El Gobierno ultraderechista de Javier Milei avanzó este martes formalmente en la reconfiguración del sistema legal para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General de la Nación, eliminando la mayoría de los controles de la sociedad civil que tenía el proceso de selección.
Según publicó el portal LPO, la modificación, que representa otro retroceso institucional del gobierno libertario, se instrumentó cuando el caso de corrupción por el que se investiga al Jefe de Gabinete Manuel Adorni toca otro pico de indignación libertaria.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, fue el impulsor del cambio que contempla la eliminación de los tres artículos que garantizaban intervención de la sociedad civil en la designación de los jueces de la Corte Suprema. Además, se suprime la publicación en diarios de circulación nacional y se incorporan plazos más cortos para el trámite.
El decreto “agiliza” el proceso a costa de eliminar toda la arquitectura de control ciudadano e institucional (ONG, colegios, academia, prensa) y el Presidente queda con el poder de designar con mayor velocidad y menor escrutinio público de la Corte Suprema de la Nación.
Otro dato no menor: se impone un límite de cinco días al ARCA por el secreto fiscal y se elude cualquier mención al cupo de diversidad de género o procedencia regional.
De acuerdo con Noticias Argentinas, mediante la publicación del Decreto 467/2026 en el Boletín Oficial de hoy, la administración de Milei dispuso una profunda reforma sobre los históricos decretos 222 y 588 del año 2003 – los que firmó el expresidente Néstor Kirchner–, flexibilizando los requisitos y suprimiendo etapas administrativas previas al envío de las postulaciones para los cargos mencionados.
La normativa, firmada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, elimina el filtro de exposición y observaciones ciudadanas que antes se desarrollaba bajo la órbita de la cartera judicial antes de la nominación formal.
El nuevo esquema deroga la obligación de publicar las candidaturas previamente para que sean de conocimiento público. A partir de ahora, la difusión de las hojas de vida y antecedentes de los aspirantes se canalizará exclusivamente mediante el Boletín Oficial y los portales web del Ministerio de Justicia, acortando sensiblemente los tiempos del trámite.
Bajo esta nueva modalidad, los nominados contarán con un margen de cinco días para aportar sus declaraciones juradas patrimoniales detalladas, alcanzando tanto los bienes propios como los de sus cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, bajo los parámetros de la Ley de Ética Pública.
Otro de los puntos impacta en el rol de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si bien el Ejecutivo conservó la exigencia de evaluar el comportamiento impositivo y previsional de los postulantes, el nuevo texto establece por primera vez un tope máximo de cinco días para que el organismo fiscal elabore sus informes correspondientes, remarcando la obligación de preservar el secreto fiscal del candidato bajo análisis.
Finalmente, en términos de representatividad, el decreto firmado por Mahiques omitió replicar los criterios de sugerencia que contenía el texto original del año 2003, los cuales instaban al Presidente de la Nación a evaluar variables de diversidad de género, especialidades jurídicas y procedencia geográfica de los postulantes a la hora de estructurar la composición del tribunal supremo.
El telón de fondo de esta decisión está vinculada la reunión secreta que Milei tuvo con Ricardo Lorenzetti esta semana, revelada en exclusiva por LPO. En ese encuentro el magistrado y el presidente acordaron impulsar a dos nuevos jueces para completar la integración de la Corte Suprema, que en caso de concretarle le permitiría a Lorenzetti consolidar una nueva mayoría en el máximo tribunal.
El control de la Corte Suprema es estratégico para cualquier gobierno, más aún, cuando una administración tiene a varios de sus principales funcionarios, imputados en causas por corrupción, como es el caso del gobierno ultraderechista: Milei es el principal sospechoso en la causa por la criptoestafa Libra; la secretaria general de la presidencia Karina Milei está implicada en la causa por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad; y el Jefe de Gabinete Manuel Adorni está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y dádivas, entre otros delitos.
