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Frenaron el desalojo de más de 50 familias de la Chacra 190

Publicado 07/11/2019 | 18:50

Vale recordar que la resolución del juez de Instrucción 3, Fernando Verón, debía ejecutarse este vienes por medio de la fuerza pública.

"Tarda en llegar, y al final, al final hay recompensa", dice una canción de Gustavo Cerati, y así lo sintieron con enorme felicidad, las más de 50 familias de la chacra 190, de Posadas, cuando este jueves se acercaron hasta el lugar funcionarios del gobierno provincial y municipal para darles la buena noticia sobre la suspensión del desalojo del predio que ocupan, y que por una orden del juez de Instrucción 3, Fernando Verón, estaba previsto efectuarse este vienes por medio de la fuerza pública.

La medida fue suspendida gracias al trabajo político conjunto realizado por los Poderes Legislativo y Ejecutivo con la presentación judicial de la Defensoría del Pueblo de Posadas a través de un "amicus curiae", sumado a las gestiones realizadas por la ministra de Derechos Humanos, Lilia “Tiki” Marchesini y legisladores provinciales, como el diputado del PAYS, Martín Sereno, entre otros.

Este jueves en el barrio, los funcionarios les explicaron a los vecinos y vecinas que aunque la causa judicial seguirá su curso, a partir de un acuerdo que se logró con el Ministerio de Gobierno, el funcionario provincial, Marcelo Pérez, ordenó que "la Policía no proceda a desalojar a las familias de los terrenos y sus viviendas", considerando que cuentan con el Certificado Único de Vivienda Familiar expedido por la Anses y están amparadas por la Ley Nacional 27453 de Regularización Dominial de Barrios Populares del RENABAP a la que Legislatura Provincial adhirió por unanimidad.  Y están contenidas por la Ley Provincial XII- N°28 que indica "suspender acciones procesales que conducen a desalojo de los bienes inmuebles ubicados en terrenos incluidos en el RENABAP en Misiones", refiere la norma.

Además, los funcionarios le hicieron saber al titular del Juzgado de Instrucción 3, que existe un instrumento legal resuelto por el Instituto Provincial de de Desarrollo Habitacional (Iprodha) en el que manifiestan su voluntad para mediar y buscar soluciones respecto a la regularización, el loteo, y la mensura de los inmuebles ocupados. De esta manera, la acción conjunta de los organismos y los movimientos sociales se pudo detener la medida judicial que en este caso desafiaba a las leyes vigentes.