En Misiones, dejar un cargo político no siempre implica dejar el Estado. Más bien lo contrario. Como ocurre en otros gobiernos, los exfuncionarios que abandonan puestos de primera línea —ya sea por desgaste, recambio o necesidad política— suelen encontrar rápidamente una nueva ubicación dentro de la administración pública. La Renovación convirtió esa práctica en una costumbre sostenida y silenciosa.
Ministros, senadores, diputados nacionales, subsecretarios y altos funcionarios con mandato cumplido reaparecen año tras año en nuevas dependencias del Estado provincial. A veces en áreas estratégicas, con presupuesto y poder real. Otras, en oficinas de existencia difusa, sin cartel en la puerta ni anuncio oficial, pero con sueldo asegurado.
El mecanismo es simple: se preserva la pertenencia al proyecto político, se evita la exposición pública y se mantiene la nómina salarial. El traslado rara vez se comunica. No hay conferencias, resoluciones difundidas ni gacetillas. Sin embargo, la información existe.
El Sistema Integrado de Administración del Personal (SIAP) funciona, en este contexto, como un registro involuntario de reciclaje político. Allí figuran exfuncionarios, exlegisladores y hasta empresarios con causas penales pendientes que continúan percibiendo ingresos del Estado provincial, aunque su actividad cotidiana resulte un misterio incluso para la propia administración.
Entre los casos más notorios aparece el de la exvicegobernadora y exsenadora nacional Sandra Giménez. El SIAP confirma que es agente provincial en actividad. Lo que no confirma —ni ella ni el Gobierno— es cuál es su función.
En redes sociales, Giménez se define con entusiasmo y algunos olvidos ortográficos: “Misionera. Hoy Mujer, Esposa, Madre, Medica Pediatra, Abogada. Magister en Administracion de Servicios de Salud. Docente Universitaria. Vida llena de Bendiciones”. De su rol dentro del Estado misionero, ninguna bendición informativa. Solo se conocen vínculos comerciales con una clínica privada de Jardín América.
Otro nombre de peso durante la gestión de Maurice Closs es el del exsecretario de Legal y Técnica, Marcelo Syniuk. El abogado, ligado a empresarios yerbateros de origen sirio, también figura como empleado estatal activo. No hay registro público de su designación ni información oficial sobre qué hace, dónde trabaja o desde cuándo. Está en el sistema. Eso alcanza.
En la misma categoría aparece la exsenadora Magdalena Solari Quintana. Fue concejal de Posadas, presidenta del Concejo Deliberante durante el segundo mandato de Orlando Franco, titular de la Sociedad del Conocimiento y senadora nacional entre 2017 y 2023. Hoy figura en el SIAP como agente activa, aunque su ubicación dentro del organigrama provincial es tan difícil de encontrar como una ventanilla sin fila.
Los registros públicos muestran, además, que Solari es empleadora en el ámbito privado y monotributista categoría “G”. Desde 2022 declara actividades de “asesoramiento, dirección y gestión empresarial”, una descripción lo suficientemente amplia como para abarcar casi cualquier cosa. Tal vez asesore al Estado. Tal vez no. En público, no lo dice.
Otro caso digno de nota es el de Benilda Dammer, exministra de Desarrollo Social, una de las áreas con mayor presupuesto de la provincia. En Instagram se presenta como “Delegada del MDS de Nación en Misiones”. El detalle es que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ya no existe: fue disuelto por el presidente Javier Milei y reducido a secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano.
Pese a ello, Dammer figura como agente activa en el SIAP provincial. Qué función cumple para Misiones sigue siendo un interrogante. Que administró uno de los presupuestos más voluminosos del Estado, no.
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También aparece Celia Kozachik, exsubsecretaria de la Mujer. Empresaria y pareja de Julio Koropeski, dueño de Crucero del Norte, tuvo un paso breve por la gestión pública tras reemplazar a Giselle Dobidenko en 2020. Duró poco en el cargo, pero no en el Estado.
Antes y después de su función pública, Kozachik mantuvo negocios con la administración provincial. A través del fideicomiso “Celia”, gestionado por su hermana, alquila un inmueble al Ministerio de Gobierno para una casa refugio, mediante un contrato millonario sin licitación, oportunamente revelado por Agencia Hoy. Hoy sigue figurando como empleada estatal. Su tarea actual no se publicita.
El listado continúa con Arnulfo “Miki” Verón, exdirector de Asuntos Guaraníes durante casi dos décadas. Fue desplazado en medio de cuestionamientos a su gestión, pero el SIAP lo muestra en actividad. Dónde trabaja y qué hace es, otra vez, información reservada.
Otro de los casos notorios es el de Héctor López Ricci, expresidente de EMSA durante el gobierno de Maurice Closs. En la actualidad figura como subsecretario de Relaciones Internacionales, una oficina que, según distintas fuentes, parece no registrar demasiado su presencia. Además, preside la Cooperativa Cainguás Limitada de Aristóbulo del Valle.
López Ricci fue desplazado de EMSA tras un duro conflicto con el sindicato de Luz y Fuerza, cuando aún vivía Julio Héctor “Cachilo” Rodríguez. Quedó en la memoria el episodio en el que fue expulsado de su despacho por los propios trabajadores, en una escena más cercana al forcejeo que a un traspaso institucional ordenado.
Hay otros políticos, menos discretos, como los de Ricardo Wellbach en el Iprodha o Verónica Derna en el Ministerio de Trabajo, que al menos conservan cargos visibles. El resto integra una categoría particular del Estado misionero: la de los funcionarios que se fueron, pero nunca del todo.
Porque en Misiones, más que una despedida, el poder suele ofrecer una reubicación.
