Luego de varios días de incertidumbre, el domingo pasado, la Justicia de Chubut ordenó la detención de la misionera Mariela Beatriz Altamirano y Michel “Maicol” Kevin González, madre y padrastro de Ángel Nicolás López, en el marco de una investigación por homicidio agravado tras la muerte del niño de cuatro años en Comodoro Rivadavia. La medida fue dispuesta por el fiscal Facundo Oribones ante el riesgo de fuga, ya que ambos habrían manifestado intenciones de regresar a sus provincias de origen.
Ambos están imputados de “homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte”, un delito que prevé la pena de prisión perpetua. La detención se produjo el domingo por la noche, luego de que nuevos elementos reforzaran las sospechas sobre el entorno familiar del menor.
En ese marco, se conoció que Altamirano tendría un antecedente de violencia contra otro hijo, en la ciudad de Eldorado. Según publicó el portal La Voz de Misiones, trascendió que la mujer ya tenía otro hijo en Misiones, quien habría sido separado de su cuidado por situaciones de violencia. Testimonios de vecinos de Eldorado señalan episodios de maltrato físico. Ese niño, actualmente residiría en Corrientes.
El caso Ángel, que muchos comparan con el de Lucio Dupuy por las fallas del poder judicial en el resguardo de la integridad física y mental de un niño, dio un vuelco en las últimas horas, tras conocerse el informe médico que confirma que Ángel presentaba antecedentes de traumatismo previo. Según la historia clínica, el niño ingresó al hospital tras un paro cardiorrespiratorio y en estado crítico, luego de ser asistido por el servicio de emergencias 107.
A esto se suma el resultado preliminar de la autopsia, que reveló lesiones traumáticas en la región craneal incompatibles con una muerte natural o accidental. Fuentes de la investigación señalaron que el menor tenía al menos 20 golpes internos no visibles, lo que alimenta las sospechas de la acusación contra Altamirano y González.
Los hechos que derivaron en su muerte se remontan al 5 de abril, cuando Ángel fue trasladado de urgencia al hospital local luego de descompensarse en la vivienda de su madre, en Comodoro Rivadavia. Según el parte médico, el niño llegó con un paro cardiorrespiratorio y en estado crítico, en el marco de un proceso de revinculación ordenado por la Justicia de Chubut. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal de salud, falleció dos días después.
La versión inicial de la madre, quien aseguró que el niño se había descompensado mientras dormía, comenzó a desmoronarse cuando los médicos detectaron signos de lesiones internas compatibles con violencia. Incluso, un informe inicial ya advertía sobre un “antecedente de traumatismo previo”, lo que resultó determinante para avanzar en la investigación.
La denuncia fue impulsada por el padre del menor, Luis Armando López, quien con el patrocinio del abogado Roberto Castillo, solicitó la detención de Altamirano y González. En su presentación, también apuntó contra funcionarios judiciales y del sistema de protección de derechos, a quienes responsabiliza por haber permitido el escenario que derivó en la muerte del niño.
López apuntó contra el juez de Familia Pablo José Pérez, la asesora Verónica Roldán y la licenciada Jennifer Leiva, acusados de haber intervenido en el proceso de revinculación que derivó en el traslado del menor al entorno materno. Según señaló, Ángel vivió con él durante cuatro años en un contexto estable, hasta que la Justicia dispuso la restitución del vínculo con la madre.
