El pasado 1° de abril, por medio del Decreto N° 504/26, la Coordinadora de Trabajos Carcelarios cobró casi $224 millones, por la provisión de 70.382 raciones de alimentos suministradas en el primer mes del año. Anualizada, esa inversión superaría los $2.500 millones, suma que será abonada por el Estado provincial, sin licitación pública y sin mayores precisiones. El año pasado, la provincia pagó más de $1.197 millones a la Cuenta Especial de Trabajos Carcelarios, según consta en la información difundida en Boletines Oficiales, que Agencia Hoy recopiló y analizó.
Este viernes, en el Boletín Oficial N° 16593, fue publicado el decreto 504/26, en el que se reconoce “de legítimo abono la suma total de ($ 223.999.310,64), a favor de la Cuenta Especial de Trabajos Carcelarios y Fondos de Reembolsos, Cuenta 40939/5 Banco Macro - Casa Central, en concepto de pago por Reconocimiento de gasto por 70.392 raciones suministradas durante el mes de Enero del año 2026, a la Población Penal y Personal del Servicio de Guardia que cumple funciones por 24 Hs., de la totalidad de Unidades Penales, encuadrándose el procedimiento en lo establecido en el Artículo 44° de la Ley VII - N° 11 de Contabilidad (antes Ley 2.303)”.
El decreto consta de sólo dos artículos y el 2° es sólo de forma y autoriza “a la Dirección Servicio Administrativo de Policía y Servicio Penitenciario Provincial, a la liquidación y pago de la suma aludida en el artículo anterior, a favor de la Cuenta Especial de Trabajos Carcelarios y Fondos de Reembolsos, con cargo en la Partida Parcial Bienes de Consumo del Presupuesto Anual vigente del Servicio Penitenciario Provincial (…)”
La provincia pagó más de $1.197 millones a la Cuenta Especial de Trabajos Carcelarios en 2025
Sin licitación y sin precisiones
En cuanto al invocado Art. 44 de la Ley de Contabilidad General, que avala el abono sin licitación pública, sostiene: “El funcionario o agente de cualquier dependencia del Estado, en sus distintos poderes, que realizara compra o gastos en contravención con lo dispuesto en el Artículo anterior, o de las disposiciones de esta Ley, leyes especiales, decretos o reglamentaciones que fijan el trámite pertinente, responde personalmente del total autorizado o gastado en esas condiciones, siempre que el gasto no haya resultado en beneficio de la Provincia (…)”.
Mientras que el citado Art. 43 de la Ley VII – N° 11 indica que “ningún gasto podrá disponerse sin mediar disposición de autoridad competente, ajustado al procedimiento que establece esta Ley y su reglamentación, disponiendo de crédito presupuestario suficiente, siendo todas estas condiciones de legitimidad del acto.”
Es decir, no hay ninguna justificación formal que explique por qué no se llama a licitación para la provisión de viandas para el personal del SPP y los internos de las cárceles de Misiones. No obstante ello, el ministro del área, Marcelo Pérez, continúa avalando las operaciones con la Coordinadora de Trabajos Carcelarios.
