La Justicia de Estados Unidos dispuso la suspensión de todas
las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, en una decisión
que fortalece la posición de la Argentina tras un pedido impulsado por el nuevo
procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
La Cámara de Apelaciones de Nueva York resolvió que ningún
tribunal podrá avanzar con medidas relacionadas con el caso, hasta tanto se
defina la cuestión de fondo en el proceso de apelación iniciado por el Estado
nacional.
La solicitud había sido presentada por Amerio en sus
primeras horas al frente de la Procuración del Tesoro, con el objetivo de
frenar el avance de investigaciones y procedimientos vinculados a la ejecución
del fallo adverso contra la Argentina dictado en 2023.
Se trata del Segundo Circuito de
Nueva York, tribunal que tiene a su cargo el análisis de la apelación y que
cuenta con la potestad de confirmar, modificar o revertir la sentencia. La
decisión de suspender el proceso implica que, por el momento, no podrán
ejecutarse reclamos ni impulsarse nuevas medidas en el expediente.
En ese marco, el analista de
LATAM Advisors Sebastián Maril señaló que la medida podría anticipar una
definición cercana sobre la cuestión de fondo, aunque no existe un plazo formal
para que la Cámara se expida. Según recordó, la audiencia por la apelación
principal se realizó en octubre del año pasado y desde entonces se aguarda una
resolución.
"Entonces, esto puede ser
una señal de que los mismos jueces de la Cámara van a resolver el tema, y van a
laudar sobre la cuestión de fondo. Como la van a decidir pronto, dicen, ‘no
tiene sentido seguir con toda una serie de audiencias que estaban previstas en
el contexto del discovery'", agregó.
El juicio contra YPF
En 2023, la jueza federal de
Nueva York, Loretta Preska, condenó en primera instancia a Argentina a pagar
USD 16.100 millones a Burford Capital por la expropiación de YPF realizada en
2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El litigio se originó en 2015,
cuando Petersen Energía -del grupo Eskenazi y entonces dueña del 25% de YPF- y
Eton Park, que poseía el 3%, vendieron sus derechos litigiosos a Burford
Capital, que presentó la demanda en Nueva York contra el Estado argentino y la
petrolera.
La expropiación alcanzó al 51% de
las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol. El proceso fue aprobado por
el Congreso mediante la Ley 26.932, incluyó el pago de una indemnización a la
compañía española y se fundamentó en razones de utilidad pública, puntos que la
Argentina sigue esgrimiendo como eje central de su defensa. En los tribunales
de Nueva York, sin embargo, el capítulo está lejos de cerrarse.
Fuente: BAE
