La escena de los productores yerbateros buscando al gobernador Hugo Passalacqua para pedir auxilio no fue un episodio aislado ni una postal menor de la coyuntura. Fue, más bien, la síntesis de un clima social y económico que atraviesa a Misiones y, en rigor, a buena parte del interior productivo argentino. Cuando una economía regional históricamente estructurante como la yerba mate llega al punto de pedir ayuda por la desesperación, lo que emerge no es solo el enojo de un sector: aparece el límite de un modelo nacional que prometió ordenar la macroeconomía, pero que hasta aquí no logra traducir ese objetivo en crecimiento, previsibilidad ni alivio para quienes producen.
En Misiones, la crisis no se discute en abstracto. Se mide en el precio de la hoja verde, en la rentabilidad perdida, en el temor de los pequeños productores, en el deterioro del consumo, en la caída de la actividad y en la preocupación de un comercio que vende menos. También se verifica en la necesidad de sostener con recursos provinciales políticas que en otros momentos podían complementarse con financiamiento o presencia nacional. En ese contexto, la desregulación del precio yerbatero y el vaciamiento de herramientas regulatorias del INYM no aparecen como un debate doctrinario: tienen consecuencias concretas sobre familias, pueblos y cadenas productivas enteras.
Misiones no puede modificar por sí sola la política macroeconómica nacional ni revertir los efectos de un esquema de apertura y desregulación decidido en Buenos Aires. Sí puede, en cambio, administrar daños, preservar instrumentos propios y buscar márgenes de defensa institucional. Eso es lo que viene intentando hacer. El acompañamiento de Passalacqua a las acciones judiciales para restituir facultades al INYM, la insistencia en un precio de referencia para la hoja verde, la continuidad de programas de incentivo al consumo como los Ahora, la ejecución de obras puntuales con fondos locales, el sostenimiento de políticas habitacionales y la búsqueda de mayor eficiencia logística mediante la licitación del Puerto de Posadas forman parte de una misma estrategia: amortiguar la crisis y sostener actividad donde el mercado, por sí solo, no está ofreciendo respuestas.
No se trata de idealizar esas decisiones ni de presentarlas como soluciones definitivas. Sería un error. Una provincia no reemplaza a una nación, y menos aún cuando el problema es macroeconómico. Misiones también enfrenta caída de ingresos, tensión fiscal y límites evidentes para expandir el gasto. Pero hay una diferencia política que conviene subrayar: mientras la Nación insiste en que el reordenamiento alcanzará por sí mismo para generar derrame, inversión y crecimiento, la provincia parte de un diagnóstico más pegado a la realidad inmediata. Allí donde el esquema nacional ve “distorsiones” a remover, Misiones observa productores sin precio, comercios sin ventas, familias sin crédito y municipios que necesitan obras básicas para sostener la vida cotidiana.
La experiencia reciente ofrece elementos suficientes para abrir una discusión seria sobre la eficacia del rumbo nacional. La actividad industrial mostró en febrero una nueva caída interanual y una baja mensual desestacionalizada, según la UIA, que además advirtió que el sector sigue estancado y todavía se ubica claramente por debajo de los niveles de 2022 y 2023. A la vez, la recaudación tributaria de marzo volvió a resentirse en términos reales, con signos de debilidad en componentes ligados al nivel de actividad y al comercio exterior. Aunque el Gobierno nacional reivindique la desaceleración inflacionaria como un logro central, la economía real no confirma, por ahora, una salida robusta. Lo que aparece, en cambio, es una combinación de ajuste, recesión y estancamiento, con efectos especialmente duros sobre las provincias productivas y las economías regionales.
En ese marco debe leerse también la decisión nacional de recurrir a adelantos de coparticipación para varias provincias. Más allá de la ingeniería financiera y de la tasa que se pretenda mostrar como conveniente, el dato político de fondo es otro: cuando las provincias necesitan anticipos para sostener caja corriente, lo que asoma no es fortaleza del modelo sino fragilidad del sistema. Misiones eligió tomar distancia de ese esquema y reinterpretarlo como pago a cuenta de deudas históricas de la Nación. Esa posición no resuelve el problema estructural, pero sí deja expuesta una tensión de fondo: el ajuste nacional ordena algunas variables, pero al mismo tiempo traslada costos crecientes hacia las jurisdicciones subnacionales, que deben seguir pagando salarios, sosteniendo servicios, financiando salud, educación, seguridad y obra básica en un contexto de ingresos en retroceso.
Lo que sucede en la yerba mate es, tal vez, el ejemplo más elocuente de esa contradicción. La desregulación fue presentada como un camino hacia una economía más libre y eficiente. Pero en mercados fuertemente concentrados, con asimetrías evidentes entre eslabones, la retirada del Estado no necesariamente libera: muchas veces deja al más débil frente al poder de compra del más fuerte. El resultado puede ser, como denuncian los productores, una transferencia regresiva dentro de la propia cadena, donde el eslabón primario absorbe la pérdida de rentabilidad mientras otros actores retienen capacidad de negociación. En esas condiciones, reclamar reglas, arbitraje o precios de referencia no equivale a pedir privilegios; puede ser, sencillamente, una forma de evitar que una actividad estratégica quede a merced de una lógica extractiva.
Por eso, el cuadro misionero revela algo más profundo que una diferencia partidaria con la Casa Rosada. Expone dos concepciones de gobierno. Una, centrada en la abstracción de la macro, supone que la disciplina fiscal y la desregulación terminarán ordenando el resto. La otra, con un anclaje más territorial, parte de la idea de que en tiempos de crisis el Estado debe preservar herramientas para sostener tejido económico y cohesión social. Esa segunda mirada no está exenta de dificultades, restricciones ni zonas discutibles. Pero, al menos, reconoce que una comunidad no se administra solo con planillas de equilibrio, sino también con respuestas concretas frente al deterioro.
A eso se suma otro factor que erosiona la capacidad del Gobierno nacional para sostener su relato de superioridad moral y eficacia técnica: el desgaste político derivado de denuncias e investigaciones que involucran a figuras centrales del oficialismo. El caso $LIBRA, originado tras la difusión presidencial de un criptoactivo que luego quedó bajo la lupa judicial y parlamentaria, sigue proyectando sombras sobre la responsabilidad política del entorno presidencial. Del mismo modo, Manuel Adorni enfrenta causas e investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y por otros episodios que hoy son materia de actuación judicial. En una república, toda denuncia debe tramitarse con garantías, prudencia y presunción de inocencia. Pero también es cierto que la acumulación de episodios de este tipo debilita la autoridad política de un gobierno que construyó buena parte de su legitimidad en la promesa de barrer con la “casta” y sanear la vida pública.
Desde esa perspectiva, Misiones enfrenta una doble tarea. Por un lado, resistir una coyuntura económica adversa sin caer en el inmovilismo. Por otro, evitar que la defensa de los intereses provinciales derive en autosatisfacción o propaganda. Ni todo lo que hace la provincia alcanza, ni todo lo que decide la Nación fracasa por definición. Pero a esta altura resulta difícil negar que el modelo nacional, tal como viene desplegándose, no muestra resultados suficientes en materia de expansión productiva, empleo o dinamización del mercado interno. Más bien aparecen cierres, caída del consumo, retracción industrial y una sensación extendida de espera sin horizonte claro.
Si algo enseña este momento es que las provincias que mejor atraviesen la tormenta no serán las que se limiten a repetir dogmas, sino las que conserven capacidad de escuchar, intervenir y corregir. En ese terreno, Misiones ensaya una respuesta propia. Podrá discutirse su alcance. Lo que ya no puede discutirse es la magnitud del problema que tiene enfrente el país.
