El juez de instrucción 3 de San Vicente, Gerardo Casco, aún no incorporó al expediente penal contra el docente Emiliano Emanuel F., la mayor parte de los testimonios prestados por niñas menores de 12 años, que lo acusaron de tomarles fotos en poses inusuales, dentro de la Escuela de Frontera N° 617 de El Soberbio. La comunidad educativa se movilizó y logró que el docente sea apartado del cargo y que sea imputado penalmente, pero el juez Casco le otorgó la excarcelación el 23 de diciembre pasado, sobre el filo del inicio de la feria judicial, permitiendo al acusado, según denunció la querella, deshacerse de teléfonos y de pruebas que lo incriminen.
Fuentes al tanto de lo que ocurre con el explosivo expediente que complica a directivos y otros docentes de la Escuela 617 –se sospecha de encubrimiento agravado en el marco de la causa por corrupción de menores– confirmaron a Agencia Hoy que el juez Casco aún no incorporó 16 de los 18 testimonios brindados por las víctimas, en Cámara Gesell.
Lo que sí se incorporó en enero es un informe de Cámara Gesell que se hizo previo a la libertad del imputado, detalló una fuente. Esta declaración de una de las niñas que acusó al docente de fotografiarla a cambio de mejores notas o de dulces, es muy extensa, con citas textuales de la víctima.
Ese testimonio, según cuentan las fuentes, habría confirmado que prácticamente todo el cuerpo docente de la Escuela 617 sabía de las fotos inadecuadas. En este sentido, crecen las sospechas que apuntan a que Emiliano Emanuel F., en complicidad con terceros –se sospecha de la actual pareja del sujeto– accedían al material fotográfico y lo comercializaban.
Por otra parte, según pudo saber este medio, la perito psicóloga interviniente habría sugerido al juez Casco, investigar a todo el cuerpo docente, por el presunto encubrimiento del accionar de Emiliano Emanuel F., durante varios años.
De las 18 Cámaras Gesell concretadas, 16 se hicieron en octubre y 2 en diciembre, según cuentan las fuentes.
El 20 de enero pasado, Agencia Hoy entrevistó al abogado querellante, Adrián Gianini quien brindó detalles de las groseras irregularidades en las que incurrió el juez Casco, que por entonces sólo había incorporado al expediente, un testimonio en Gesell – situación que se mantiene, casi tres meses más tarde.
En su momento, Gianini había denunciado la no realización de allanamientos en la casa del imputado y de sus presuntos cómplices; la no investigación de las responsabilidades institucionales en el caso, pese a una declaración de falsificación de documento público; y la desprotección total de las víctimas por parte del juzgado, lo que expone a la Argentina a sanciones internacionales.
Consumada la decisión de Casco de excarcelar al docente acusado de extorsionar a niñas para tomarles fotos y, presuntamente, “satisfacer sus parafilias”, el abogado querellante confirmó que presentarían la apelación ante la Cámara de Apelaciones. Asimismo, Gianini considero que este magistrado no puede estar más al frente del expediente, en particular, al permitir al imputado, “borrar” pruebas en su contra.
“Desde la querella, las madres y las niñas, tomaron muy mal la excarcelación, Es una noticia sumamente decepcionante. Además, hace poquito se había solicitado la excarcelación, la cual había sido negada, las circunstancias no cambiaron y el juez tomó una decisión que es un cambio radical. No sólo hubo decepción, sino también sorpresa”, recalcó Gianini, en diálogo con Agencia Hoy, sobre la excarcelación firmada por Casco, el 23 de diciembre.
En una de las graves irregularidades denunciadas por Gianini sobre el accionar de Casco en esta causa, el letrado contó que la defensa tuvo acceso antes que la querella, a la pericia informática realizada sobre los dos teléfonos que el acusado entregó –sin allanamiento de por medio–, varios días después de la primera denuncia ante la Comisaría de la Mujer de El Soberbio, el 19 de septiembre del 2025.
De acuerdo con Gianiani, “ante esta excarcelación solicitada por la defensa del imputado, nosotros presentamos un escrito de oposición donde justamente le pusimos en el escritorio del juez prácticamente, alrededor de 14 riesgos procesales concretos. Muchos de los cuales surgen de lo que ya se venía investigando. Hay evidencias en el expediente, de que el imputado ya entorpeció este proceso y de que tuvo actitudes de eludir la justicia”, alertó.
“Además, al incorporarse la pericia informática, se revelaron muchos más riesgos procesales dentro del entorpecimiento ya producidos, que son gravísimos, por parte del imputado y obviamente que, al darle libertad, se concreta”, se lamentó el abogado.
En enero, Gianini reveló a Agencia Hoy cómo el acusado de tomar fotografías de naturaleza sexual a niñas de entre 9 y 12 años dentro de la Escuela 617, habría impedido una pericia a fondo sobre sus teléfonos celulares, datos que se desprenden del informe del perito informático, elevado al juez Casco. “Lo que reveló el perito, antes de comenzar a explicar o a detallar qué es lo que encontró, lo que le explicó al juez es que no pudo hacer la pericia como corresponde”, dijo Gianini.
“Lo que hizo el maestro imputado fue insertar un software experimental, es decir, que no está a la venta comercial, solamente está disponible para desarrolladores. Y lo que hizo es insertar este software en su iphone con la intención de truncar la pericia. Esto realmente tuvo éxito para el imputado, porque cuando los peritos empiezan a poner en marcha estas herramientas para descubrir qué es lo que hay en el teléfono se encontró que el software no era soportado”, señaló el abogado.
“Es decir, [los peritos] no pudieron hacer una extracción física. Y la extracción física lo que significa es poder acceder a todo el teléfono. Sobre todo, las partes ocultas, lo que está encriptado, las carpetas eliminadas, borradas y los mensajes borrados y eliminados. Eso no lo pudo ver la pericia. Eso el perito se lo explicó al juez en el informe. Es lo primero que dice en el informe. Y además le explica que tuvo que consultar al soporte de quien provee al Estado provincial de estas herramientas de última generación de pericia informática, para ver por qué no funcionó”, detalló Gianini sobre la pericia informática sobre los teléfonos del docente acusado de pedofilia.
“Justamente son ellos, el soporte [de la Provincia] que le explican [al perito] que se insertó deliberadamente un software para que no pueda la policía, ingresar y descubrir qué es lo que había en el teléfono”, denunció Gianini.
Al respecto de los teléfonos que forman parte de la causa, estos “fueron secuestrados, pero no por un allanamiento, que esa es otra de las circunstancias por las cuales hay irregularidades en la causa. Nunca se allanó ni el domicilio del imputado, ni tampoco el domicilio de lo que se descubrió también en la pericia, que es la, al menos, complicidad, porque también podría haber coautoría de la pareja del imputado, de la novia, quien es conocida en el pueblo de El Soberbio y está acreditado en la causa, o por menos hay serios indicios probados y con evidencias, de que [esta mujer] vende contenido para adultos”, reveló.
“O sea, que esto terminara de cerrar por lo menos una línea investigativa fuerte, que el juez sistemáticamente se niega a investigar”, advirtió Gianini sobre la relación entre la toma de fotografías a niñas sin el consentimiento de sus tutores y la circulación y/o comercialización de ese material aberrante.
“Lo que se descubrió en la pericia respecto a la pareja, la novia [del imputado], es que ella que tenía loggeado, tiene loggeado el Gmail en el teléfono del maestro. Las cuentas están sincronizadas y la cuenta de Gmail de ella, está en el teléfono del maestro. Es decir, que cada foto que el maestro tomaba aquí, cada foto que él sacaba automáticamente pasaba al email de la novia. Estos son datos duros concretos que están en la pericia”, machacó Gianini, quien aclaró que “son más de 3.500 la fotos que se encontraron [en dispositivos del acusado] de menores en situaciones [sexuales] tomadas para satisfacer parafilias sexuales.”
En tono crítico hacia la labor del juez Casco, Gianini puso de relieve que “en tiempo récord trabajó para liberar al imputado, pero ni siquiera se tomó el tiempo de saber quiénes son las víctimas que están en las fotos. O sea, no sabemos quiénes son las niñas que están en las [3.500] fotos. No sabemos la extensión del daño. El juez está obligado a investigar la verdad y a documentar la extensión del daño”, puntualizó Gianini, en uno de los puntos más oscuros del accionar de este juez en esta causa.
“El juez [Casco] ni siquiera sabe quiénes son las menores que están en esas 3.500 fotos. Es decir, no sabe si son las menores que las madres denunciaron, no sabe si son más, no sabe cuántas son, no sabe cuáles, ni cuántas son. Y sin embargo, liberó al imputado sin haberse tomado el trabajo de saber esta información, que es crucial, sobre todo, cuando se trata de la libertad de una persona que ahora camina en la sociedad misionera”, fustigó Gianini.
Este punto es central en la investigación, porque según se pudo conocer de la acusación, habría pruebas de que Emiliano Emanuel F., tomaba fotografías a niñas desde 2022. “Es tal la cantidad de producción de material prohibido que el maestro realizó durante el tiempo, dos años para atrás porque las denuncias datan de que desde que las nenas estaban en quinto grado, entonces tenemos nenas de 9, 10, 11, 12 años. Y esta actividad ilícita sostenida en el tiempo, justamente hace que sea impreciso determinar cuántas son [las víctimas]”, advirtió el letrado.
“Pero lo que tiene que hacer el juez y la justicia es investigar por lo menos lo que hay. Entonces las fotos que están en la pericia y que se encontraron, se tiene que determinar quiénes son. Porque ahora estamos hablando de alrededor de una veintena de víctimas, pero podríamos estar hablando de cientos de víctimas. Nosotros [la querella] tenemos conocimiento de que hay un montón de gente que no denunció y hay un montón de gente también que no son las alumnas del séptimo grado en el año 2025, sino que son alumnas que ya egresaron, que ya no están en el colegio. Así que el juez [Casco] ahí también faltó a su obligación como magistrado de descubrir la verdad. Aparte que tiene la obligación por ley de investigar y de descubrir no solamente el autor, sino quiénes son los coautores, los cómplices y los partícipes”, analizó Gianini, lapidario con el juez de instrucción de San Vicente.
Vinculado a la denuncia contra el profesor de la Escuela de Frontera 617, Gianini también brindó revelaciones sobre las medidas de prueba solicitadas al juez sobre los presuntos cómplices o encubridores dentro del establecimiento, una docente que habría oficiado de “entregadora” y la directora. Ambas declararon en el expediente que sabían desde junio, de las denuncias contra Emiliano Emanuel F., pero no radicaron la denuncia ante la comisaría, ni dieron aviso a sus superiores, incidiendo así en la titularización de este docente. Cabe recordar que la directora general del Consejo General de Educación, Daniela López, firmó la titularización del acusado en el cargo docente que ejercía –ahora está suspendido– en agosto pasado, poco antes de que estalle el escándalo.
Como es de público conocimiento, el docente Emiliano Emanuel F. (29) fue acusado de tomar fotografías a niñas dentro de la Escuela primaria de jornada completa, que se encuentra en la calle Lavalle S/N y Corrientes, en la localidad de El Soberbio. La primera denuncia en sede policial data del 19 de septiembre pasado, pero la primera acusación verbal contra el sujeto, la realizó una mamá a una docente de la escuela, en junio del año pasado.
A la fecha, el docente aparece como titular en la planta orgánica de la escuela identificada por el Código Único de Identificación en el Sistrema Educativo N° 617 (CUISE 617). Y de hecho, la planta orgánica nominal lo muestra como docente en actividad, sin estar de licencia ni con suplentes asignados. Además de Emiliano, están acusados, pero de encubrimiento, la docente Noelia Vaniesa T., y la directora Elizabeth María L. D. M.
“Parafilia”, se define como un patrón de excitación sexual intensa y recurrente donde el placer se obtiene de objetos inanimados, situaciones atípicas, o personas que no consienten (como niños o adultos no cómplices), o el sufrimiento propio o ajeno. Según se desprende de las declaraciones y fotografías, el docente sacaba fotos a niñas en posiciones atípicas, con los ojos en blanco o simulando estar “muertas”. Y lo lograba extorsionando a las víctimas por notas o comida, entre otras presuntas maniobras.
