Pese a que debería haber un sumario abierto en su contra y en tan sólo 11 días, el Consejo General de Educación de Misiones autorizó, por medio de la disposición N° 399/25, la reubicación preventiva y provisoria de Elizabeth Lópes de Moura, la directora de la Escuela de Frontera N° 617 de El Soberbio. El establecimiento es el epicentro de una investigación por corrupción de menores, que involucra tangencialmente a la directora trasladada, a la docente Noelia Tarno –que está acusada de encubrimiento– y a Emiliano Emanuel F., señalado como el autor material de la toma de fotografías a niñas de menos de 12 años, en poses aberrantes, dentro del establecimiento y sin consentimiento de los tutores.
La disposición 399/25, que llevaría la firma de la directora ejecutiva del CGE, Daniela López, data del 14 de noviembre último, es decir, poco más de una semana después del inicio del trámite por parte de Lópes de Moura. Según consta en la información pública que brinda el Consejo, la directora acusada de presuntos encubrimiento y falsificación ideológica de documento público, inició el Trámite N° 26839/25 (“Solicitud-CAMBIO DE REUBIACION PREVENTIVA Y PROVISORIA.”), el 3 de noviembre del 2025, a las 10.39 hs. de la mañana.
De acuerdo con fuentes consultadas, se trata de una reubicación en tiempo récord, completamente inusual en Misiones, donde docentes y directores/as, muchas veces deben esperar por años, para ser reubicados. Asimismo, si Lópes de Moura está convencida de que actuó a derecho y de buena fe, es decir, que no trató de encubrir o proteger al acusado, poco la ayuda esta relocalización que implica que ya no volverá a la Escuela 617.
El establecimiento está intervenido desde septiembre del año pasado, al hacerse público el escándalo por las conductas presuntamente parafílicas del maestro acusado. Sin embargo, la causa penal en su contra, presenta numerosas y groseras irregularidades según denunciaron desde la querella que encabeza el Dr. Adrián Gianini. En diálogo con Agencia Hoy, el abogado reveló que el juez de instrucción N° 3 de San Vicente, Gerardo Casco, que maneja el expediente, no incluyó los resultados de 19 de las 20 declaraciones de las víctimas en Cámara Gesell.
Como es de público conocimiento, el docente Emiliano Emanuel F. (29) fue acusado de tomar fotografías a niñas dentro de la Escuela primaria de jornada completa, que se encuentra en la calle Lavalle S/N y Corrientes, en la localidad de El Soberbio. La primera denuncia en sede policial data del 19 de septiembre pasado, pero la primera acusación verbal contra el sujeto, la realizó una mamá a Noelia Vanesa Tarno, en junio del año pasado. En el marco de la causa penal en su contra, 20 niñas declararon en Cámara Gesell sobre las fotos que el acusado habría sacado, por medio de extorsión y/o dádivas, a menores de 12 años de edad.
Hasta el momento, el juez no ordenó un allanamiento en la vivienda del acusado, a quien, pese a sus presuntas maniobras para entorpecer la investigación, le encontraron 3.500 imágenes de niñas en uno de sus dos celulares. De acuerdo con Gianini, por los metadatos de esas imágenes, se sabe que en las fotografías de las niñas en posiciones de connotación sexual, sacadas dentro de la Escuela 617, intervinieron 4 teléfonos.
Sin embargo, el acusado entregó 2 teléfonos: uno reseteado de fábrica y el otro con un software experimental para truncar las pericias informáticas, según lo constató el perito de cibercrimen que hizo ese análisis y no pudo concretar la extracción física de datos. Y el 23 de diciembre, al filo de la feria, el juez Casco le otorgó la excarcelación, lo que le permitiría al docente, destruir pruebas y teléfonos que lo incriminen.
Gianini fue contundente al describir las maniobras en las que incurrieron, presuntamente, Emanuel F., en complicidad con Noelia Tarno, para que el docente quede solo con niñas a las que les tomaba fotos, extorsionándolas por mejores notas u ofreciéndoles alimentos. Pero, además, el abogado reveló parte del contenido de las declaraciones de Tarno y Lopes de Moura ante el juez Casco.
Según el abogado, la directora relocalizada y la docente apuntada como la “entregadora” de las niñas que fueron fotografiadas por Emanuel F., declararon ante el juez que sabían desde junio del año pasado, de la primera denuncia verbal contra el docente. Pero no labraron un acta ni dieron aviso a sus superiores.
Más grave aún, según contó Gianini a este medio, Lópes de Moura y Tarno confesaron que se reunieron con el acusado, a solas el 20 de septiembre, es decir, un día después de la primera denuncia ante la comisaría de la mujer de El Soberbio. Y terminaron admitiendo una presunta “falsificación ideológica de documento público”, porque entraron en versiones contradictorias entre sí, respecto del contenido de un acta que firmaron ambas, el 23 de septiembre del año pasado, en el marco de la intervención de la Escuela 617.
De acuerdo con el abogado querellante, la directora Lópes de Moura le dijo a Tarno que convoque a la madre que verbalmente había acusado a Emanuel F., de sacar fotos a niñas en la Escuela y esta última, negó esa versión, pero confirmó haber firmado el acta, con un texto que no reflejaría lo que ocurrió. Inclusive, la propia Daniela López admitió públicamente que se enteraron de que las primeras denuncias por corrupción de menores, fueron en junio, varios meses antes de que estalle el escándalo.
Otro dato que surge de los tres involucrados, independientemente del plano judicial, tiene que ver con los trámites que hicieron ante el CGE, a título personal: pese a estar Tarno y Lópes de Moura, desde hace años como docentes, registran contadas gestiones en el sistema.
En el caso del acusado, se entienden que tenga sólo dos trámites a su nombre, porque ingresó al sistema en años recientes. Su primer trámite fue el N° 19637/21 (“ESTABILIDAD LABORAL”) y el segundo fue el N° 10619/25 (“TITULARIZACIÓN”), que le fue otorgada el 20 de agosto pasado, por medio de la Resolución 5200/25 firmada por la titular del Consejo, Daniela López.
Por el contrario, con las docentes acusadas de encubrimiento por la querella en esta causa, surgen sospechas respecto de su trayectoria en el sistema. El organismo muestra que Tarno tiene sólo cuatro trámites con su DNI, iniciados por ella, desde el año 2014. Estos trámites, según el sistema del CGE, fueron los números 33370/14 (“INGRESO DE ANTECEDENTES – POSTÍTULO”); 27249/17 (“TITULARIZACIÓN”); el 30238/23 (“LICENCIA ART. 33”) y el 23769/25 (“ELEVACIÓN-RFTE. TRAM. N°23436/25- E/DESCARGO”).
Entre el primer y segundo trámite de Tarno, pasaron unos 3 años. Después, el tercer trámite, Tarno lo inició 6 años después del segundo y el último trámite, es el descargo que hizo la docente en el contexto del sumario por el escándalo de la corrupción de menores.
En el caso de la directora trasladada, el sistema muestra 9 trámites en 19 años: el primero en 2006, el segundo en 2008, el tercero en 2009, y los siguientes cuatro del 2010. Entre ese trámite iniciado por Lópes de Moura, el 25 de octubre del 2010 y el siguiente, pasaron casi 13 años. Los últimos dos trámites de la directora son el 36000/23 (“ESTABILIDAD LABORAL”) y el mencionado al principio de esta nota, de reubicación “preventiva y transitoria” (26839/25)
Fuentes consultadas explicaron que el CGE actúa en forma reactiva, posibilitando la reubicación de Lópes de Moura, que es lo que exige la comunidad educativa de la Escuela 617. Además, señalaron que el traslado está acorde a derecho, porque un sumario abierto no implica culpabilidad. Aún cuando en declaraciones públicas, el abogado querellante en la causa por presunta corrupción de menores, asegure que Lópes de Moura y Tarno, admitieron una “falsificación ideológica de instrumento público” y que no radicaron ninguna denuncia al conocer la primera acusación, en junio del año pasado.
