El Gobierno puso en marcha una purga interna en la
Procuración del Tesoro tras detectar presuntas filtraciones de información
vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, una de las causas más
sensibles para el Estado argentino en los tribunales de Estados Unidos.
Según reconocieron altas fuentes oficiales, existe la
sospecha de que empleados o funcionarios habrían vendido datos estratégicos del
caso, lo que disparó una reestructuración del organismo y el despido de
personal.
“El procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, está
haciendo una purga. Creemos que hubo filtraciones sobre YPF. La Procuración
maneja temas de muchos millones de dólares”, señaló un funcionario de primera
línea del gobierno de Javier Milei ante periodistas acreditados en Casa Rosada,
entre ellos la Agencia Noticias Argentinas.
La situación se mantuvo bajo un fuerte hermetismo. En el
Gobierno remarcan que trascendió públicamente información que no debió
conocerse e incluso no descartan que haya existido “venta de información” al
fondo buitre Burford Capital desde dentro de la Procuración del Tesoro. La
posibilidad de una entrega directa de datos sensibles al demandante extranjero
eleva el nivel de preocupación en la Casa Rosada.
Los primeros indicios generaron alarma dentro de la
Procuración. Se revelaron detalles confidenciales de la causa sin autorización
de los altos mandos. La conducción del organismo consideró que ese tipo de
maniobras podía perjudicar el desenvolvimiento legal en tribunales extranjeros.
En este contexto, el Gobierno inició una purga para desplazar a quienes
considera “infieles” dentro de su propia estructura jurídica.
Santiago Castro Videla fue designado por recomendación del
círculo de confianza de Santiago Caputo y quedó al frente de la Procuración con
acceso a todas las estrategias de defensa del Estado. La venta de información
no fue confirmada públicamente, pero funcionarios admitieron que se manejó esa
hipótesis con preocupación.
Si bien Castro Videla ocupa el cargo de Procurador del
Tesoro desde febrero, tras reemplazar a Rodolfo Barra, no interviene
directamente en la causa YPF. Debió apartarse del expediente por haber sido
socio del constitucionalista Alberto Bianchi, uno de los testigos que presentó
Burford Capital en el juicio.
La reestructuración incluye la disolución de áreas internas
y la modificación de procedimientos operativos. Según trascendió, el Ejecutivo
prepara un comunicado oficial para detallar los cambios, aunque la prioridad
sigue siendo contener el impacto político y jurídico del escándalo.
El episodio se conoció un día después de que el Departamento
de Justicia de Estados Unidos anunciara que intervendrá nuevamente como amicus
curiae en apoyo al reclamo argentino ante la Corte de Apelaciones de Nueva
York. En un escrito de diez páginas, firmado por el fiscal adjunto David E.
Farber, el gobierno de EEUU advirtió que obligar a la Argentina a transferir el
51% de las acciones de YPF violaría las leyes de inmunidad soberana y solicitó
a la Corte rechazar la medida.
El objetivo del Gobierno argentino es consolidar una red de
respaldo internacional. La estrategia impulsada desde la Cancillería y la
Procuración del Tesoro busca sumar apoyos de países aliados para reforzar la
posición ante la justicia estadounidense. Entre los posibles adherentes
mencionados, aunque sin confirmación oficial, figuran Uruguay, Paraguay y El
Salvador, así como Italia, Francia y Alemania.
En paralelo, el Gobierno destacó que la defensa argentina
quedó en manos del abogado Robert Giuffra Jr., titular del estudio Sullivan
& Cromwell, quien también representa al presidente de Estados Unidos,
Donald Trump. “El abogado de la Argentina es el abogado de Trump, así que
estamos bien encaminados”, deslizó una fuente oficial. Giuffra percibe
honorarios de hasta USD 1.800 la hora.
Además, la Casa Rosada ordenó profundizar los controles
internos. La prioridad es evitar nuevas filtraciones que comprometan otras
causas millonarias. La presencia de “infieles” dentro de la estructura jurídica
del Estado encendió todas las alarmas del oficialismo.
La Procuración del Tesoro es el máximo órgano de
asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo Nacional. Su tarea central es
representar al Estado en juicios estratégicos y garantizar la legalidad de los
actos administrativos de los funcionarios de mayor jerarquía.
Fuente: Bae
