El gobierno ultraderechista del presidente Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo enfrenta crecientes dificultades para financiarse y mantener el valor del dólar, tras la liberación parcial del cepo cambiario, y este martes, se difundió un decreto que obliga a todos los organismos públicos y entes autárquicos a comprar bonos del Tesoro con sus excedentes. En otras palabras, la medida busca financiar al Gobierno a tasa cero.

Según informó el portal LPO, la medida alcanza a la Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social y empresas y sociedades del Estado, entes públicos y fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y fondos del Estado nacional. 

Esa decisión de Caputo y Milei implica apropiarse de fondos coparticipables que pertenecen a las provincias. Solo para citar un ejemplo, ARCA ahora tiene más de 700 mil millones de pesos de excedentes que deberán ser invertidos en bonos del Tesoro, pero la mitad correspondería a las provincias que no reciben un peso por esa inversión.

“Son el excedente de la compatibilización, con lo cual la mitad de la plata es de las provincias”, indicó el ex titular de Aduana, Guillermo Michel, en una entrevista concedida a América.

En ese contexto, resulta llamativo que los gobernadores que se reunieron esta semana en el CFI para protestar contra el gobierno de Milei, no intimen a la Nación por esta discrecionalidad en el manejo de fondos que les corresponden. Tras la reunión en el Consejo Federal de Inversiones, los mandatarios provinciales, incluido el aliado de la Casa Rosada, Hugo Passalacqua, firmaron un documento para impulsar una ley que modifique el reparto del ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos), que el gobierno nacional se queda y desvía de su finalidad legal, que es el mantenimiento y refacción de las rutas nacionales.