En un claro desafío a las políticas de ajuste y desfinanciamiento de la universidad pública que lleva adelante el gobierno ultraderechista de Javier Milei, un grupo de diputados opositores impulsan una nueva ley de Financiamiento Universitario, como el que fuera vetado el año pasado, con el apoyo de un tercio de la Cámara baja. El proyecto fue elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional y presentado en una reunión que organizó la diputada nacional Blanca Osuna en conjunto con legisladores de los bloques de UP, EF, DpS, UCR, FIT y la CC en la que recibieron a autoridades de universidades, sindicatos, docentes y estudiantes.

De acuerdo con el portal Parlamentario, la diputada Osuna durante el encuentro en la Cámara de Diputados, explicó que la idea es pedir el emplazamiento a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda en la sesión oficializada para el 4 de junio. De conseguir el quórum y el voto afirmativo, pedirán que el 10 de junio se realice una reunión conjunta de carácter informativa para poder dictaminar el 11 de junio e ir al recinto, unos días más tarde, el 19 de ese mes.

Durante el 2024, el tema había unido a distintos sectores de la oposición en una media sanción que fue votada en Diputados el 15 de agosto, y se sancionó finalmente el 13 de septiembre en el Senado. Sin embargo, el Gobierno vetó la norma que luego fue blindada en el Congreso por el oficialismo gracias al apoyo de aliados con 159 votos afirmativos, 85 negativos y 5 abstenciones el pasado 9 de octubre.

Cabe recordar que en ese blindaje al veto de Milei fue respaldado por la totalidad de los diputados por Misiones: el radical “con peluca” – y profesor universitario – Martín Arjol, la puertista liberticida Florencia Klipauka y el bullrichista Emmanuel Bianchetti, votaron en contra de dejar sin efecto ese veto. Mientras que los renovadores Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Alberto Arrúa, se abstuvieron, favoreciendo al veto de Milei.

 Es un hecho consumado que ninguno de los legisladores misioneros colaborará con el quorum para este proyecto, ello pese a que, el año pasado, los renovadores y Arjol –antes de pasarse al oficialismo ultraderechista– votaron a favor del primer proyecto que aseguraba el financiamiento de las universidades públicas.

En la presentación del proyecto, la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Osuna explicó: “Estamos frente a un gran desafío, frente al conflicto que genera el desfinanciamiento de la educación. Que se contribuya a que efectivamente la toma de conciencia sobre el valor de la educación, sobre el sentido de la democracia, lo que significan los derechos, no se vacíen de contenido, estamos en ese punto y riesgo”.

“Que el cumplimiento y materialización de estas definiciones sobre educación, derechos y democracia, al diluirse en una práctica que trae consecuencias que es el desfinanciamiento, la destrucción de políticas activas, de algún modo, culmine con el descreimiento total por el sentido de la democracia”, alertó la legisladora.

En esta línea, la entrerriana sostuvo: “Celebremos la política en el marco de lo son, de lo que deben ser las mejores negociaciones para los mejores procesos políticos que deben en beneficiar en este caso a estudiantes, docentes, etc. Una apelación solidaria porque en momentos donde la crueldad y la violencia pretenden imponerse, hay que ratificar un abrazo integral a todo el sistema educativo”, sostuvo.

“El sistema educativo son más que las universidades, vale la pena insistir porque el sistema educativo son las universidades que son punta de lanza y terminan con los niños que recién empiezan la escuela, con maestros mal pagos, con escuelas que se caen, con falta de programas, ese sea el mayor desafío en nuestras manos poder vertebrar toda la potencia posible para darle sentido a las negociaciones y acuerdos con la mayor altura, en contrario a la coacción y aprietes”, recalcó Osuna.

La diputada explicó que presentaron una solicitud para que la comisión la integren legisladores de distintos bloques porque “ese es el otro valor a destacar, la diversidad de la representación nos da fuerza y lo hemos hecho reclamando ante al presidente de la comisión de Educación y el de Presupuesto y Hacienda que se traten los proyectos que obran en este cuerpo vinculados al financiamiento a la educación superior, por sobre todo a las universidades”.

A su turno, la vicepresidenta segunda de la Comisión de Educación, Danya Tavela, comentó que la idea es “poder visibilizar el conflicto por el cual atraviesan las casas de altos estudios y todo el sistema educativo y poder ponerle letra a la falta de presupuesto que nos ocupa por segundo año consecutivo”.

“En el marco de la unidad y el federalismo tenemos una representación amplia del sistema universitario de todo el país y esto nos da fortaleza en el debate y discusión de lo que se viene dentro en el Congreso y la sociedad”, adelantó.

Y remató: “Hay que hacer unos kilómetros de los principales centros urbanos para desatacar el valor que tiene la universidad dentro de cada sociedad, el impacto que tiene la universidad argentina en casa región y las posibilidades de futuro. Queremos defender al sistema de los ataques que tiene y construir un futuro que se construye con igualdad de oportunidades, justicia y a partir de tener esa herramienta de la posibilidad de acceder a la educación para emprender el camino individual de la vida”.

Por su parte, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Oscar Alpa, comentó: “Decidimos armar un proyecto para transmitir al Congreso que, desde la reforma universitaria, el no arancelamiento, la ceración de universidades, que pueda a llegar que tengamos hoy a más de 2 millones de estudiantes, 50 mil son de universidades públicas. Es el Congreso el que crea las universidades, el que interviene, el que financia y audita por eso nos debemos como tal”.

“La educación universitaria es el futuro de nuestro país, por lo tanto, el financiamiento del sistema universitario es pensar qué futuro de país queremos. Es un sistema tan eficiente y eficaz, con calidad de nuestros graduados y que lamentablemente del histórico 0,8%, que siempre esperamos llegar al 1% del PBI, hoy tenemos el 0,45% de esa inversión, esa pérdida del tercio”, detalló.

Alpa indicó: “Este proyecto muestra que la universidad pública argentina, es sistema, está unido para seguir debatiendo y en esa discusión de futuro de qué país queremos. La universidad argentina es pública, es no arancelada y buscando lo que implica un sistema de becas totalmente desactualizado”.

Así, agradeció y recordó la Ley 27.757 del año pasado que fue finalmente vetada por el Gobierno: “Fue una ley que, por el sistema constitucional, luego fue vetada, pero tuvo su aprobación de parte de diputados y senadores con una alta aprobación que es la representación del pueblo argentino a través de los representantes del Congreso”.

“Hoy queremos insistir, pero insistir inclusive con alguna alternativa de fuente de financiamiento”, remarcó y sumó: “Esta propuesta que estamos haciendo es similar en cuanto a que recordemos que se ha perdido el 33% de porcentaje de salario real docente y no docente”.

“Hubo una actualización que implicó poner al día respecto de la inflación del 2023, pero ahora no falta el 118% de la inflación del año pasado que, inclusive, por la forma que se distribuyó este presupuesto prorrogado en los primeros cuatro meses de este año estamos recibiendo las universidades nominalmente un 30% menos nominalmente”, indicó.

En esa línea, señaló que “también está la propuesta de actualización desde aquel momento manteniendo el equilibrio fiscal sin creación de impuestos. Es buscar una forma de asignación directa de los ingresos para que tengan una base para el sistema universitario, que la base del último presupuesto aprobado del 2023. Esa es la propuesta sin tocar absolutamente ni un impuesto ni coparticipación que le corresponde a las provincias”.

“Desde noviembre 2023 hasta enero del 2025 en números redondos con un 180% de inflación, los aumentos salariales fueron del 90% con lo cual hubo una pérdida del 90%, pero los ingresos tributarios aumentaron 210%, o sea, que ahí también es otra fuente de financiamiento que es el ingreso real de los impuestos tributarios sobre el ingreso prorrogado”, explicó.

También comentó que proponen un fondo para las carreras estratégicas, para que haya becas para que haya presupuesto, para esas carreras. “Seguimos trabajando en un sistema universitario público que esté pensando en las políticas de nuestro país. Es un aporte para que podamos tener una ley que asegure lo que dice la constitución respecto de la autonomía y autarquía universitaria”, cerró.

A su turno, el representante de la Federación Universitaria Argentina, Joaquín Carballo, gremio que nuclea a estudiantes del país, indicó: “Tenemos un sistema universitario con carácter federal por eso discutir esto en el Congreso está a tono. Quisiéramos que esta situación con las universidades estuviese resuelta, pero lamentablemente en 2024 nos encontramos con un veto presidencial, luego de que sea aprobada en ambas cámaras. Es una clara postura del gobierno de dónde está puesta la prioridad”.

“Un país que se precie de tal, no puede no invertir en educación si piensa que tiene que estar en la senda del desarrollo. Me pregunto cuál es el modelo de desarrollo que está mirando el Gobierno nacional. Eso nos preocupa”, criticó y sumó: “Hay una situación crítica con las becas universitarias que en muchos lugares se utilizan en cada una de las áreas donde un estudiante tiene que destinar su presupuesto. Hoy hablamos de dos becas nacionales PROGRESAR y Manuel Belgrano congeladas en $35 mil y $81 pesos”, remató.