El gobierno ultraderechista del presidente Javier Milei, continúa incumpliendo con la Ley de Emergencia en Discapacidad y este lunes formalizó su intento para derogar los artículos que obligan al Estado a mantener la actualización automática de aranceles para prestadores, transportistas y centros de día.
Lo hizo por medio del proyecto “Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que apunta a modificar los criterios de asignación y control que habían sido establecidos en la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793) sancionada el año pasado. Al respecto de este tema, la Directora del CESME (Centro de Salud Mental Epidemiología e Innovación), Fernanda Hernández, dijo a LT4 y Agencia Hoy consideró “ilógico” impulsar un ajuste contra las personas con discapacidad y los profesionales y asociaciones del sector, con el fin de ahorrarse dinero del Presupuesto.
Además confirmó que el gobierno nacional busca derogar los artículos que obligan al Estado a mantener la actualización automática de aranceles para prestadores, transportistas y centros de día, por lo que, si las organizaciones y damnificados no protestan en la calle, como ocurrirá este miércoles 22 de abril, “no va a haber vuelta atrás”
Según confió a este medio, el proyecto presentado por el imputado por enriquecimiento ilícito y Jefe de Gabinete Manuel Adorni, apunta a “una revisión de ciertas cuestiones que tienen que ver con pensiones, siempre ligados a la gente que menor acceso tiene. Y con reformas para ver si efectivamente estas personas necesitan esa pensión”, contó Hernández.
“Lo característico es que les dan 90 días para poder realizar este trámite que sabemos que por ahí no es tan sencillo, como conseguir toda la documentación nuevamente y reempadronarse, para poder revalidar (las pensiones por discapacidad) Quiere decir que hay que volver a reempadronarse en todas las instituciones que avalaban este diagnóstico para poder continuar teniendo la beca o la pensión”, precisó Hernández.
Para la funcionaria provincial, esto implicaría volver a los operativos de reempadronamiento que en Misiones fueron llevados a cabo por militantes de La Libertad Avanza, sin ningún conocimiento del área. “Lo característico también de esa situación y que va a pasar nuevamente, es la idea era poder limpiar (el padrón de personas con pensiones), diferenciar cuáles eran pensiones reales y las ‘truchas’, que le llaman ellos (por el Gobierno nacional) Pero más de cien mil fueron consideradas (apócrifas) cuando eran reales. Y el gobierno tuvo más de ciento diez mil juicios por eso y los perdió”, sostuvo Hernández.
Asimismo, la titular del CESME, advirtió que en esos reempadronamientos impulsados por la Agencia Nacional de Discapacidad –organismo disuelto en el marco de las denuncias por coimas del 3% en las que está bajo sospecha la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei–, generaron estigmatización en el sector de Salud Mental.
“Desde salud mental el deterioro que hace a la salud, vivir por todo ese derrotero y por toda la burocracia. Desde la justicia y la coherencia uno busca que lógicamente, reciba la gente que necesita, la gente que la pasa mal, por teniendo un padecimiento grave que lo discapacite. Pero, es una realidad también que muchísimas de esas pensiones consideradas truchas realmente eran verdaderas y por eso casi no tuvo sentido lo que pasó el año pasado. Porque la mayoría de esas pensiones realmente eran reales”, destacó Hernández, insistiendo en que no se cayeron muchas pensiones, pese a la “limpieza” que pretendía el gobierno de Milei.
Con la nueva ley, si se sanciona, “van a poder van a hacerlo de nuevo, pero más fuerte porque va a un impacto mayor. Ahora con el entrecruzamiento de datos que van a hacer es mucho mayor; van a proponer lo de los noventa días (para revalidar las pensiones) Eso tiene un impacto emocional directo también en las personas, porque es como de nuevo estigmatizar a la discapacidad o algún padecimiento. Porque no es algo no es la primera vez que pasa y de una forma más cruda”, advirtió Hernández.
Por otra parte, la directora recordó que, por cuestiones de logística y de falta de capacitación, las auditorías del año pasado fueron un fracaso, en términos los términos del gobierno ultraderechista, que pretende optimizar los recursos del Estado y dar de baja pensiones.
“Cuando es tan masivo, una auditoría tan masiva y tan imprevisto, incluso el mismo sistema operativo, el mismo sistema logístico que se encarga de realizar esa gestión, está mal organizado, porque no había personas gestoras que conozcan mucho realmente del tema. Entonces se encontraban con gente muy improvisada tratando de resolver la situación, pero no era no era una manera adecuada como para realmente optimizar, desde el Estado o para la gente, todo lo que se está proponiendo”, recordó Hernández.
Repreguntada sobre si la nueva ley de discapacidad, pretende desobligar al Estado de la actualización automática de las prestaciones al sector, Hernández explicó: “estas instituciones, estas asociaciones (de defensa de los derechos de personas con discapacidad) se están pronunciando bastante fuerte porque, en realidad, hay un desamparo muy grande. Es la ley que viene con mucha fuerza y si estas instituciones no reclaman, no se pronuncian al respecto, es probable que no corran con buena suerte”, expresó.
“Este gobierno, necesita achicar el presupuesto y es ilógico porque (contra la discapacidad) no achica tanto, yendo por este lado. Pero, la única manera es que la gente se pronuncie el miércoles, cuando va a haber una marcha. Mañana van a reunirse frente al Ministerio de Salud, todas estas asociaciones. Así que vamos a ver qué pasa”, confió Hernandez sobre la movilización nacional contra la nueva ley de discapacidad que impulsa Milei.
“Todo depende siempre de cómo la gente se pronuncie, de qué manera uno se banque o no también lo que pasa. Porque si no, no va a haber vuelta atrás. La única manera es esa”, sintetizó la funcionaria provincial.
