El gobierno ultraderechista de Javier Milei, al contrario del relato oficialista sobre el fin de la pauta estatal a los medios de comunicación, mantiene en secreto la forma en que YPF distribuye su pauta publicitaria. Se trata de una de las cajas favoritas de los libertarios que, al igual que en otros gobiernos, se utiliza con secretismo como mecanismo para premiar y castigar a los medios de comunicación.
En 2024, Chequeado le solicitó a la empresa el detalle de qué medios, redes sociales y agencias recibieron dinero, pero nunca obtuvo respuesta. Entonces, acudió a la Justicia. Luego de dos fallos adversos, y con el patrocinio de Poder Ciudadano, el medio decidió acudir a la Corte Suprema.
Para acompañar ese pedido, el Diario Perfil pedirá sumarse al reclamo como amicus curiae, a partir de los antecedentes que fueron avalados por la justicia en el caso de Aerolíneas Argentinas.
Desde que llegó a la Casa Rosada, Javier Milei repite que su Gobierno eliminó la publicidad oficial. La última vez fue en mayo, cuando publicó en X un extenso texto contra los periodistas, sus enemigos preferidos. Sin embargo, lo cierto es que durante su gestión solo se suspendió la pauta de la Administración Central, pero no la que distribuyen los organismos descentralizados, las empresas públicas o aquellas con mayoría estatal, como YPF.
La opacidad en la administración de estos fondos atraviesa la gestión libertaria y el camino judicial parece ser, al menos hasta ahora, el único posible para acceder a la información. Fue lo que sucedió, por ejemplo, con Aerolíneas Argentinas, cuando en marzo de 2025 la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal falló a favor de Perfil y la empresa tuvo que entregar el listado de quienes habían recibido pauta. Aerolíneas no solo acató la sentencia, sino que desde entonces publica el detalle del reparto de publicidad en su página web.
Los casos de YPF y Aerolíneas Argentinas no son aislados. En marzo de 2026, el Banco Nación rechazó un pedido de información presentado por Chequeado que también pretendía saber dónde se invertía la pauta publicitaria. En septiembre de 2024, ante una solicitud similar de PERFIL, la entidad contestó, pero solo informó los montos totales invertidos y no los detalles sobre los medios, las productoras y agencias beneficiados.
“Lo que está en juego trasciende un pedido específico. Se trata de establecer si las empresas con participación estatal pueden escudarse en su forma societaria para evitar rendir cuentas sobre el uso de recursos”, escribió Franco Piccato, director ejecutivo de Chequeado. Y agregó: “YPF distribuye recursos publicitarios de interés público, cumple funciones de interés general y opera bajo jurisdicción del Ejecutivo Nacional. Por ello, su negativa erosiona el control democrático que los ciudadanos deben ejercer sobre quienes administran sus recursos”.
La historia de Chequeado con YPF comenzó en septiembre de 2024, cuando el medio solicitó la información. La petrolera que conduce Horacio Marín rechazó el pedido y argumentó que, al ser una sociedad anónima, no estaba alcanzada por la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.
La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) entendió que el medio tenía razón y emitió una resolución que ordenaba a compañía a entregar los datos. Sin embargo, una vez más, YPF decidió no responder. Ante la negativa, Chequeado fue a la Justicia. En junio de 2025 presentó una acción de amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y argumentó que el deber de transparencia alcanza a las empresas con participación estatal.
El tribunal rechazó el planteó de Chequeado en diciembre de ese año. En mayo de 2026, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó esa decisión. Por ese motivo, esta semana el medio decidió presentar un recurso extraordinario para acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Cámara debe resolver si concede el recurso o no. Si se confirma, la Corte tendrá en sus manos la posibilidad de aceptar en el expediente la presentación de amicus curiae, una figura legal que habilita a terceros ajenos a un juicio a intervenir de forma voluntaria. Perfil pedirá entonces acompañar el reclamo por acceso a la información.
El objetivo de un amicus curiae es que una organización con trayectoria probada en el tema que se debate pueda aportar argumentos u opiniones para colaborar con la Justicia en la resolución de un caso de interés público.
En el pasado, el Grupo Perfil impulsó otras causas estratégicas en materia de libertad de expresión como el reclamo por la exclusión de pauta oficial durante el kirchnerismo o las acciones judiciales por los ataques de Javier Milei contra Jorge Fontevecchia, el fundador del grupo de medios que funciona en el barrio de Barracas.
Sostener que YPF es una de las cajas favoritas de los libertarios no es caprichoso. Espada, que sigue con lupa los números de la pauta, reveló que en 2025 la petrolera invirtió $128 mil millones en publicidad, un 31% más que en 2024. Para tomar dimensión del lugar que ocupa la compañía en el mercado, basta comparar números: en el mismo período, por ejemplo, el Banco Nación destinó $54.754 millones en pauta publicitaria, la Ciudad de Buenos Aires $125.866 millones y la provincia de Buenos Aires $86.644 millones.
En la era mileísta, el encargado de repartir la pauta de YPF es Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de la petrolera. El funcionario es, además, socio del asesor presidencial Santiago Caputo en Move Group, la consultora que ambos fundaron en 2018.
Fabián Fernández, el nuevo secretario de Comunicación y Prensa de la Nación se desempeñó hasta hace apenas unos días en la órbita de Garat como director de Medios, Prensa y Alianzas Estratégicas de la petrolera. “Su designación es un síntoma de la relevancia que tienen YPF y Santiago Caputo en la comunicación gubernamental y expone el manejo político de esos fondos”, reflexionó Espada.
El de Fernández no es el único nombre propio que llama la atención en esta trama. En marzo, Chequeado presentó un escrito ante la Justicia para que declare la nulidad absoluta del dictamen emitido por el fiscal federal ante la Cámara, Rodrigo Cuesta, que aconsejaba confirmar la sentencia de primera instancia que favorecía a YPF. La solicitud argumentó que el funcionario judicial carece de la objetividad e imparcialidad necesarias porque se desempeñó como director y vicepresidente de Asuntos Legales de YPF entre junio de 2012 y diciembre de 2015.
Fuente: Diario Perfil
