Este domingo, los padres y madres de alumnos de la Escuela de Frontera 617 de El Soberbio (CUISE 617) llevaron adelante una reunión para determinar los pasos a seguir en el marco de los gravísimos hechos denunciados por, hasta el momento, 16 niñas y niños: que el docente Emanuel F. (29) les tomaba fotos en posiciones forzadas, dentro del establecimiento, a cambio de notas en exámenes sorpresa, alimentos o dinero.
Como es de público conocimiento, el caso se conoció con las primeras tres denuncias radicadas ante la Comisaría de la Mujer de El Soberbio, el viernes 19 de septiembre. Sin embargo, por la inacción judicial, los padres y madres organizaron un reclamo el lunes 22 y una marcha masiva, el martes 23 de septiembre. El acusado fue detenido este viernes 26, acusado por “corrupción de menores”, por al menos, 16 víctimas.
Culminada la reunión de hoy, Aldo Pérez, contó a Agencia Hoy que impulsarán nuevas acusaciones contra Emanuel F., y que una renombrada abogada especialista en ciberdelitos, representará a una de las familias. “Seguimos enfocados en la lucha para darle visibilidad a los gravísimos hechos que perpetraba este monstruo que se disfrazaba de docente”, expresó Pérez a este medio.
“Además del delito de corrupción de menores, también se lo va acusar de producción de material sexual infantil dentro de la Escuela 617. Para que esto ocurra, seguramente, había gente que miraba hacia otro lado, o sabía y escondía los hechos, siendo cómplice, o gente que no actuó cuando debería actuar”, remarcó el denunciante, sobre la presentación judicial que impulsarán.
Arrestaron a docente de El Soberbio denunciado por corrupción de menores
Por otra parte, habrá dos abogados impulsando las acusaciones contra Emanuel F., una de las cuales, es diputada provincial electa. “Queremos comunicar que ya se ha elegido a un letrado, en realidad son dos. La demanda grupal va a correr con la ayuda del abogado Adrián Giannini que va a ser que va a llevar adelante la mayor parte de las denuncias. Va a representar a mayor cantidad de familias”, aseguró Pérez.
Asimismo, “una de las familias va a ser representada por la reconocida en la temática de delitos contra los niños y delitos que se pueden investigar por cibercrimen, Arihatne Barh. También va a acompañar nuestra causa, siendo la letrada que represente a una de las familias”, reveló Pérez a este medio sobre el involucramiento de la abogada, docente y especialista en ciberseguridad y derechos digitales.
“Una parte de las familias van con un abogado y una sola familia va con la especialista Barh, que queríamos que formara parte del equipo que va a ayudarnos”, añadió el denunciante, que es padre de una de las víctimas.
“Con respecto al Consejo General de Educación y su titular, Daniela López, creemos que desde el momento en que fueron informados de la causa, tomaron en tiempo récord todas las medidas protocolares que estaban a su alcance, con el inicio de sumario, con varias personas que fueron (separadas) de su cargo”, expresó Pérez.
Sin embargo, advirtió: “queremos dejar bien en claro que el grupo de padres va estar al pendiente y en alerta respecto a la seriedad con la que el Departamento de Legales del Consejo de Educación lleva adelante la investigación. Vamos a estar expectantes para que no solamente el acusado de pedofilia quede preso y sea separado del cargo, sino también todos aquellos que minimizaron el caso, omitieron o no supieron reconocer la gravedad de lo que allí estaba ocurriendo”, recalcó.
“Queremos la exoneración de todos los responsables”, manifestó Aldo.
En otro orden de temas, Pérez sostuvo que los padres y madres de la Escuela 617, consideran oportuno aclarar que “en ningún momento este grupo se ha movilizado en contra de ningún docente de la provincia, ni mucho menos en contra de la institución.”
“Por tal motivo, agradecemos a quienes demostraron su apoyo incondicional y seguimos solicitando el respaldo de toda la comunidad, cualquiera fuera su profesión o puesto que ocupe dentro de ella. Hoy la lucha es por nuestros hijos, pero esta pesadilla tiene que ser la bisagra para que aquí en adelante este trauma no afecta a ningún otro niño de la provincia con un gobierno que tiene que implementar rápidamente, protocolos para poder detectar y actuar en casos similares”, reflexionó el papá.
A modo de síntesis, Pérez remarcó: “Pedimos que los responsables sean punidos de manera ejemplar, para que ningún otro individuo abusador, se atreva a cometer algo similar con otro niño. Porque con los niños no se juega”, sentenció.
Respecto de la causa, cabe recordar que el juzgado de Instrucción N° 3 de San Vicente, ordenó la detención del docente acusado, la cual se concretó en la tarde del viernes pasado, 7 días después de las primeras denuncias.
Las 16 denuncias fueron presentadas por los padres y madres de la comunidad educativa en la Comisaría de la Mujer local en conjunto con la Defensoría Provincial de Derechos de Niño, niñas y adolescentes. Esta semana se realizaron diferentes marchas reclamando por las víctimas.
Luego de hacerse público el caso y los planteos reiterados de las familias, el Consejo General de Educación (CGE) intervino en la institución, dispuso el apartamiento preventivo del denunciado y la apertura de un sumario administrativo. También fueron apartados preventivamente de sus cargos la directora Elizabeth Lopes de Moura, la vicedirectora Paula Lezcano y los docentes Noelia T. y José D. Estos dos últimos, están más complicados que las directivas: según los denunciantes, la maestra supo del caso en junio y no radicó una denuncia y el profesor de informática, aparentemente consentía que Emanuel F., esté a solas con chicos del 7° grado.
Sin embargo, previo a la detención, los padres y madres se enteraron que el maestro denunciado había sido trasladado a una sede del CGE en Leandro N. Alem, para cumplir tareas administrativas. Esto causó un profundo malestar contra las autoridades educativas, pero la situación se calmó con la detención del acusado.
Hasta el momento, no está confirmado que se impulsen sumarios administrativos contra los demás docentes implicados en el caso, por la presunta incompetencia frente al caso, o inclusive, complicidad.
Por lo pronto, Daniela López defendió al supervisor Alfredo Antúnez, al señalar que no sabía nada de lo ocurrido, sino hasta la ampliación de las denuncias. Sin embargo, los padres y madres de la Escuela 617 revelaron que le enviaron notas al supervisor, contando lo ocurrido desde el lunes. Pero no lograron que Antúnez se reúna con los denunciantes.
Otro dato a tener en cuenta sobre el caso: López evitó referirse a la resolución 5200/25 firmada por ella misma, en la que dispone que el acusado sea designado como titular como maestro en esta escuela de jornada completa. En esa resolución, se sostiene que el acusado debía pasar por un examen psicofísico en un plazo de 45 días corridos, el cual se cumple este 4 de octubre. La directora general del CGE no informó si el docente acusado de pedofilia, presentó o no, su examen psicofísico.
