A través de un duro comunicado de prensa, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha salió a repudiar enérgicamente a todos los legisladores por Misiones, que avalaron el Presupuesto 2026 que presentó el presidente ultraderechista Javier Milei y fue sancionado este viernes en el Senado.
Desde la organización que nuclea a los sindicatos UDNAM, UTEM-CTA A, y CTA-A, y a las agrupaciones Conti Santoro, Autoconvocados, Autoconvocados Asamblearios, Docencia y Vocación, y Marea Blanca, condenaron de plano “a todos los miembros del Congreso Nacional que votaron el ajuste en Ciencia y Educación, en especial a los legisladores de Misiones: los diputados Diego Hartfield y Maura Gruber (LLA), Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz, Oscar Vancsik y Alberto Arrúa (Renovación-Innovación Federal), Emmanuel Bianchetti (PRO); y a los senadores Martín Göerling (PRO), Oscar Arce y Sonia Rojas Decut (Renovación-Innovación Federal)”.
“Con su voto han contribuido a aprobar el Presupuesto 2026 que contempla brutales recortes en Ciencia y Educación. En particular, el (Artículo) 30 que deroga el artículo 9 de la Ley 26.206 que establecía un mínimo del 6% del PBI para educación”, alertaron desde el FTEL y ampliaron: “el artículo 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnica que estipulaba 0,2% de los ingresos corrientes para el área; y los artículos correspondientes al financiamiento científico de la Ley 27.614”.

De acuerdo con el frente docente, con las votaciones en ambas cámaras del Congreso, “queda expuesto que, a la hora de ajustar al pueblo trabajador, no hay grietas entre las expresiones políticas: peronistas, radicales, libertarios y partidos provinciales como la Renovación, todos haciendo causa común para seguir reventando nuestra vida.”
“Repudiamos también las prácticas espurias del ‘tome y daca’, de la chequera abierta (por unos patacones devaluados) por manos levantadas que condenan a cientos de miles de trabajadores”, fustigaron desde el frente educativo, haciendo una referencia a las quasimonedas surgidas después de la llamada Crisis del 2001 y a la forma de negociar del Gobierno de Milei con las provincias.
En tono crítico hacia los senadores y diputados nacionales por Misiones, desde el FTEL se mostraron a favor del escarnio público de los 10 legisladores que avalaron un ajuste sin precedentes contra las escuelas técnicas, la educación obligatoria y la inversión en ciencia. “Siempre encontrarán alguna excusa que justifique estos actos vergonzosos y que atentan contra el pueblo, sus derechos y que se repiten una vez tras otra en estos más de 40 años de democracia”, cuestionaron.

En esta línea, el FTEL denunció: “Siempre quienes deben pagar los platos rotos son los docentes, los enfermeros, los jubilados, los discapacitados, los niños y jóvenes, los desocupados, los precarizados. Ninguno de nosotros es parte de la tan mentada ‘casta’. Consideramos que toda la comunidad educativa debe repudiar estas políticas sórdidas, infames y traidoras que profundizan la degradación que ya vivimos en nuestras escuelas”, advirtieron.
“Que sientan el escarnio público por lo que hicieron. La docencia misionera, el pueblo trabajador, tiene memoria”, sentenciaron desde el frente educativo.
Respecto del Presupuesto aprobado por el Congreso, que deroga el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que exige que el gasto en el área sea como mínimo del 6% del PBI, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) esta meta sólo se cumplió en 2015 –la ley fue sancionada en 2005.

De acuerdo con el portal Chequeado, Presupuesto 2026 destina a la función Educación y Cultura (que engloba todos los gastos relacionados con estas áreas, independientemente de la jurisdicción que los realice) $ 7,7 billones. Si se tiene en cuenta la inflación proyectada por el Gobierno para 2026, esto implica una caída real del 1% con respecto a 2025, y del 47,7% con relación a 2023 (último año de la gestión del Frente de Todos).
En tanto, el texto que convirtió en ley el Senado destina unos $ 90 mil millones para los vouchers educativos, lo que representa una caída real del 13,5% con respecto a 2025 y refleja la caída en las solicitudes de ayuda que se registró en 2025. Por su parte, se prevé un aumento del 4,1% real en la inversión destinada a becas en general (como las Progresar).
Por otra parte, se asignaron $ 4.872 millones para las universidades nacionales. Esto implica una caída del 7,2% en relación a 2025 y del 34,3% con respecto a 2023. El dictamen de mayoría aprobado en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados había incluido la derogación de la ley de financiamiento universitario, pero esto fue rechazado por en Diputados. Al momento de votar el Capítulo XI del Presupuesto, que incluía el para muchos inconstitucional Artículo 75, una mayoría rechazó el mismo, sin el voto de los 7 representantes por Misiones – todos los diputados misioneros votaron a favor del Artículo 75 y del Capítulo XI.