El gobierno de Javier Milei avanza con un proyecto de ley que busca eliminar la matrícula obligatoria y debilitar el rol de los colegios profesionales.

La iniciativa generó un fuerte rechazo de distintas entidades, que denuncian el vaciamiento del sistema de control ético y técnico del ejercicio profesional.

Antonio López Forastier, presidente del Colegio de Abogados de Misiones, sostuvo que se trata de una medida con “tinte electoralista”, pero su aplicación sería inviable, ya que más del 90% de los colegios profesionales del país son provinciales, es decir, los distritos deberían adherirse a la normativa nacional para implementarla.

En diálogo con LT4 y AgenciaHoy, el abogado detalló que en Misiones existen entre 27 y 30 colegios profesionales, todos creados por ley provincial. De esta manera, el Estado misionero tiene la facultad de crear una matrícula profesional, “se denomina facultades reservadas o no delegadas”, es decir, “puede determinar la habilitación de una profesional dentro del territorio provincial, y luego a través de leyes especiales delegar esta función a los colegios profesionales”, explicó.

En ese sentido, López Forastier señaló que, en el caso del colegio de abogados, no tiene como única función la matrícula y el cobro de su costo, sino que además se encarga de los controles disciplinarios, de defender derechos colectivos de sus matriculados y presta servicios.

El entrevistado además contó que a nivel nacional “existen 83 colegios de abogados en el país, nucleados en la Federación Argentina de Colegio de Abogados (FACA), 82 de ellos fueron creados por leyes provinciales, salvo el Colegio público de la Capital Federal, que sería el único que podría ser alcanzado por esta norma”.

Cabe mencionar que esta semana los integrantes de la Federación misionera de Colegios y Consejos profesionales se reunieron para analizar el proyecto impulsado por Nación.

De qué se trata el proyecto

El proyecto fue presentado por la diputada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano y plantea una modificación al Decreto 2293/92.

La propuesta elimina la obligación de matricularse en los colegios profesionales y establece la creación de un Registro Nacional de Profesionales bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, dejando sin efecto las cuotas obligatorias y reduciendo a los colegios a meras entidades administrativas.