Previo a la lectura de los fundamentos del cuestionado fallo de la jueza Marcela Leiva, que condenó a los docentes y referentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez, por supuesto incumplimiento de una orden judicial para desalojar una avenida, en el contexto del acampa y protesta salarial de mayo del 2024, el secretario adjunto de la CTA Autónoma remarcó que hay una creciente criminalización de la protesta social en la provincia y en el país, al tiempo que subrayó que fueron sentenciados a 10 y 8 meses de prisión en suspenso, como un mensaje a la sociedad para que no salgan a reclamar sueldos dignos y que no se hable de la cruda realidad económica y social que se vive en Misiones.
Leandro Sánchez dialogó este lunes con LT4 momentos antes de la lectura de los fundamentos de la sentencia de la jueza Leiva, y aclaró que con Gurina, estaban esperando el fallo condenatorio, por más “inaudito” e inédito que sea una condena penal por una contravención.
“Nosotros veníamos preparados. Con Gurina decíamos que desde el momento que elevaron a juicio oral, una cosa que debería haber sido una contravención, porque esto es lo que hicimos en la calle, ya nos pareció extraño. Si lo realizaban (al juicio) iba a ser para condenarnos. Nosotros estábamos preparados para eso”, insistió el secretario adjunto de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma –Gurina es la secretaria general.
De acuerdo con Sánchez, en el juicio en el que impulsó la acusación, la fiscal Laura Álvarez, quedó en claro que son inocentes de los delitos de obstrucción del tránsito y desobediencia, por el acampe y protestas de docentes y policías sobre la avenida Uruguay de Posadas, en el mes de mayo del año pasado.
“Lo que escuchamos durante el juicio que fue realmente una construcción bastante antojadiza: son policías que venían todos con un discurso calcado, que solamente entraba en contradicciones cuando los abogados preguntaban”, fustigó Sánchez, en tono crítico con el accionar de la fiscal Álvarez y la jueza Leiva – que es la hermana de la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Cristina Leiva.
En esta línea, Sánchez insistió en que cuando los defensores Eduardo Paredes y Roxana Rivas interpelaban a los policías que testificaron contra los docentes, “quedaba totalmente claro” que no habían cometido “ninguna desobediencia”. Además, Sánchez insistió en que con los testimonios en el juicio quedó en claro que el Frente de Trabajadores de la Educación funciona como un espacio en el que las decisiones se toman en asamblea, y por el conjunto de los trabajadores, sin que existan jefes que definan qué acciones se llevan a cabo.
“El FTEL y otros grupos asociados al FTEL funcionamos como un frente. Así que no puede haber dos líderes que estén por encima de otros sindicatos. Eso no existe. Pero lo tomaron así y nos condenaron. No es grato, pero quiero decir que tampoco nosotros estamos sufriendo por eso. Son consecuencias de salir a pedir salario”, subrayó el referente de la CTAA y del sindicato UTEM (Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones).
Repreguntado al respecto de por qué se los llevó a juicio, siendo que había cientos y hasta miles de docentes que pasaron por el acampe frente al Comando Radioeléctrico, en el llamado “misionerazo” en el que confluyeron los reclamos salariales de docentes, policías y empleados sanitarios de la provincia, Sánchez no dudó en los motivos del gobierno y de la justicia provincial.
“Es porque pertenecemos a una organización. Porque somos la CTA, por eso estamos criminalizados. Somos la organización más visible. Porque lo que buscan es dar un discurso a la gente: que nadie se movilice, que no salgan. que no cuenten la verdad de lo que está pasando”, reflexionó el docente de primaria.
“Si nosotros pedimos más plata para el comedor es porque hay pibes con hambre; si hay pibes con hambre es porque no es cierto todo lo que dice el gobierno. No es cierto todo lo que pasa a Canal 12. Si uno mira Canal 12 parece que estamos en un paraíso y la verdad es que este paraíso tiene sombras, tiene lugares donde el hambre es grande y donde los pibes no la pasan bien. Y donde las escuelas no están bien”, resumió el secretario adjunto de la CTAA.
En esta línea, Sánchez explicó: “Por eso pedimos más presupuesto, para que arreglen las aulas, las escuelas. No quieren que contemos eso. Entonces, la única forma que encontraron para eso es criminalizarnos, condenarnos, para que nadie más se anime”, aseveró.
Por otra parte, Sánchez recalcó que van a apelar el fallo condenatorio, primero ante la casación provincial y después, ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, por más que esto no sirva para una absolución. “Vamos a apelar, vamos a seguir el caminito que hay que seguir. Puede ser un trámite nomás, pero nosotros vamos a hacer el trámite porque intentamos llegar a algún lugar donde se haga justicia. Con poca expectativa, pero vamos a seguir este camino”, recalcó el docente, sobre el camino de apelación para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cabe aclarar sobre este punto, que el trámite de apelación no demoraría menos de dos años, pero, además el STJ no tiene plazos para tratar el caso de los docentes condenados por protestar en la vía pública. Es decir, el STJ que integra Cristina Leiva, hermana de la jueza Marcela Leiva, podría pasar décadas sin tratar la apelación. Y sin un fallo del STJ, ratificando la condena, Sánchez y Gurina no pueden acudir en queja a la Corte Suprema.
Admitiendo que hay otros casos de judicialización contra docentes, pero que en ningún caso llegan a juicio oral, Sánchez planteó que “hay una creciente judicialización de los procesos que deberían terminar en el Ministerio de Trabajo.”
“El problema que causamos, si es que causamos algún problema, se solucionó con la firma de un acuerdo (salarial): nos pagaron (el aumento de sueldos), o sea que nos dijeron que teníamos razón. Y se firmó un acta que decía, no vamos a criminalizar, y después lo incumplieron también”, fustigó Sánchez contra el ministro de Educación, Ramiro Aranda y la directora general del Consejo General de Educación, Daniela López.
Sobre el final de la entrevista, Sánchez subrayó que no van a dejar de reclamar sueldos dignos, mejores condiciones de trabajo y aumentos en el presupuesto educativo. “Nosotros no vamos a dejar de hacer lo que hay que hacer, porque las razones que nos llevaron a la calle están todavía presentes”, aclaró.
“Nosotros salimos a la calle por un reclamo de mayor presupuesto para educación, porque el salario no alcanza. Porque hoy mandan 500 pesos por día por alumno para darle de comer a los pibes en un comedor de jornada completa, donde hay que dar desayuno y almuerzo. ¿Qué se come con 500 pesos? Se puede comprar, tal vez un alfajor”, planteó el docente.
Por último, Sánchez insistió en que “no se solucionó” el reclamo por sueldos dignos, mejores condiciones y aumentos en el presupuesto para comedores e infraestructura edilicia. “Nosotros vamos a seguir en la calle, con cuidado, tal vez con diferentes formas. Pero en un caso extremo, si nosotros no pudiéramos salir a la calle, va a haber otros”, remató Sánchez, planteando que la criminalización de la protesta salarial no va a lograr que los docentes dejen de reclamar por un sueldo digno en Misiones.
