Recientes informes revelan que se estaría produciendo un alarmante aumento de denuncias falsas en el ámbito de la justicia penal, la mayoría vinculadas a supuestos abusos sexuales intrafamiliares, que son difíciles de acreditar y se pretende dar mayor solidez, con la intervención de la Cámara Gesell en caso de los menores de edad, y de Junta Médica Psiquiátrica, en adultos.
Este precario andamiaje jurídico sostiene procesos judiciales que desembocan en personas privadas de su libertad, los cuales son presentados ante la opinión pública como responsables de delitos que, en realidad, nunca ocurrieron.
Los casos que exponen los medios nacionales nos informan sobre los traumáticos momentos que deben pasar los supuestos responsables, que en realidad son las verdades víctimas. Estos traumas incluyen largos periodos privados de su libertad en decadentes condiciones, alejados de su familia, y en muchos casos de manera permanente, pérdidas de sus fuentes laborales y estima social. Sus vidas cambian para siempre.
¿Cuáles son las consecuencias para las personas que formulan las falsas denuncias? Prácticamente ninguna: el Código Penal argentino prevé una pena de hasta dos años de prisión y multa. Son causas penales en las que, rara vez se llega a dictar sentencia.
Parece ser que esta anómala conducta social ha pegado fuerte en nuestra provincia, y personas son denunciadas por supuestos abusos, que luego se demuestra, nunca existieron. La cuestión estriba sobre la reacción de la Justicia ante estos casos: en las formulaciones más groseras, normalmente son desestimados; sin embargo, en otros, toda la furia del poder punitivo estatal, recae sobre los acusados.
Allí empieza el calvario para la persona denunciada, quien debe demostrar su inocencia. Un evidente caso de inversión de la carga de la prueba.
En la ciudad de Leandro N Alem, una persona se encuentra sufriendo prisión en su domicilio particular, fue denunciado por su hijastra por supuestos abusos durante años. Sin embargo, se pudo demostrar con pruebas testimoniales y documentos vinculados al servicio de salud provincial, que estos supuestos ataques sexuales, nunca existieron.
Tan evidente es el contenido falaz de la denuncia, que, con el acopio probatorio, la fiscal del caso, pidió en dos oportunidades la libertad del acusado y, por último, requirió la falta de mérito por ausencia de elementos que acrediten mínimamente la existencia de delito alguno.
El juez de instrucción interviniente, fue recusado en dos oportunidades en el transcurso de pocos días, la primera cuando se negó a adjuntar prueba documental y testimonial propuesta por la defensa, que esclarecía el caso y, en la segunda oportunidad, al momento de que la fiscal actuante, aportó documentación pública y pedía la falta de mérito, sumado al pedido de inmediata libertad de persona en estado de prisión.
El Dr. Pedro Piriz, Juez interino del Juzgado de Instrucción Penal Nº 1 de la ciudad de Oberá, se niega a convalidar las conclusiones jurídicas y fácticas de las partes del proceso. De hecho, intentó desplazar en dos oportunidades a la representante del Ministerio Público Fiscal, a sabiendas de que no iba a acompañar su objetivo inquisitivo.
Esta situación disparó denuncias desde el núcleo familiar, por violación sistemática de derechos humanos que hacen al patrimonio jurídico del Sr. Mariano Álvarez, quien sufre una gravísima situación de hostigamiento en su domicilio particular por parte de agentes de la Policía Provincial.
Los uniformados por orden del magistrado mencionado, custodian en gran número el inmueble, las veinticuatro horas del día, en un dispendio de los escasos recursos humanos del estado provincial, generando un estado de degradación personal y social del imputado y toda la familia.
Esta estresante y degradante situación plantea serias preocupaciones sobre el respeto a la dignidad y derechos de los ciudadanos. En varios casos, la autoridad pública ha sobrepasado sus límites, generando situaciones de abuso de poder que menoscaban la integridad de las personas.
Estos actos no solo afectan la esfera personal del detenido, sino que también socavan la confianza en las instituciones encargadas de proteger a la sociedad. Es esencial exigir responsabilidad y detener este ciclo de abuso de poder, para garantizar un trato digno y respetuoso hacia todos los ciudadanos.
Según fuentes consultadas, se encuentra en su fase preliminar, una grave denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, largamente documentada, en contra del citado magistrado, el Servicio de Justicia Provincial y el Estado Nacional, como estado que forma parte de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Se espera la visita a nuestra provincia de organismos nacionales vinculados a la protección de derechos humanos que, regularmente, son violentados dentro de los procesos penales.
¿Cómo se llegó a esta situación? En nuestra provincia, ¿los derechos y garantías proclamados en la Constitución Nacional, sólo tienen un valor simbólico?
