Este miércoles, el abogado querellante Adrián Gianini, que representa a padres y madres de alumnas de la Escuela N° 617 (CUISE 617) de El Soberbio, hizo una impactante revelación hasta la fecha desconocida sobre el presunto encubrimiento y complicidad de docentes del establecimiento educativo, con el acusado Emiliano Emanuel Fleita. Vale recordar que Gianini recusó al juez de instrucción 3 de San Vicente, Gerardo Casco, por las múltiples irregularidades en las que incurrió en esta causa.
En diálogo con LT4 y Agencia Hoy, Gianini brindó detalles sobre el presunto encubrimiento en el que incurrieron otros docentes y la directora, apartados de la Escuela 617 de El Soberbio.
Ante la consulta de este medio sobre las acusaciones de padres y madres de las víctimas, de una supuesta protección del CGE a los otros educadores de esta escuela, que serían cómplices del acusado, Gianini fue lapidario. “El Consejo General de Educación también está en una posición, compleja y difícil porque, justamente el imputado es docente y hay prueba en el expediente de complicidades, al menos complicidades, (lo cual) ya hemos denunciado desde hace meses, lo venimos denunciando con prueba que obra en el expediente”, puntualizó.
De acuerdo con el abogado, las presuntas faltas del CGE, corresponden al ámbito administrativo, que “no es el ámbito penal que nosotros manejamos, pero aplicando el sentido común, obviamente son docentes que aún siguen dando clases, sacando al imputado. Entonces para nosotros es grave porque hay acusaciones muy fuertes y hay prueba”, subrayó el abogado.

“Hay testimonios de las niñas (en Cámara Gesell) donde hablan de haber escuchado conversaciones entre los docentes, inmediatamente después de haber sido detenido (Fleita) en septiembre del año pasado, (…) donde decían ‘yo le dije al docente, al imputado que no se meta con niñas que tienen buena relación con los padres’, sino que para hacer todas estas cosas que eran tomar las fotografías de fetiche sexual, ‘que lo haga con niñas que sean vulnerables’”, reveló Gianini.
“Entonces para nosotros esto tiene una gravedad institucional impresionante. Claramente hay un conocimiento de parte de los docentes que tenían la obligación y el deber de denunciar (y) no lo hicieron”, cuestionó Gianini, quien recalcó que “esto abre la puerta para investigar” la pista del encubrimiento.
En esta línea, el abogado remarcó que “hasta ahora (y) es nuestro reclamo, no hay ni un solo docente imputado que no sea, obviamente, el imputado que está detenido ahora”.
Respecto de la acusación contra Fleita, el abogado recordó que “no solamente se han encontrado más de 3.000 fotografías (de niñas), sino que se encuentran después de haberse constatado de que el imputado había borrado su teléfono, restablecido de fábrica uno de los teléfonos y habiendo introducido software experimental, (al) que las personas comunes no tenemos acceso, para truncar la pericia que en otro de los teléfonos del iPhone, resultó exitosa”, destacó el abogado.
En tono crítico hacia la instrucción del juez Casco, Gianini subrayó que “hay un montón de prueba que todavía no ha sido incorporada o no fue descubierta, pero lo que se descubrió, ya son cifras astronómicas. Se han hecho las pericias, pero gracias al entorpecimiento procesal que realizó en sus teléfonos, el imputado logró esconder prueba que hasta ahora no ha sido incorporada. Pero la que ya hay es contundente”, insistió el letrado.
Repreguntado sobre cómo seguirá la causa, Gianini ratificó que continuarán con el reclamo para que el juez Casco sea apartado, en parte, por no investigar a los presuntos cómplices de Fleita. “Queremos trasladar un poco de paz a las niñas, a las familias, pero esto no termina acá, ni mucho menos. Hay docentes complicados, hay docentes involucrados, o por lo menos hay prueba contundente en el expediente para que se investigue”, dijo.
Existe una omisión, “que no podemos permitir nosotros como querellantes y hacemos un llamado a la sociedad y sobre todo a las instituciones de control, para que esto pueda seguir adelante, sobre todo la Cámara de Apelaciones que rápidamente tomó el caso y le exigió al juez que envié todas las constancias de la causa tanto físicas como digitales”, contó.

El abogado aclaró que al momento hay 20 víctimas que denunciaron la presunta corrupción de menores y hasta abusos por parte del docente, pero habría muchas más víctimas de Fleita, que habría comenzado con la práctica de tomar fotos a alumnas a cambio de notas o alimentos, hace dos o tres años atrás.
“Otra de las cosas graves que hemos descubierto ahora es que había prueba de abuso sexual dentro del colegio y que no se había incorporado tampoco (al expediente). Es decir, desde diciembre del año pasado, antes de otorgársele la libertad al imputado, el juzgado de instrucción (a cargo de Casco) ya tenía sus manos prueba de informes psicológicos realizados por las profesionales, donde ya hablaban de abuso sexual directamente. Y que fueron incorporadas recién ahora, alrededor de siete meses después, cuando la Cámara (de Apelaciones) interviene y le solicita toda esta información del expediente”, fustigó Gianini contra el juez Casco, que aún no se expidió sobre el pedido de recusación.
En esta línea, el abogado querellante subrayó: “Para nosotros es gravísimo eso, porque se ocultó desde el juzgado. Y se nos ocultó a nosotros la posibilidad de esa prueba, de tener el control y obviamente de poder oponernos a la libertad que nunca tuvo que haber ocurrido. Aproximadamente estamos hablando de niñas entre 9, 10, 11 y 12 años”, aclaró Gianini.

Asimismo, Gianini reiteró que Fleita, “hasta el 24 de abril de este año, había fijado domicilio en Alem y estaba en libertad. Pero ahora, porque el imputado rompió la prohibición de acercamiento impuesta por el juez (a través de la red social TikTok), se lo volvió a detener justamente por esto, violar las reglas de conducta”, precisó el abogado sobre la detención del acusado que fue librado por Casco, el 23 de diciembre del año pasado, al filo de la feria judicial.
“Estamos con una causa donde el juez está recusado por la querella, que ha sido implacable en este sentido de aportar la prueba y donde el juez ha actuado, para nosotros, sistemáticamente favoreciendo al imputado. Creemos contundentemente que perdió la imparcialidad que debe tener un juez”, subrayó Gianini, confirmando que insisten con la recusación ante la Cámara de Apelaciones de la provincia, que “tiene un arduo trabajo porque no es una irregularidad, son muchísimas a las que tienen que abocarse a resolver”.
“Esperamos es que el juez sea apartado definitivamente de la causa y que las niñas puedan tener un juez que realmente investigue y pueda descubrir la verdad”, sentenció Gianini.
Cabe recordar que la Resolución 6095/25, firmada el 24 de septiembre del año pasado por la directora general del CGE, Daniela López, ordenó separar de sus cargos a la directora Elizabeth María Lopes de Moura, y a los docenes Paula Andrea Lescano, Noelia Vanesa Tarno y José Adolfo Drebel. Esta resolución aparece en la nota que el Supervisor de Escuelas de Modalidad de Jornada Completa de la Zona Centro, Alfredo Antúnez, le envió a la jefa de la Comisaría de la Mujer de El Soberbio, Claudia Borges, el 1° de octubre del 2025.
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