El Ministerio de Salud Pública abonó más de $185 millones por el servicio tercerizado de seguridad del primer trimestre del año, a una empresa de seguridad que pertenecería al mismo propietario de otras empresas que prestan estos servicios en hospitales y CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) de Misiones y acumulan cientos de millones facturados en lo que va del año.

La información aparece publicada en el Boletín Oficial N° 16.348, publicado este miércoles 7 de mayo.

El Decreto N° 464, firmado por el gobernador Hugo Passalacqua el pasado 25 de Marzo de 2.025, como otros similares, consta de dos artículos.

En el Artículo 1°, se reconoce “el gasto desde el 1° de Enero de 2.025 y hasta la fecha del presente Decreto” y se aprueba y autoriza “a la Dirección del Servicio Administrativo de Salud Pública, Prevención de Adicciones y Control de Drogas a efectuar desde la fecha del presente Decreto y hasta el 31 de Marzo de 2.025 una contratación directa con la firma ‘SINA S.R.L.’, para la prestación del Servicio de Seguridad y Vigilancia con destino a los efectores y por los montos que se detallan a continuación, de conformidad a la propuesta de fs. 02/03 y los Pliegos de Cláusulas Particulares obrantes a fs. 05/16, encuadrando el procedimiento en los Arts. 44° y 85° apartado 3, inciso d) y su último párrafo, de la Ley VII - N° 11 (antes Ley N° 2.303)”

El decreto confirma el monto total pagado a la empresa Sina SRL, que es de $ 185.633.022,06 e informa sobre los hospitales y efectores de salud en los que la firma prestó el servicio.

De acuerdo con el documento, el MSP pagó por este servicio de seguridad adquirido sin licitación pública, en montos trimestrales: $19.100.102,46 (Hospital Monoclínico de Geriatría);

$12.733.401,63 (Hospital Concepción de la Sierra);

$6.366.700,86 (C.A.P.S. Azara);

$6.366.700,86 (Hospital San José);

$6.366.700,86 (Hospital San Javier);

$55.178.073,72 (Hospital Leandro N. Alem de Autogestión);

$54.054.538,32 (Hospital Jardín América de Autogestión);

$12.733.401,63 (Hospital Puerto Rico);

$6.366.700,86 (Hospital Capioví); y

$6.366.700,86Hospital Colonia Delicia)

El artículo 2° es puramente de forma y autoriza a la Dirección del Servicio Administrativo de Salud Pública, Prevención de Adicciones y Control de Drogas a la liquidación y pago a favor de la firma mencionada en el artículo 1°, con cargo a la partida (…)” del Ministerio de Salud Pública, por “Servicios no Personales”.

Fuentes consultadas, con acceso a las reuniones que mantuvieron los empleados nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores de la Seguridad (SUTRAS) con el ministro de Hacienda Adolfo Safrán, señalaron que el propietario de Sina SRL, es el mismo que el de Ser.com, otra firma que presta servicios tercerizados de seguridad y de limpieza en hospitales y efectores de salud.

Como propietario de esta firma, aparece el empresario Mauricio Ramón Procacci, quien a su vez, estaría al frente de una tercera empresa, homónima “Procacci Mauricio Ramón”. Es decir, los decretos de contratación directa, reconocimiento de abonos y otros similares en favor de cualquiera de estas tres empresas, formaría parte del mismo grupo económico, y el mismo propietario real.

En el mismo boletín oficial de ayer, de hecho, aparece el Decreto N° 465, firmado el mismo día que el anterior decreto en beneficio de Sina SRL, el 25 de marzo pasado.

Ese instrumento legal, en su Artículo 1° reconoce “el gasto de legitimo abono a favor de la firma “PROCACCI MAURICIO RAMON”, la suma total de ($ 28.046.149,80), por la prestación de Limpieza Integral de las instalaciones del Hospital Público S.A.M.I.C. Alem de Autogestión, durante los meses de Octubre y Noviembre de 2.024, según Acta de Recepción N° 002/25 (fs. 06) y Facturas “B” N° 00003-00000246 (fs. 04) y “B” N° 00003-00000247 (fs. 05) por ($ 14.023.074,90) cada una” y se reapropia “el gasto al presente ejercicio financiero encuadrando el procedimiento en los Artículos 44° y 80° de la Ley VII - N° 11 (antes Ley 2.303).”

Como viene informando Agencia Hoy respecto de estos decretos que habilitan contrataciones directas y otros pagos a empresas que prestan servicios tercerizados de seguridad, limpieza y otros en hospitales y CAPS, se invoca algunos artículos de la Ley de Contabilidad General. Sin embargo, la interpretación o el contenido de estos artículos de la Ley VII – N° 11 no habilitarían esas erogaciones sin licitaciones públicas.

Por ejemplo, el artículo 85° apartado 3, inciso d, de la Ley de Contabilidad General, sostiene que podrá evitarse la licitación pública, “cuando circunstancias imprevisibles o razones de urgencia debidamente fundadas, no permitan esperar la gestión de una licitación (…)”

El párrafo final de ese artículo sostiene que las “causales de excepción para realizar contrataciones directas que así lo requieran, deberán ser razonadamente fundadas, bajo responsabilidad exclusiva de la autoridad con competencia para contratar que las invoca. Esta autoridad, ejerce así la facultad excluyente de determinar el mérito, oportunidad o conveniencia del acto.”

Nada de esto se cumple con los servicios esenciales de limpieza y seguridad de los hospitales misioneros, que siempre recaen en el mismo puñado de empresas.