El reclamo de dos de los expolicías exonerados de la fuerza en septiembre del 2024, por supuesta “sedición” y “conspiración” contra el orden constitucional de Misiones, sumó un nuevo capítulo este lunes, con la protesta y encadenamiento a la Casa de Gobierno, del ex agente Diego Correa y el ex cabo primero Adolfo Guirula. Ambos exoficiales señalaron que manifestarán por tiempo indeterminado, es decir, hasta que las autoridades atiendan su reclamo para la reincorporación, el pago de los haberes adeudados y el cierre de la causa penal.
En diálogo con LT4 y Agencia Hoy esta mañana, Correa hizo impactantes revelaciones sobre la situación de los 8 expolicías –entre los que se encuentra suboficial retirado y diputado provincial Ramón Amarilla–: que el decreto de destitución “no existe” y que una secretaría del Ministerio de Gobierno que preside el abogado Marcelo Pérez, les dijo que figuran como agentes en actividad, con sueldos a cobrar.
“Nosotros tomamos la decisión de venir a protestar acá en razón de que el Gobierno, como todos saben, nos detuvo 11 meses, nos dieron de baja de forma ilegal de la policía. Ellos sacaron un decreto de la puerta hacia afuera para la prensa, que nos dieron de baja, el cual hoy estamos acá para demostrarle a todos que el decreto no existe”, manifestó Correa, en diálogo con este medio.
El expolicía, encadenado en la Gobernación de Misiones, cuestionó la legalidad de la medida vinculada al Decreto 2084, firmado el 24 de septiembre del 2024, por el gobernador Hugo Passalacqua. “Nosotros tenemos una contestación del Boletín Oficial, el cual nos indica que este decreto no existe, no fue promulgado, no fue sancionado en (la Secretaría de) Legal y Técnica, el número de decreto es un número de nota que sale hacia jefatura donde el gobernador le indica al jefe policía que investigue las presuntas causas. Ellos sacaron un decreto el cual que no existe”, aseguró Correa.
“Agotamos toda la distancia, presentamos notas para que nos reciba el gobernador, el vice, el ministro de gobierno, nadie nos da una respuesta. Nos cierran las puertas, y en un momento acá nos prohibieron entrar”, declaró Correa sobre la falta de respuestas de las principales autoridades provinciales y del jefe político de la fuerza policial, Marcelo Pérez.
Repreguntado sobre la actitud del ministro de Gobierno respecto de los 8 expolicías exonerados, Correa contó que no recibieron ningún tipo de respuesta a sus reclamos. “Le presentamos como ocho notas reiterativas. En su secretaría lo que pudimos obtener es que nosotros figuramos como policías. Nos avisaron que nosotros teníamos un monto en efectivo para percibir en servicio administrativo de la policía”, detalló el exagente.
Asimismo, según Correa, habría un reconocimiento de una deuda salarial que no podría existir si los agentes están formalmente destituidos, más allá de las demandas judiciales que los expolicías podrían impulsar por presuntas irregularidades en el proceso de sumario, entre otras.
“Fuimos, nos pidieron un CBU (Clave Bancaria Uniforme) Presentamos al ministro (de Hacienda, Adolfo) Safran y quedaron que nos iban a contestar, que nos iban a depositar. No nos depositaron. Nos acercamos, presentamos notas reiterativas. secretarios de ellos nos dijeron que Safran no nos iba a depositar, voces del pasillo dijeron que no, ‘que se jodan ellos’, ‘quieren presentar notas, quieren salir en la prensa, quieren hacer videos, más le vamos a hacer esperar’. Y todos los meses es cada vez peor las cosas, como todos saben”, reveló Correa sobre la situación laboral de los policías exonerados.
En tono crítico hacia la actuación de la justicia en este caso –primero intervino el juez Juan Manuel Monte y ahora, el juez Fernando Verón– que arrancó con una denuncia del ministro Pérez por supuesta sedición, Correa contó: “Después de mayo nos dijeron que si no levantábamos la protesta (policial por mejores salarios) íbamos a terminar presos. Le dijimos que no estábamos cometiendo ningún delito y nos dijeron que nos iban a meter presos igual porque ellos tenían el poder”, detalló.
“Y nos metieron presos, nos tuvieron 11 meses, el mismo juez nos dijo que no nos podía liberar porque no recibía la orden de arriba. Al segundo día de la detención nos dijo que éramos unos presos políticos, que teníamos que aguantar nomás, que en algún momento íbamos a salir. Y acá estamos. Nadie contesta, nadie te dice nada. Y figuramos como policías”, insistió Correa, para quien no estaría vigente, el decreto de destitución contra los 8 delegados de la protesta de mayo y junio del 2024.
Repreguntado, Correa dijo que junto con Guirula permanecerán encadenados a la Casa de Gobierno, “por el tiempo que sea necesario. Por tiempo indeterminado. Acá no nos vamos a mover hasta que podamos solucionar nuestro problema. Nosotros lo único que pedimos es la nulidad de la baja, la reincorporación inmediata a nuestro trabajo y el pago de los haberes caídos. No estamos pidiendo nada fuera de lo legal”, sentenció Correa.
“No estamos queriendo nada fuera de lo legal; esta protesta de pacífica. Estamos los dos tranquilos, no somos violentos. Dentro de la institución, nosotros nunca tuvimos problemas”, subrayó Correa.
Por último, el exagente volvió a llamar la atención sobre la labor del juez de instrucción 3 Fernando Verón. “Nuestra causa está en el juzgado de Fernando Verón, la cual está en fiscalía para la nulidad, pero el señor juez comunica a los abogados que no puede cerrar (la causa) porque no recibe la orden de arriba. Eso le dice el juez a los abogados y el juez se lo dijo a las familias también. En el momento que estábamos detenidos, él en dos ocasiones recibió a la familia y en las dos ocasiones les dijo, ‘yo no lo puedo liberar porque no recibo la orden de arriba’”, remató.
El decreto de la polémica
Agencia Hoy pudo corroborar que el Decreto N° 2084/24 indica: “Destitúyase de la Policía de la Provincia de Misiones, con pérdida del estado policial, a partir de la fecha del presente Decreto, a las personas que a continuación se enuncia y de conformidad al artículo 61 y 62°, Inciso a) de la Ley XVIII N° 3 (antes Decreto 570/71) y Artículo 130 del Decreto 751/60, por quebrantamiento de los Artículos 83° incisos f), i(, j), y k), 84° Apartado 1° inciso c) y s) en concordancia con el Artículo 80° del Reglamento del Regimiento Disciplinario Policial (Decreto 751/60)”
En el decreto, aparecen como destituidos, los ocho por entonces delegados de la policía que impulsaban un reclamo salarial en el contexto del feroz ajuste, con una devaluación de por medio del 118% decretada por el Gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei, en mayo del 2024. Entre noviembre del 2023 y mayo del 2024, la mayor parte de los empleados estatales en Misiones habían perdido cerca de un 70% del poder adquisitivo de los salarios. Pero la mayoría de los reclamos se formularon al gobierno provincial, casi sin mencionar a la administración ultraderechista de Milei.
