El gobierno ultraderechista del presidente Javier Milei y su ministro de desregulación Federico Struzenegger impulsan un proyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, que, entre otros puntos, suprime artículos de la Ley 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura, que definen el papel del Estado en la promoción del libro y de la lectura.
Se trata del segundo intento en este sentido en poco más de dos años y la reforma no fue solicitada por ninguno de los actores relevantes de la cadena, es decir, autores, editores, distribuidores, libreros, promotores de la lectura. Al respecto de este proyecto que entraña serios peligros para las pequeñas editoriales y bibliotecas, la antropóloga Lidia Schiavoni, referente de la Biblioteca Popular Posadas, advirtió en diálogo con LT4 y Agencia Hoy, que, de aprobarse, arrojaría a los productores y distribuidores de libros a una “ley de la selva”, donde quedarán a merced de grandes cadenas de edición y comercialización de libros.
La magister en Antropología Social destacó el papel de la BPP, no sólo en la preservación de la producción cultural de la zona, sino también “para el intercambio de libros”, haciendo de la biblioteca, un “espacio de referencia para los niños y para ir metiéndose en el mundo de la lectura. Y también la serie de complementarias que se hacen en la biblioteca, como actividades artísticas, el cineclub y otras cuestiones que hacen a que nos sigamos manteniendo vivos, en el espacio de la cultura”, sostuvo.
Con respecto a la derogación de la Ley del Libro, Schiavoni explicó: “Lo grave en estos casos es que vamos participando de una serie de medidas que toma el Gobierno Nacional que tienen que ver con limar los logros que se habían alcanzado a nivel de la defensa, de la producción del material bibliográfico”.
Derogar la norma, es “una suerte de tirarnos a la ley de la selva, donde el más fuerte puede (prosperar) y el más chico queda al margen. Esta ley que se intenta derogar es una ley que trata de equilibrar el precio del valor de un libro, sea el mismo, no importa desde dónde se venda, si sea el quiosco, la librería pequeña, el supermercado o esas grandes ‘monstruo’, que trabajan en múltiples rubros, entre ellos los libros; o librerías muy grandes que tienen otros márgenes de maniobra”, detalló Schiavoni.
“Entonces, esta ley protege tanto a quien produce los libros, porque le garantiza que su libro va a cotizar lo mismo, no importa desde dónde se venda ni en qué lugar del país, por eso se fija un precio estable, sino que también atenta contra quienes son los que hacen circular los libros. Es el caso de las librerías grandes y pequeñas”, ejemplificó la antropóloga.
A los libros los “pensamos como reserva de conocimientos”, y como “manera de hacerlos accesibles a todos”
Al respecto, la referente de la BPP puso de relieve la gran cantidad de librerías que existen en Posadas, donde hay al menos 12 grupos de clubes de lectura, que “circulan en esta ciudad y nos dan la pauta de la importancia que tienen los libros para los posadeños y para los misioneros.”
“En ese aspecto (la derogación de) ley lo que viene a dejar librado a su propia suerte, el precio de un libro. Y quita espíritu democrático a lo que sería el acceso al libro”, advirtió Schiavoni sobre los efectos de una desregulación que podría fundir a las pequeñas editoriales y bibliotecas, que no podrán competir con los precios y las estrategias de “dumping” (bajar precios para eliminar a la competencia) que podrán llevar a cabo las grandes cadenas de comercialización y las grandes editoriales.
En esa línea, Schiavoni enfatizó: “Desde ese lugar nosotros como biblioteca que no solo intentamos preservar esta producción bibliográfica, sino poner en circulación lo más pronto posible y del modo más dinámico la producción de los libros.”
Repreguntada sobre la cuestión implícita en la derogación que impulsa el gobierno de Milei, que es concebir al libro como una mercancía más, Schiavoni aclaró: “Tenemos un gobierno que ha transformado el derecho a la salud en una mercancía y estamos librados a lo que te quieran cobrar por tu salud, (entonces) el acceso a los libros les debe parecer como un aspecto absolutamente secundario, intrascendente”.
“Nosotros que jugamos en la cancha de los libros, le damos otra importancia y también los pensamos como reserva de los conocimientos, como manera de hacer accesible a todos. Es muy duro como mensaje, el decir ‘derogamos esta ley, porque no sirve para nada’”, subrayó Schiavoni.
“Es realmente preocupante cuando uno lo piensa en términos de las limitaciones que implica al mundo de lectores. Acá lo pienso como lectora y lo pienso también como parte del equipo responsable de gestionar la Biblioteca Popular Posadas”, dijo la antropóloga, planteando que en la feria del libro del mes de mayo, se encontraron con gran número de clubes de lectores en Posadas.
Un pedido a los legisladores por Misiones
Para la investigadora, esa circulación de libros fue posible porque “hay un acceso razonable al libro, hay una circulación y estamos protegiendo esa producción intelectual y también esa producción material que nos permite poner en circulación (los libros) Es realmente grave y yo creo que cuando uno piensa la responsabilidad de los políticos que nos representan a nivel nacional: ¿son conscientes cuando levantan la mano por un sí o por un no de lo que implican estas, en este caso la derogación de esta ley? Yo quiero pensar que sí y quiero pensar que quienes nos representan están ahí porque conocen su responsabilidad”, planteó Schiavoni.
“También apelo a que reflexionen profundamente cada vez que levantan la mano para derogar una ley como esta o para defenderla. Porque acá es donde me agarra el espíritu ‘misionerista’ fuerte. ¿Qué mensaje le damos nosotros a los misioneros? Y acá me hago cargo tanto en mi profesión como antropóloga y lo que ha sido mi rol como docente y como investigadora. Los libros son imprescindibles para nuestra vida”, subrayó Schiavoni. Y agregó: “Estamos en una sociedad donde la lengua escrita es fundamental y creo que tenemos que ser militantes de esto, en la defensa y en el acceso a ese material.”
Sin olvidar la importancia de la BPP, como “acervo de la cultura regional muy importante”, por los libros históricos existentes en la entidad –como el anuario de los 100 años de la independencia de Paraguay editado en 1911–, Schiavoni puso de relieve que defender la Ley del Libro vigente, implica defender identidad y la cultura de la región. “Estamos defendiendo también estas cosas. Si en un momento esto se produjo y quedó, estos lectores actuales son los que nos ayudan a nosotros a sostener esta biblioteca centenaria”, reflexionó.
“Desde ahí asumimos un compromiso de militante social, frente a la defensa del derecho al libro, a la defensa de un libro que se venda en todos los lugares con el mismo precio, no importa el carácter del que lo expende. Y que tenga un valor significativo”, precisó Schiavoni, quien aclaró que la BPP es, por ejemplo, punto de venta de la editorial de la Universidad Nacional de Misiones. “Hay una producción local importante, interesante, que sale a la luz y somos responsables de ponerla en circulación.”
Por último, Schiavoni volvió a reivindicar el derecho de los lectores misioneros y argentinos, y la democratización de los libros: “Acompañamos esta militancia por el acceso al libro y por la defensa de un libro para todos, a un precio justo.”
El pronunciamiento de entidades en defensa de la Ley del Libro
Con respecto al debate por la derogación de la Ley del Libro que impulsa La Libertad Avanza en el Congreso, en la víspera se conoció una carta abierta de entidades, en defensa de la normativa vigente.
“El Poder Ejecutivo ha circulado un proyecto legislativo que apunta a derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y suprime artículos de la Ley 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura, que precisan el papel del Estado en la promoción efectiva del libro y la lectura. Es el segundo intento en poco más de dos años. Ninguno de los actores relevantes de la cadena -autores, editores, distribuidores, libreros, promotores de la lectura- lo ha solicitado, ni ahora ni antes. No hay un mercado cautivo esperando ser liberado.
El Estado no fija el precio de ningún libro. Lo fija el editor o el importador, en ejercicio de su autonomía, y la ley solo garantiza que ese precio se respete de manera uniforme en toda la cadena minorista. No es un precio administrado ni una planificación cultural: es una regla que impide que el libro se use como “producto gancho” para capturar el mercado. Es, además, la regla que rige en Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, Japón y Corea del Sur.
En América Latina, los referentes del libro de distintos países trabajan desde hace años por una norma de esta naturaleza, y en México por su cumplimiento efectivo. La Argentina se dispone a marchar en dirección contraria a la región y al mundo, desmantelando lo que otros procuran construir.
Si nuestra vida cultural, literaria e intelectual es reconocida en toda la geografía de nuestra lengua y más allá de ella, se debe en buena medida a una red amplia y diversa de librerías. Son librerías que seleccionan cuidadosamente su catálogo, lo acercan a sus lectores en cada ciudad, en cada pueblo, y sostienen un sinfín de actividades culturales. Esa red es la que hace viable la existencia de centenares de editoriales pequeñas y medianas, y son esas editoriales las que publican a los nuevos autores y autoras.
La experiencia internacional desmiente la promesa oficial. Donde se derogó el precio uniforme, los libros no bajaron. En Suiza, el estudio que encargó la Secretaría de Estado de Economía tras la derogación de 2007 no halló cambios significativos en los precios. En el Reino Unido, los índices oficiales muestran que, tras la caída del Net Book Agreement en 1995, los precios de los libros crecieron por encima de la inflación general, pese a descuentos más amplios y profundos. Lo que sí ocurrió fue el retroceso de la librería independiente y el desplazamiento de la venta hacia cadenas y canales no especializados. Australia, que puso fin al acuerdo de precio fijo en 1972, vio caer su red de librerías de 2.879 a 1.457 entre 2013 y 2023, y hoy discute públicamente la regulación de los precios del libro.
Y cuando el canal librero se debilita, la pérdida se reparte: los lectores pierden un espacio de referencia y recomendación; las ciudades, uno de sus motores culturales; las editoriales, dónde mostrar y comercializar lo que publican; los libros de circulación lenta, su tiempo en el estante. Y los nuevos autores y autoras -los consagrados de mañana- donde ver sus obras publicadas y valoradas.
Por todo ello, y con el consenso unánime de la cadena del libro, las entidades y las personas abajo firmantes rechazamos la derogación de la Ley 25.542 y de la modificación de la Ley 25.446.
Una red de librerías, y la vida cultural en torno a ellas, puede tardar décadas en formarse, y muy poco en perderse.”
La carta abierta lleva las firmas de la Cámara Argentina del Libro (CAL); Cámara Argentina de Publicaciones (CAP); Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA); Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA); Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI); Cámara de Librerías independientes de Rosario (CALIR); Cámara de Librerías, Papelerías y Afines de La Plata. Cámara de Libreros y Editores Independientes (CALEDIN); Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina (CADRA); Union Argentina de Escritoras y Escritores (UEE); Sociedad Argentina de Escritores (SADE); PEN de Argentina. Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (SEA); Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina (ALIJA); Colectivo LIJ; la Asociación de Dibujantes de Argentina (ADA); Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA); Carrera de Edición de la Universidad de Buenos Aires; Centro de Estudios y Políticas Publicás del Libro (EIDAES-SCCyT, UNSAM); y la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA).
