su publicación en Boletín Oficial. Como el 941/25 apareció publicado el 2 de enero –Milei lo firmó el 31 de diciembre–, el plazo vencería el viernes 16 de enero.
De hecho, el artículo 18 de aquella ley prescribe que la Bicameral trate el DNU de oficio, si el Jefe de Gabinete no manda el decreto dentro del plazo estipulado. Los integrantes de la comisión de DNU tendrán, a partir de ese momento, otros 10 días para dictaminar.
En tanto, el artículo 20 de esa norma establece que “vencido ese plazo sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto”.
A eso se refirió el ex ministro de Defensa y ex titular de la AFI, Agustín Rossi, cuando admitió en declaraciones a Radio 10 que “se está conversando con los bloques para poder llevarlo al recinto, pero eso tiene plazos legales”.
En efecto, existe una zona gris para los que están debatiendo el camino a seguir dentro del peronismo. La oposición cree que tiene el número para voltear el decreto, pero también presume que Menem puede neutralizar su pelea por abrir el recinto, razón por la cual también existe la chance que alguna organización tramite un amparo ante el Poder Judicial, frente a la afectación de garantías constitucionales.
Sobre este punto, cabe remarcar las posturas de numerosos constitucionalistas y organizaciones de derechos humanos, incluido el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) que acudirá a la justicia en los próximos días
Entre otros cambios, el DNU 941/25 establece la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, y autoriza a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a detener personas, sin que exista una orden judicial. Este último punto, activó alarmas entre constitucionalistas. Rechazan también la decisión del Gobierno de eludir el debate parlamentario para acordar las modificaciones a través de un decreto mientras el Congreso permanece en receso.
“Ni necesidad ni urgencia en el DNU que modifica el sistema de inteligencia del país”, cuestionó el abogado constitucionalista Daniel Sabsay a través de su cuenta de X. “Concede facultades extraordinarias al presidente, entre otras aberraciones, un funcionario podrá detener a personas en la vía pública. Espero que la Justicia declare la inconstitucionalidad”, continuó el abogado.
En diálogo con el diario La Nación, Sabsay especificó que este DNU supone una “violación flagrante de la división de poderes”, dado que “toda reforma de este tipo debe pasar por el Congreso”. Su par Antonio María Hernández también advirtió sobre la contradicción de la reforma con el marco legal vigente. “El DNU es groseramente inconstitucional, no puede haber DNU en materia penal. Es otra demostración más de nuestra decadencia institucional”, alertó.
Al respecto, basta recordar que el artículo 99 de la Constitución Nacional establece que el Ejecutivo no puede emitir DNU en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de partidos políticos.
Sabsay también indicó que el decreto supone un avance sobre las atribuciones de la Justicia, ya que desacredita la autoridad de los jueces, en quienes recae la responsabilidad de emitir órdenes de detención. “Es absolutamente grave. La detención de personas en la vía pública se puede hacer con orden judicial. Si la hace una persona sin identificación se regresa a los peores momentos de la historia”, expresó el catedrático, vinculando este DNU con la suspensión de las garantías constitucionales, propio de las dictaduras autocráticas que Milei dice rechazar.
Con su estilo cáustico, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez subrayó en sus redes, que el DNU 941/25 desnuda el carácter “iliberal” del gobierno de Milei, al tiempo que denunció el silencio de parte del arco opositor y la Justicia. Mientras el kirchnerismo, Provincias Unidas y la Coalición Cívica se manifestaron en contra de la medida, PRO adelantó que no emitirá juicio respecto de la iniciativa hasta tanto un equipo especializado termine de analizar la letra chica del texto.
“El DNU 941/2025 no solo es la reafirmación autocrítica e iliberal del gobierno de Javier Milei sino también, el definitivo giro hacia la consolidación neofascista del modelo. Entre otras sucede por la cómplice defección de los otrora partidos políticos republicanos, el silencio atroz de gran parte del derecho público argentino y la inexplicable sumisión de la mayoría de la justicia federal”, tuiteó Gil Domínguez, lapidario con el partido que preside Mauricio Macri, por su insólita excusa para no pronunciarse contra un decreto, a todas luces, inconstitucional.
Reproduciendo parte del Decreto 941/25, Gil Domínguez denunció: “Agentes estatales encubiertos aprehendiendo personas sin orden judicial bajo su decisión subjetiva y arbitraria de flagrancia. Falta el Falcon Verde y bingo”, ironizó el abogado, colocando a esta medida de Milei en la misma línea de la política contrainsurgente de la Dictadura Militar que reprimió, secuestró, torturó y asesinó a 30 mil personas, como mínimo, entre 1978 y 1983.
Efectivamente, el Artículo 19 del DNU 941/25, sostiene: “Incorpórase como artículo 10 nonies de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sus modificaciones el siguiente texto: “ARTÍCULO 10 nonies.- Los órganos del SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL (SIN) proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo. Lo podrán hacer en toda instalación, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen las actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial”.
“En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las FUERZAS POLICIALES y de SEGURIDAD competentes”, completa este artículo que convierte a la SIDE en una suerte de policía secreta como la Gestapo del régimen nazi.
Pese a las múltiples y concluyentes pruebas de la inconstitucionalidad, el PRO mantiene su postura de avalar este decreto inconstitucional de Milei.
Por supuesto, al momento de votar por la nulidad o no del DNU 941/25, es casi un hecho que los legisladores bullrichistas de Misiones, Martín Goerling (Senado) y Emmanuel Bianchetti (Diputados) acompañarán a la Casa Rosada. A esos dos votos a favor, hay que sumar los de los dos diputados “libertarios” Diego Hartfield y Maura Gruber.
Posiblemente haya que sumar a los votos por avalar el 941/25, a los demás legisladores por Misiones, es decir, los renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut en el Senado y, Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik en Diputados: sistemáticamente votan todo lo que exija Milei, aún cuando se violen garantías constitucionales.
