Este jueves, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) anunció que tomará acciones preventivas en el caso de un docente de un instituto educativo privado incorporado a la enseñanza oficial, imputado por presunto “abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo”. Aunque el agente no tiene prohibiciones penales para trabajar, el organismo invocó el deber de seguridad escolar para requerir su separación inmediata del establecimiento.
Se trata de la primera respuesta institucional a las impactantes revelaciones que hizo Emiliano Sosa, el joven de 19 años de edad que acusó a su padrastro por el abuso, en una denuncia penal que se presentó en abril del 2024. Según contó la víctima en las redes sociales y a LT4 y Agencia Hoy, la Cámara de Apelaciones dictó la nulidad de la excarcelación que ordenó el juez de instrucción 3 de Posadas, Fernando Verón. “Me dejaron solo y mi abusador sigue trabajando con menores”, manifestó Emiliano ayer, en una entrevista con este medio.
De acuerdo con el diario El Territorio, el comunicado oficial del SPEPM, difundido hoy detalla que el docente “goza de libertad bajo medidas restrictivas que se limitan a la presunta víctima, sin prohibición general de contacto con menores ni inhabilitación laboral”, según la información proporcionada por el instituto educativo. Desde el plano penal, aclara el organismo, “no existe impedimento para el ejercicio de su trabajo”.
No obstante, el SPEPM enfatiza que el marco normativo vigente –incluido el artículo 1767 del Código Civil y Comercial, la Ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y la doctrina de responsabilidad escolar– impone a las instituciones un “deber reforzado de seguridad y prevención”. El análisis, sostiene, no se reduce al lugar de los hechos, sino al “riesgo institucional” y al impacto en la confianza de la comunidad educativa.
En respuesta, el SPEPM requirió “con carácter de urgente” a la institución la adopción de medidas preventivas razonables, tales como la separación física del agente del establecimiento, su reubicación en tareas sin contacto con alumnos o una licencia preventiva. Esta indicación se sustenta en “el deber de seguridad, el interés superior del niño y el principio precautorio, con carácter provisorio y sin prejuzgamiento de culpabilidad”.
El organismo aclara que no actúa como órgano penal ni impone sanciones, respetando el principio de inocencia, pero advierte que mantener la situación actual “solo por la inexistencia formal de alumnos a cargo no satisface el estándar de máxima diligencia exigible”.
Cabe subrayar que la intervención del SPEPM se dio en el contexto de las impactantes revelaciones de Emiliano, quien ayer contó a este LT4 y Agencia Hoy, que mientras él y su hermano tenían una prohibición de acercamiento contra el acusado, este seguía viéndolos en el colegio al que asistían. Además, Sosa reveló que tuvo que irse a vivir a Buenos Aires por temor a encontrarse con su padrastro, que fue beneficiado por una excarcelación firmada por el juez Verón.
Según la víctima, el juez tiene “cajoneada” la causa e incumple con la orden de la Cámara de Apelaciones, que, a fines del año pasado, dictaminó la nulidad de la excarcelación del docente.
En ese marco, el SPEPM ejerce facultades de supervisión conforme a la Ley VI – N° 46. Hasta el momento, no se han revelado detalles adicionales sobre el instituto involucrado ni el avance judicial.
