La Fundación GEP (Grupo Efecto Positivo) viene alertando desde septiembre sobre el grave retroceso que implica el presupuesto nacional proyectado por el Estado Nacional para el año 2026 en el Programa 22 del Ministerio de Salud de la Nación.
Este recorte no solo incumple la Ley Nacional 27.675 y el Fallo Benghalensis, sino que consolida el abandono estatal de miles de personas que dependen del sistema público para acceder a diagnóstico, tratamiento y prevención, advirtieron desde la fundación.
De acuerdo con un informe difundido por GEP, el presupuesto 2026 para el Programa 22 proyectado por el Estado Nacional será de $62.087.000.000, lo que equivale a U$S 43.650.000 según el tipo de cambio oficial proyectado.
En comparación con el presupuesto estimado para 2024 (U$S 70.750.591), esto representa una reducción del 38% en dólares, en un programa que depende de insumos internacionales, insisten desde la Fundación.
Asimismo, el informe de la GEP advierte que el Programa 22 pasará a representar apenas el 2% del presupuesto total del Ministerio de Salud, cuando en 2023 representaba el 4,8%.
De acuerdo con la fundación, las metas planificadas en el proyecto de presupuesto 2026 por el gobierno de Milei, “reafirman el genocidio planificado que venimos denunciando como comunidad organizada, son menores a las metas que se planificaron para el 2024 y prevén atender a menos personas que las que son atendidas actualmente.”
Entre los ítems negativos implícitos al recorte sanitario que impulsa el Gobierno de Milei en el Presupuesto 2026, la GEP destaca los siguientes:
*Se planifica atender a 71.500 personas con VIH, cuando en 2024 se atendieron 79.170.
*En tuberculosis, se proyectan 12.450 tratamientos, frente a 15.853 casos notificados en 2024.
*Se recortan 23 millones de preservativos, en medio de un aumento exponencial de sífilis y otras ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) por la falta de compra y distribución de este insumo en 2024/2025.
*Se elimina la producción de materiales educativos, anulando la prevención comunitaria.
*No se prevén compras de PrEP ni PEP, dejando sin prevención a más de 11.000 personas.
En esta línea, la fundación remarcó en un comunicado, que “el presupuesto 2026 para el Programa 22 no representa un ahorro: representa un abandono y un marcado incumplimiento de las obligaciones constitucionales que pesan sobre el Estado Nacional. El Estado decide no prevenir, no diagnosticar, no tratar poniendo en riesgo la Salud y la Vida de miles de personas vulnerando sus derechos. Este proyecto de presupuesto agrava la crisis sanitaria y condena a la exclusión a quienes más necesitan del sistema público”, expresó la Fundación GEP.
Ante este escenario sanitario, la GEP reclamó:
*La revisión urgente del presupuesto 2026 y aumento de las asignaciones presupuestarias para el Programa 22 de respuesta al VIH, las Hepatitis, la TB e ITS.
*Cumplimiento pleno y efectivo de la Ley 27.675.
*Restitución de metas sanitarias acordes a la realidad epidemiológica y necesidades reales.
*Centralización de compras para garantizar equidad y eficiencia.
*Reactivación inmediata de campañas de prevención, diagnóstico y tratamiento.
“La salud pública no puede ser objeto de ajuste. Las vidas de miles de personas no son una variable contable. Este presupuesto es una decisión política que debe ser revertida de forma urgente”, alertaron desde la Fundación GEP, en el crítico informe que las autoridades sanitarias, el gobierno ultraderechista de Milei y la sociedad en general, pueden analizar desde hace meses.
Este lunes 1° de diciembre, es el Día Mundial de SIDA (Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida), fecha sancionada por la Organización Mundial de la Salud desde 1988.
