Este lunes, los abogados Roxana Rivas y Eduardo Paredes presentaron un amparo contra el decreto 2084/24 del gobernador Hugo Passalacqua, que destituyó a los 7 policías y a un retirado de la fuerza que formaban parte de la Mesa de Diálogo Policial y fueron acusados de supuesta “sedición” y “conspiración” en el marco de una causa que instruye el Juez de Instrucción 3 de Posadas, Fernando Verón.

Además del vocero de la mesa salarial, el policía retirado Ramón Amarilla se encuentran detenidos Iván y Ramón Arrieta, Diego Correa, Joaquín Orrego, Lisandro Canteros, Adolfo Guirula y Elías. Todo fueron alojados en distintas unidades penales de la provincia y los abogados Rivas y Paredes presentaron en su representación, un amparo ante la justicia laboral contra la destitución, que no cumplió con el debido derecho y las garantías constitucionales mínimas que tienen todos los ciudadanos de Misiones, en particular, los empleados públicos.

En diálogo con LT4 y Agencia Hoy, Paredes brindó detalles sobre los argumentos que impulsan ante la justicia contencioso administrativa y remarcó que es casi seguro que la Justicia provincial rechazará en todas las instancias el amparo, por lo que solicitarán un Per Saltum a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la gravedad del decreto 2084/24, que fue presentado en una conferencia de prensa de la que participaron las cabezas de los tres poderes del Estado de Misiones: además de Passalacqua y el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, estuvieron el presidente de la Legislatura Oscar Herrera Ahuad y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rossana Pía Venchiarutti.

Dejando en claro que Rivas y él mismo, no representan a los uniformados cesanteados en la causa penal que se les sigue por la supuesta “sedición”, Paredes contó a este medio que “es muy evidente la afectación de derechos fundamentales” por el decreto 2084/24. “Se presentó el amparo, obviamente, yo creo que ya lo habrán rechazado. Nadie puede ser tan ingenuo en creer que un juez laboral vaya a poder habilitar la nulidad del decreto del gobernador, que es nulo”, comenzó diciendo el abogado.

“Esto va a terminar en la Cámara (de apelaciones), que también creemos que no va a ser dentro del poder judicial de la provincia, es muy poco probable, diría que casi totalmente improbable de que se decrete la nulidad de ese decreto. Todo es para llegar la Corte, no hay no hay ni una posibilidad dentro de la provincia”, recalcó el penalista y profesor universitario.

Respecto de la destitución antes de que la justicia los encuentre culpables de la supuesta sedición, Paredes explicó: “independientemente de lo que hayan hecho o no hayan hecho, lo cierto es que a ellos se les efectuó un sumario, ya estaban detenidos, no se les dio la posibilidad de ejercer la defensa, es decir, el sumario tiene la misma estructura de un proceso penal pequeño”.

“Es un sumario administrativo que tiene una sentencia, es decir, ya sea por una inconducta policial o inclusive algún, porque los empleados públicos tienen estabilidad laboral y el único el único modo de cesantearlos es con un sumario. El sumario tiene una estructura de un pequeño proceso, es decir, se los tiene que llamar ante el poder administrativo, darle después en darle tiempo que designen abogados, preparar su defensa, hacer su descargo, y si sobre esto recae una sentencia de cesantía, por ejemplo, tienen que ser notificados y darles la posibilidad de recurrir”, detalló Paredes, en diálogo con LT4 y Agencia Hoy.

“Esto no ocurrió, simplemente ya estaban detenidos cuando creo que se notificaron, los detuvieron y el otro día salió el decreto del gobernador efectuando la efectuando la cesantía, lo cual implica dos graves problemas. En primer lugar, porque como establece la Convención Americana de Derechos Humanos para todos los procesos, no solamente para el penal, sino también para lo civil y también lo administrativo, máxime cuando hay una pérdida de derechos, le tienen que dar la posibilidad de defensa”, insistió el abogado.

En esta línea Paredes insistió en que “cuando se trata de cuestiones administrativas, cuando hay una sentencia, por ejemplo, a cesantía, el juez de revisión administrativo es el gobernador, en la última instancia. (Pero) fue el gobernador el que en un decreto que ni siquiera pudieron apelar, y sin notificar ante nadie, ya los cesanteó”, sostuvo Paredes sobre los efectos del decreto 2084/24.

Para el abogado, esta situación “es muy grave además, porque en esa misma escenificación donde estaba el gobernador y el presidente de la Cámara de Diputados, se encontraba la presidenta del superior tribunal. Y eso es gravísimo, pone en crisis la división de poderes y la realidad republicana de la provincia, que es una exigencia de la Constitución Nacional”, subrayó Paredes, insistiendo sobre lo que establece el artículo 5 de la Constitución.

“El poder judicial representado por esta mujer (Venchiarutti) es el único órgano que nos defiende, que tiene que hacer el control de cualquier acto de la administración o de lo que fuera. Es el que hace el control de las garantías constitucionales. Por eso en estos casos, cuando se agota todo el proceso administrativo, queda abierta la vía del contencioso administrativo, es decir, la demanda contra la provincia ante Superior Tribunal. Siempre y cuando un proceso se lleve correctamente”, comentó Paredes, aclarando que en este caso, “la única vía es la del amparo porque se violó todo”.

“Pero la imagen que presenta esa foto (con los jefes de los tres poderes del Estado misionero), esa significación es que el poder judicial al estar sentada la presidenta del Superior, legitima este decreto (2084/24) que es totalmente nulo”, argumentó Paredes, sobre la gravísima defensa del Estado provincial. al decreto de destitución del gobierno contra los policías que eran delegados de la Mesa de Diálogo.

En ese contexto, Paredes remarcó que no esperan que el amparo prospere en Misiones, por lo que impulsarán el Per Saltum a la Corte Suprema. “Es obvio que nadie es ingenuo en creer que juez laboral con cualquier argumento, creo que lo habrá rechazado o porque es incompetente, porque pueden apelar después, o porque es una cuestión administrativa y diga que hagan la presentación ante superior, y que se vaya a resolver por esa vía. La Cámara (de apelaciones) va a hacer lo mismo”, vaticinó el abogado.

“Lo que vamos a hacer después es tratar, porque hay una reforma de la ley de recurso extraordinario de hace diez años, que para los casos federales, se puede saltar el Superior y pedir directamente el avocamiento de Corte. En base a esa imagen que está ahí (de Venchiarutti con Passalacqua y Herrera Ahuad), nosotros vamos a pedir, una vez que la Cámara confirme el probable rechazo del juez de primera instancia del avocamiento, saltar directamente a la Corte Federal”, enfatizó Paredes.

Y recalcó que en el Superior Tribunal, “además que no hay ninguna garantía, no tiene plazos puede tardar (el amparo), y pueden pasar años. Entonces, vamos a pedir (que intervenga) la Corte Suprema, porque está comprometida la división de poderes”, subrayó Paredes.

En desarrollo.