Este miércoles, se conoció una medida del Gobierno de Misiones que representa un alivio para el sector de discapacidad, golpeado por los ajustes del gobierno de Javier Milei. Según anunció el gobernador Hugo Passalacqua, se estableció un régimen extraordinario y transitorio para garantizar la continuidad de los servicios en instituciones que atienden a personas con discapacidad, frente a la interrupción de financiamiento por parte del Estado nacional.
El decreto 657/26 crea el “Régimen de beneficios para Centros y Establecimientos Categorizados como Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad”, que cubrirá consumos mensuales de hasta 1000 kW de energía eléctrica y 9 m³ de agua potable por institución. Los subsidios se transferirán directamente a las prestatarias, entre ellas Energía de Misiones, SAMSA y cooperativas de la provincia.
Según informó el Canal 12 de Misiones, podrán acceder al beneficio los centros con categorización vigente otorgada por el Ministerio de Salud Pública de Misiones, que acrediten que al menos el 60% de sus pacientes sean afiliados al Instituto de Previsión Social de Misiones (IPSM) o beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud. El decreto también establece la suspensión automática del beneficio ante irregularidades o vencimiento de las condiciones exigidas.
En tanto, la implementación quedará a cargo del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, en articulación con el Ministerio de Salud Pública, autoridad de categorización.
En los considerandos, el decreto advierte que la falta de pago y la acumulación de deudas por parte del Estado nacional generan “una grave afectación en el flujo de fondos” y una “emergencia prestacional inminente”, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales.
Ante el retiro de la Nación en la asistencia a personas con discapacidad, en Misiones implementamos una medida concreta para sostener el funcionamiento de los centros.
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) April 29, 2026
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Passalacqua había anticipado la decisión la semana pasada, al señalar que “hace meses que el Ministerio de Salud de la Nación no les gira los fondos y se trata de espacios de alta sensibilidad”. “Vamos a hacernos cargo del consumo de luz y agua de estos centros como una forma de aliviar la carga y hacer sostenible una situación muy compleja”, remarcó el gobernador misionero.
“Las personas con discapacidad necesitan una mirada particular del Estado, desde lo humano, lo sensible y lo solidario”, sentenció Passalacqua, en contraste con la mirada del gobierno nacional que sigue sin cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad e impulsa una nueva ley que, entre otros puntos, obliga a los beneficiarios a reempadronarse y presentar certificaciones en un plazo de 120 días.