La Cámara de Diputados avanzó en la agenda de las sesiones
extraordinarias y puso fecha a uno de los debates más sensibles del temario
oficialista. El próximo jueves 12 de febrero, el recinto tratará el proyecto de
Régimen Penal Juvenil, que propone la baja de la edad de imputabilidad y
redefine el esquema de sanciones para menores.
La confirmación surgió tras una reunión encabezada por el
presidente de la Cámara baja, Martín Menem, con jefes de bloque de oficialismo
y oposición, en la que se acordó el cronograma parlamentario para llevar el
proyecto al recinto.
El cronograma y el dictamen
Un día antes de la sesión, el
miércoles, se realizará el plenario de las comisiones de Justicia, Familia,
Niñez y Adolescencia y Presupuesto, con el objetivo de firmar dictamen. El
despacho que el oficialismo había reunido el año pasado perdió estado parlamentario
al no tratarse en el recinto, por lo que debe repetirse el trámite de comisión,
aunque fuentes al tanto de las negociaciones señalaron que se respetarán los
consensos alcanzados.
Menem confirmó además que el
martes quedarán formalmente constituidas las comisiones de Familia, Niñez y
Adolescencia y de Justicia, que se sumarán a Presupuesto y Hacienda y
Legislación Penal, ya integradas.
El acuerdo político y el límite
en 14 años
El proyecto original impulsado
por el Gobierno proponía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Durante
el debate previo, bloques aliados como el PRO, la UCR, la Coalición Cívica e
Innovación Federal presionaron para fijar el piso en 14 años. Esa postura se
mantuvo y será la base del texto que llegará al recinto, tal como adelantaron
el PRO y la UCR.
El oficialismo también aceptó
reducir de 20 a 15 años la pena máxima para delitos graves como homicidio,
abuso sexual o secuestro. Ese punto resultó clave para alcanzar un texto
consensuado el año pasado, que finalmente no se debatió en el recinto.
El reclamo de las provincias y el
punto presupuestario
Tras el encuentro con los jefes
de bloque, uno de los aliados del Gobierno indicó que el "único
agregado" que sufrirá el proyecto será un apartado presupuestario. Los
gobernadores reclamaron que el gasto adicional que implique la aplicación del
nuevo Régimen Penal Juvenil no recaiga exclusivamente sobre las provincias.
Según fuentes parlamentarias, la
Casa Rosada se comprometió a habilitar convenios entre Nación y las
jurisdicciones para cubrir esa diferencia.
En ese marco, los bloques aliados
descontaron que el oficialismo reunirá los votos necesarios para avanzar con la
media sanción. "El año pasado sacaron el dictamen de mayoría cuando eran
minoría; ahora que son la primera minoría todo indica que será más fácil",
señalaron desde una bancada dialoguista.
Cómo será el nuevo Régimen Penal
Juvenil
El nuevo régimen fijará en 14
años la edad mínima de punibilidad. La condena máxima será de 15 años y solo
aplicará para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La
privación de libertad quedará como último recurso y se priorizarán penas alternativas,
entre ellas tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima y
medidas de reparación del daño.
El proyecto prevé la creación de
institutos especiales para menores condenados, con garantía de educación,
atención médica y tratamientos por adicciones. El personal deberá contar con
formación específica en infancia y adolescencia y quedará prohibida cualquier
convivencia con detenidos mayores.
Entre las sanciones alternativas
se incluyen la amonestación, los servicios comunitarios, el monitoreo
electrónico, la prohibición de concurrir a determinados lugares, la reparación
integral del daño y la prohibición de conducir vehículos. Estas opciones podrán
reemplazar la prisión en delitos con penas de hasta tres años, o de hasta diez
si no hubo muerte ni violencia grave, con dictamen favorable del Ministerio
Público Fiscal y tras escuchar a la víctima.
Además, el texto incorpora
programas educativos, de formación ciudadana y capacitación laboral,
actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y
controles a cargo de un supervisor especializado designado por el juez. También
contempla intervenciones específicas ante problemas de salud mental, consumo
problemático de sustancias o entornos familiares violentos, con intervención
del juez civil cuando resulte necesaria una internación.
Fuente: Bae
