Luego de más de una década de
discusión -pero sin avances- en torno al tema, muy recurrente ante casos
mediáticos de conmoción social, el Congreso dio el primer paso hacia la baja de
la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para menores que cometen delitos.
Después de más de ocho horas de
sesión, la Cámara de Diputados aprobó un nuevo Régimen Penal Juvenil por 149
votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. La media sanción logró el aval
de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, el grueso del interbloque Unidos y otros
bloques provinciales.
El tema fue incorporado a fines
de enero por el Gobierno en el temario de sesiones extraordinarias, tras el
macabro crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. La mamá del joven asesinado por
un grupo de menores estuvo presente este jueves en el Congreso.
En julio de 2024, el Poder
Ejecutivo había enviado un proyecto de ley con la baja en la edad imputable en
13 años, que fue dictaminado el 6 mayo del 2025, pero perdió estado
parlamentario tras la renovación de la cámara.
Al igual que en aquella ocasión,
esta semana el oficialismo logró el acompañamiento de los bloques aliados y
dialoguistas para dictaminar, pero los consensos determinaron la edad en 14
años. Asimismo, la pena máxima para un adolescente que infrinja la ley será de
15 años y no de 20, como preveía originalmente el PEN.
El dictamen también aclara la
asignación presupuestaria para el cumplimiento de la ley. Si bien el Poder
Ejecutivo había mandado un nuevo proyecto el lunes pasado -que a las horas
retiró-, la iniciativa contiene las partidas estimadas por el Gobierno: un
total de $23.739.155.303, de los cuales $3.131.996.784 provendrán del
Ministerio de Justicia y $20.607.158.51 de la Defensoría General de la Nación.
A pedido de la oposición
dialoguista y con el objetivo de que Nación afronte los costos que las
jurisdicciones tengan para adecuar sus sistemas, el articulado reza que
"la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán
celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar
cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos
acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en
conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción".
En pocas horas, tras la media
sanción de la Reforma Laboral, este es un segundo importante tema que el
gobierno de Javier Milei se anotó. El proyecto será enviado rápidamente al
Senado, donde intentarán que se sancione antes del 1ro. de marzo.
El nuevo régimen busca reemplazar la legislación vigente, la Ley 22.278 de Régimen Penal de la Minoridad, vigente desde 1980, durante la dictadura. Uno de los últimos artículos del proyecto prevé su derogación.
Otros puntos de la nueva Ley
La iniciativa prevé una serie de
medidas complementarias (programas educativos, laborales, recreativos). En
casos de delitos con hasta 3 años de prisión y de delitos de 3 a 10 años de
prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se podrían aplicar una
serie de penas antes de llegar a la privación de la libertad.
En cuanto a las penas privativas
de la libertad, podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un
instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un
establecimiento penitenciario, siempre apartados de adultos.
La norma prohíbe la prisión
perpetua y cuando el adolescente, recluido en instituto o centro de detención,
haya cumplido los dos tercios de la condena, el juez a cargo de la causa podrá
considerar sustituir el encierro por otras medidas.
También se habilita la mediación
penal para delitos con penas máximas de hasta 6 años; y la suspensión del
proceso a prueba (para delitos cuyo mínimo de pena no exceda de los 3 años de
prisión), con la opción de la reparación del daño y medidas comunitarias.
El proyecto también menciona la
figura del "supervisor"; los principios generales de los institutos
especializados de detención; medidas de salud, entre otros puntos.
La ley entrará en vigencia a los
180 días de su publicación en el Boletín Oficial.
Fuente: Parlamentario
