Un grupo de fundaciones ambientalistas presentaron ante la
Justicia una medida cautelar para que se le ordene al Congreso "garantizar
la participación oral de la totalidad de los inscriptos" para las
audiencias públicas sobre la reforma de la Ley de Glaciares. Al mediodía de
este viernes, último día para anotarse, la lista ascendía a casi 100 mil.
Tal como adelantó parlamentario.com, las organizaciones
realizaron la presentación este jueves, la cual recayó en el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7, a cargo de
Enrique Lavié Pico.
El escrito fue impulsado por la Fundación Ambiente y
Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC),
el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA), la Asociación Argentina
de Abogados/as Ambientalistas y la Fundación Greenpeace Argentina.
En el sitio trabajaron efectivos policiales y personal de
salud, quienes llevaron adelante las actuaciones de rigor, en tanto se peritan
las circunstancias del hecho.
En la presentación, las fundaciones solicitan "la
readecuación del cronograma de audiencias previsto para el 25 y 26 de marzo,
mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales, así como la
adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir la
participación oral y efectiva de las personas inscriptas".
"En particular, se requiere que el Congreso se abstenga
de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral
-como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un
video a YouTube- por resultar incompatible con los estándares más elementales
de participación pública", reclamaron en relación al formato diseñado
desde las autoridades de las comisiones competentes de la Cámara de Diputados.
Asimismo, solicitaron la designación de veedores judiciales
que supervisen el desarrollo de la audiencia, tanto presencial como virtual,
"a fin de garantizar su adecuada realización conforme a los estándares
establecidos en el Acuerdo de Escazú".
Anticipando que, de no garantizarse la readecuación del
cronograma, plantearán la nulidad del formato adoptado y "de toda
irregularidad o vicio que acontezca durante la audiencia pública", en el
escrito apuntaron que "para el caso de no poder garantizarse de modo
inmediato el derecho de participación en condiciones adecuadas, se solicita el
dictado de una medida cautelar de no innovar que disponga la suspensión del
trámite parlamentario y del debate en el recinto del mencionado proyecto de
ley, hasta tanto se respete el principio de oralidad y la participación social
integral".
Además, reclamaron darle celeridad al tratamiento de la
medida cautelar ante "el peligro inminente que acecha sobre la
participación social y la libertad de expresión de la ciudadanía, la cual
podría verse censurada por una ilegal conducta estatal".
"De permitir que esto suceda, las audiencias públicas
se verán convertidas la semana próxima en un mero simulacro de participación,
atentando contra la democracia ambiental y violando nuestro derecho
vigente", agregaron y remarcaron que "resulta sumamente extraño que
se apresure tanto el procedimiento cuando no existe ninguna explicación en los
fundamentos del proyecto de ley de por qué motivo se busca debatir a las
apuradas sobre una cuestión tan elemental como lo es el derecho humano al
agua".
En otro párrafo, indicaron que "si bien la
extraordinaria cantidad de personas inscriptas configura sin duda un desafío
organizativo para el desarrollo de la audiencia pública, tal circunstancia no
puede erigirse en fundamento válido para restringir el derecho de participación
previamente reconocido a la ciudadanía".
Fuente: Parlamentario
