El próximo 12 de mayo, se concretará una nueva marcha federal universitaria, que promete ser multitudinaria como las que se concretaron en 2024, contra el desfinanciamiento de las universidades públicas que instrumenta, desde su asunción, el presidente ultraderechista Javier Milei. Se espera que más de un millón de personas se movilicen en todo el país, como ocurrió el 23 de abril del 2024, en la primera marcha universitaria contra el vaciamiento de la Educación Superior estatal.
El gobierno nacional se niega a pagar $2,5 billones a las casas de altos estudios tal como estipula la ley de financiamiento universitario, aprobada en dos oportunidades por el Congreso y como ordenó la Justicia en diversos fallos recientes. Para evitar cumplir con la ley, Milei apeló a la Corte Suprema y así, continuar desfinanciando las universidades públicas para sostener un superávit fiscal, construido en base a postergar el pago de las deudas públicas.
Según informó El Diario Ar, en medio de días de paros, clases públicas y acciones gremiales, este martes una reunión entre los sindicatos, estudiantes y rectores universitarios definió el próximo 12 de mayo como la fecha de una nueva movilización nacional.
Será la cuarta marcha federal bajo la gestión libertaria. En la ciudad de Buenos Aires la protesta será frente a la Casa Rosada, no ante el Congreso, como en otras oportunidades.
El reclamo es la demora de seis meses por parte del Gobierno en cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. La norma fue votada por el Congreso, vetada por el Presidente y luego aprobada por dos tercios de los legisladores de ambas cámaras. El caso llegó a la Justicia y ya dos fallos judiciales –en primera instancia y en Cámara– le impusieron a Milei que la implemente.
En las últimas horas trascendió de fuentes oficiales que la ley no se puede cumplir “por falta de financiamiento”. Y en paralelo el oficialismo operó en la Cámara de Diputados para avisar que quiere impulsar un proyecto alternativo, aunque todavía no tiene los votos necesarios para que avance.
El proyecto libertario implica una actualización salarial y presupuestaria menor a la establecida por la ley vigente y establece nuevas reglas para la rendición de gastos por parte de las universidades.
La normativa vigente establece que los salarios universitarios deberían recomponerse tomando como punto de partida diciembre de 2023. En cambio, la iniciativa del Poder Ejecutivo propone una suba gradual de los sueldos básicos para docentes y no docentes, con incrementos del 4,1% en marzo de 2026, otro tramo igual en julio y un último ajuste en septiembre.
Además, si bien conserva la convocatoria a paritarias trimestrales, elimina la cláusula que garantizaba que cada actualización mensual no pudiera ubicarse por debajo de la inflación informada por el INDEC.
