Política
Bullrich anunciará reformas en la Policía Federal por medio de un DNU de dudosa legalidad
Este martes, junto al presidente ultraderechista Javier Milei, la ministra de seguridad anunciará una profunda y controvertida reforma de la Policía Federal, que incluiría facultades excepcionales como las detenciones sin orden judicial, las contrataciones sin licitación y cambios operativos por decreto, sin pasar por el Congreso.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunciará este martes una controversial reforma de la Policía Federal, que le daría a la fuerza facultades inusuales e, incluso, facilitaría contrataciones directas esquivando las licitaciones. Al parecer, la iniciativa no pasaría por el Congreso y se concretaría por decreto de necesidad y urgencia, como casi todas las medidas del gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei
De acuerdo con lo
informado por medios periodísticos, Bullrich planteará un nuevo rol y
“modernización” de la Policía Federal como el ‘nuevo FBI argentino'’, es decir
una fuerza de élite dedicada a la investigación del crimen organizado y
transnacional, y no a la persecución de delitos menores o control del tránsito.
Algunos cambios serán
controversiales como la detención de personas que no puedan acreditar su
identidad por un lapso de tiempo o hacer requisas sin aval judicial. Es decir,
se avanzará en medidas inconstitucionales, propias de un régimen dictatorial.
Según el portal Parlamentario, a esos temas espinosos se suma que la reforma
saldría por decreto de necesidad y urgencia (DNU), según trascendió.
El anuncio de la
reforma a la Ley Orgánica de la Policía Federal (de 1958, cuando Argentina era
gobernada por una dictadura) está previsto para este martes y estará a cargo de
la propia Bullrich en un acto encabezado por Milei. Está previsto para las
14.15 en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en Cavia 3300, en el barrio
porteño de Palermo.
La ministra planea
habilitar contrataciones sin llamados a licitación, sorteando así leyes
vigentes que prohíben ese formato en el Estado nacional, que posibilita
maniobras de corrupción en el Estado.
El otro problema
es que la propuesta de Bullrich avanzaría sobre el Código Penal y leyes
procesales, materia que le competen al Congreso nacional y, si lo hace por DNU,
no se cumple con el requisito constitucional de este tipo de decretos, es
decir, la urgencia. Como el Congreso está sesionando, es imposible alegar
razones de “necesidad y urgencia”.