El jefe de Gabinete Manuel Adorni
anunció este martes que en los próximos días el Gobierno estará enviando al
Congreso de la Nación la nueva Ley de Salud Mental. La confirmación oficial
marcó el relanzamiento de una discusión que atraviesa al sistema sanitario, al
ámbito judicial y a la política desde hace más de una década, en torno a la Ley
Nacional de Salud Mental Nº 26.657, sancionada en 2010 y actualmente vigente.
Según adelantaron fuentes
oficiales, la iniciativa apuntará a modificar aspectos centrales del marco
normativo actual con el objetivo de “mejorar la capacidad de respuesta del
sistema” frente a situaciones de urgencia y riesgo. Sin embargo, el anuncio generó
reacciones inmediatas y volvió a poner en escena un debate de fondo: cómo
equilibrar el respeto por los derechos humanos de las personas con
padecimientos mentales con la necesidad de garantizar atención oportuna,
acompañamiento continuo y protección en casos críticos.
La Ley 26.657 representó, en su
momento, un cambio de paradigma. Reemplazó el enfoque tutelar y el modelo de
encierro por uno basado en derechos, con eje en la atención comunitaria, la
presunción de capacidad de las personas y la internación como último recurso
terapéutico. También incorporó a las adicciones dentro de las políticas de
salud mental e impulsó la desmanicomialización progresiva, promoviendo el
cierre de hospitales psiquiátricos monovalentes y su sustitución por
dispositivos alternativos.
No obstante, a más de quince años
de su sanción, distintos sectores coinciden en señalar serias dificultades en
su implementación. Entre los principales cuestionamientos aparecen la falta de
presupuesto específico, la escasez de dispositivos comunitarios, la aplicación
desigual entre provincias y la ausencia de respuestas eficaces en situaciones
de crisis aguda. Familias de personas con padecimientos mentales graves, así
como algunos profesionales, vienen reclamando una revisión del régimen para
evitar vacíos de atención y desprotección tanto de pacientes como de su
entorno.
Desde el Gobierno sostienen que
la reforma buscará clarificar conceptos, revisar los criterios de intervención
y actualizar el sistema ante problemáticas que, afirman, hoy no encuentran
encuadre adecuado en la norma vigente. Entre los puntos que se evalúan
modificar se encuentran:
1. Criterios de internación
involuntaria
Uno de los puntos más debatidos
es la modificación de las condiciones para realizar internaciones sin el
consentimiento del paciente.
El nuevo texto busca agilizar el
proceso en situaciones de “riesgo de daño para la vida o la integridad física
de la persona o de terceros”, intentando reducir las trabas burocráticas que
hoy denuncian muchas familias de pacientes con cuadros graves o adicciones.
2. Adiós al “padecimiento mental”
El proyecto propone un giro
técnico en el lenguaje. Se dejaría de utilizar la expresión “padecimiento
mental” —considerada ambigua por las autoridades actuales— para adoptar las
definiciones de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).
El objetivo es que los
diagnósticos tengan un respaldo clínico más preciso y estandarizado
internacionalmente.
3. Fortalecimiento de la red de
atención
Según datos del Ministerio de
Salud, existe una fuerte desigualdad federal: solo 16 jurisdicciones están
plenamente adheridas a la ley actual. El proyecto busca:
Garantizar guardias de urgencia
en hospitales generales.
Fortalecer el Registro Nacional
de Personas Internadas (RESAM).
Optimizar la disponibilidad de
camas en todo el país.
4. El rol de los hospitales
especializados
A diferencia del espíritu de la
ley de 2010 que promovía el cierre progresivo de instituciones monovalentes
(como los neuropsiquiátricos Borda o Moyano), la nueva propuesta apunta a
integrar y revalorizar estas instituciones bajo estándares modernos, en lugar
de su sustitución total por hospitales generales, permitiendo que sigan
funcionando como centros de referencia.
5. Participación de las familias
La reforma pretende dar mayor
“entidad” a las familias y asociaciones de pacientes en la toma de decisiones y
en el diseño de las políticas de salud, atendiendo a las críticas históricas
sobre el desamparo que sienten quienes conviven con personas en situación de
crisis.
Fuente: Parlamentario/Infobae
