La comunidad campesina de Ñande Kokue, ubicada en el municipio de Montecarlo, enfrenta la posibilidad de un desalojo y se trasladaron a Posadas, para hacer visible el conflicto y el reclamo contra las presiones judiciales. Según denunciaron, unas 112 familias del Movimiento Campesino de Liberación (MCL) podrían ser desalojadas del terreno donde trabajan y producen, y llevan adelante un proyecto educativo comunitario construido colectivamente durante más de una década.
Este conflicto ya se nacionalizó y diversas organizaciones de todo el país, expresaron su acompañamiento al reclamo contra el inminente desalojo de las familias campesionas que trabajan y estudian en el terreno ubicado entre Montecarlo y Caraguatay.
El referente de Ñande Kokue, Esteban Vera, dialogó con LT4 y Agencia Hoy, señalando que hace 15 años que plantan y producen alimentos en la zona, pero el gobierno no los respalda. “Tuvimos que venir por nuestra situación, por el tema de la tierra. Tenemos una orden de desalojo y el jueves se cumplimenta lo que nos dio (de plazo) los 10 días”, contó Vera, sobre el inminente desalojo.
“Es preocupante y tuvimos que movilizarnos más para poder pedirle al gobierno que ataje esto, lo que está pasando. Nosotros producimos en la chacra y el gobierno nos dio la espalda. Golpeamos puertas por todos lados y hasta ahora no tenemos resultado”, expresó el referente, confirmando que son 112 familias, las que producen alimentos en Ñande Kokué, desde hace 15 años.
En cuanto a la empresa que reclama las tierras, Vera ratificó que se trata de La Misionera. “Nunca presentaron papeles (títulos de propiedad) Solo ellos piden que nosotros dejemos lugar. Toda la vida ellos trabajaron en esa tierra”, sostuvo.
Repreguntado sobre si cuentan con permisos para producir en los lotes de la zona de Ñande Kokué, Vera explicó: “Nosotros no tenemos permiso, entramos y trabajamos por la escasez de trabajo. En ningún momento, en ningún momento nos ofrecieron otro lugar ni nada, o sea que no tuvimos resultado del gobierno local ni provincial”, subrayó el referente, aclarando que hace 15 años que reclaman un respaldo a la ocupación productiva.
Por otra parte, Vera señaló que el lote debió ser un parque provincial, pero como es proyecto nunca se concretó, las familias ingresaron para desarrollar su proyecto productivo. Ahora, la empresa La Misionera, pretende las tierras para producir pino y eucaliptus. “Esa tierra es tierra que no tiene dueño. Es un espacio que tendría que ser un parque provincial y nunca se hizo. Entonces esos lugares no tienen dueño, nosotros empezamos a limpiar” y ahora, la empresa quiere “plantar pino, para más hambre para nosotros porque plantamos, producimos alimentos”, agregó.
Según Vera, las 112 familias de Ñande Kokué producen alimentos para el autoconsumo, y los sobrantes los venden en Montecarlo y zonas aledañas. “Es el único sustento que nosotros tenemos porque nosotros sacamos la tierra, nosotros vivimos de la tierra y lo que sobra nosotros vendemos. Abaratamos el costo de vida de muchos más compañeros nuestros que no tienen acceso a plantar todavía”, reveló.
En tanto, en otro dato saliente de esta entrevista, Vera apuntó contra las autoridades municipales, a quienes acusó de no hacerse responsables de la asistencia que brindaban a la comunidad, cuando la Justicia solicitó formalmente si conocían de este proyecto autogestivo, que incluye un emprendimiento educativo.
“La justicia pidió que la municipalidad declare si ellos estaban sabiendo lo que estaba pasando. Nos dieron la espalda. En los escritos dijeron que nunca supieron de eso, siendo que la municipalidad nos asistía con víveres, e iban los camiones a llevar lo que nosotros necesitábamos. Y cuando la justicia pidió si ellos sabían algo, dijeron que ‘no’”, denunció Vera, quien ratificó que hoy serían recibidos en audiencia, por el ministro coordinador de gabinete, Carlos “Kako” Sartori.
Por su parte, el referente del Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) Rubén Ortiz, que también acompañó el reclamo frente a la gobernación de Misiones, se refirió al proyecto educativo que el Movimiento Campesino de Liberación, desarrolla en Ñande Kokué.
“Ahí funciona un proyecto educativo. En primer lugar, para la primaria están nombrados tres maestros que perciben salarios. Eso está destinado básicamente para que los compañeros comiencen con la lectoescritura”, detalló Ortiz, sobre las escuelas que son gestionadas por el MCL en Ñande Kokué.
Asimismo, Ortiz reveló que hay una escuela de nivel secundario funcionando en la comunidad. “Después tenemos una escuela secundaria (en la) que, al viernes hay 83 alumnos reales. Hay 50 egresados, hay dos tandas de egresados, y este año saldrían (la tercera cohorte), hay gente que ya está en la universidad”, detalló.
Según el secretario general del MPL, en Ñande Kokué “funciona una diplomatura de la Universidad de La Plata (UNLP) sobre salud rural. Es un proyecto educativo completo. El drama es que si se desaloja se termina eso”, alertó Ortiz.
“Ahí trabajan 18 también profesores. Trabajamos en la escuela secundaria, la 126”, sostuvo.
De acuerdo con Ortiz, este proyecto comunitario y educativo, “surge después del problema de los tareferos. Perdimos mucha fuente de trabajo. Entonces viven en Malvinas, donde se le hizo la vivienda con cloacas. Pero no se recuperaron los puestos trabajo. los que ya no volvían al yerbal, fueron a trabajar a tierra. Ese es el origen de este problema”, sostuvo.
Para el referente del MPL, la medida judicial y el interés por la tierra, está vinculado con la plantación de yerba mate en la zona, donde los yerbales “en este momento empiezan a tener 10.000 kilos por hectárea. Esto es lo que no perdona el poder, que el tarefero esclavo, hoy tengan yerbales. Y se producen más de un millón de kilos de mandioca. Ahí hay maíz, de todas las variedades. Y es producción agrológica”, enfatizó Ortiz, quien aseguró que también se produce en Ñande Kokué, alrededor de 26 productos, sin contar las verduras.
Asimismo, Ortiz cuestionó a las autoridades educativas y a las del municipio de Montecarlo, por no intervenir y hasta desconocer el proyecto. “El Ministerio de Educación nunca dice nada, ni conoce la experiencia. Igual que los concejales de mi pueblo: declararon de interés la escuela y después dijeron que no conocían la escuela. ¿Cómo van a declarar de interés un proyecto educativo que no conocen? Es un problema que nadie se juega”, sentenció.
En total, son 300 hectáreas las que están en disputa, porque se dejó como propiedad colectiva, todos los territorios protegidos. “Está prohibido el uso de agrotóxicos en todas esas zonas”.
Por último, Ortiz dejó a entrever que el conflicto con el ministerio de educación, tiene una raíz política: la negativa del gobierno a tolerar iniciativas vinculadas a la reforma agraria en Misiones. “Lo que el Ministerio de Educación no acepta es que la escuela es campesina. Ellos querían siempre que se cambie el nombre. No querían que se llamen de tarefero ni de campesino. No querían y no hubo forma, ni con la subsecretaria (de Educación) anterior (Cielo Linares) ni con esta (Gabriela Bastarrechea)”, dijo.
“No se trata de cambiar el nombre, porque esa escuela tiene como eje del proyecto educativo, la reforma agraria. Este es el problema que tenemos”, sentenció Ortiz.
