EEste lunes, durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de San Vicente, tomó estado parlamentario el reclamo presentado por ATE que surgió “tras la decisión unilateral del Departamento Ejecutivo de cerrar la discusión paritaria del primer semestre y decretar un aumento insuficiente que condena a las familias municipales al hambre”, según detallaron desde el gremio.
“El dato salarial principal expone la gravedad de la situación: el sueldo de la categoría más baja del escalafón municipal se fijó en abril de 2026 en $501.000. Este monto se encuentra muy por debajo de la Canasta Básica Alimentaria (Línea de Indigencia) del INDEC, establecida en $665.053, y resulta abismalmente inferior a la Canasta Básica Total (Línea de Pobreza), que se ubicó en $1.469.768”, recalcaron desde ATE Seccional 50.
Según detallaron, el proyecto fue respaldado en el recinto por las concejalas Blanca Alvez y Laura Marquez, quienes tomaron la palabra para expresar su punto de vista. La concejal Marquez afirmó que “no hay presupuesto aplicable sin los trabajadores municipales” y que las/los “concejales no pueden mirar para otro lado ante esta situación”.
A su turno, la concejal Alvez manifestó su “apoyo en materia salarial frente a sueldos de indigencia” y solicitó “que se abra la mesa salarial desde el cuerpo legislativo”. Tras el debate, el expediente fue girado a la comisión de Peticiones, Poderes y Legislación para su tratamiento.
“La situación del personal municipal es de extrema vulnerabilidad y reviste una urgencia de carácter humanitario y alimentario”, denunció el sindicato en los fundamentos presentados ante el cuerpo legislativo.
La Comisión Administrativa de ATE Seccional 50 denunció formalmente que la gestión del intendente Sergio Fabián Rodríguez, “demuestra una profunda inutilidad y soberbia para resolver los problemas que plantea el sindicato. En lugar de convocar al diálogo, el Ejecutivo impuso un incremento por resolución, aplastando los derechos laborales y empujando a la organización sindical a un legítimo plan de lucha que hoy se traslada al Concejo Deliberante”, cuestionaron.
El pedido al HCD detalla tres irregularidades severas que configuran un escenario de ilegalidad abierta:
*Salarios en negro: La estructura de los haberes vigentes exhibe un alto porcentaje de sumas liquidadas como no remunerativas. Esto deprime de manera ilegal el salario real presente y futuro de los agentes al privarlos de aportes previsionales y de seguridad social.
*Fraude laboral: Existe un universo de trabajadores que realizan tareas de carácter permanente y habitual, pero permanecen vinculados de forma irregular a través de contratos temporarios renovables de forma sistemática.
*Violación normativa: La Municipalidad incumple el artículo 5 de la Ley I – N.º 37 (Régimen Jurídico de Empleo Público Provincial, al cual San Vicente adhiere por Ordenanza N.º 34/00), que prohíbe usar contrataciones temporarias para tareas normales por más de un año.
La presentación judicial y administrativa de ATE remarca a los concejales que, según el artículo 62, inciso 4) de la Ley XV – N.º 5 (Ley Orgánica de Municipalidades), el HCD tiene la obligación ineludible de organizar la carrera administrativa, garantizando la estabilidad y la uniformidad de sueldos.
El sindicato exige que el HCD legisle de forma urgente para:
*Obligar al Ejecutivo a reabrir la Mesa salarial y equiparar los sueldos a la canasta básica legal.
*Blanquear de inmediato todas las sumas “en negro”.
*Ordenar un relevamiento del personal precarizado para iniciar un cronograma urgente de pase a planta permanente.
