El Ministerio del Agro y la
Producción de Misiones convocó a una reunión interinstitucional para
profundizar el abordaje del contrabando de tabaco en la frontera noreste, una
problemática que -según el diagnóstico técnico elaborado por la Subsecretaría de
Tabaco- alcanzó niveles históricos y compromete tanto la economía de miles de
familias productoras como la recaudación fiscal del Estado nacional.
El informe señala que solo en la
última campaña tabacalera se produjo una fuga superior al 53% de la cosecha
provincial: de los 28,2 millones de kilos estimados, apenas 13,2 millones
ingresaron al acopio oficial, mientras más de 15 millones de kilos fueron
desviados al circuito ilegal. Esta caída impactó directamente en el coeficiente
de distribución del Fondo Especial del Tabaco (FET), que pasó del 21,38% al
16%, afectando la obra social y los ingresos complementarios de más de 52.000
personas beneficiarias.
La reunión contó con la
participación del subsecretario de Tabaco, Carlos Pereira; el subsecretario de
Planificación, Leonardo Amarilla; el director nacional de Delitos
Transfronterizos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Lic. Juan Benaglia;
representantes de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, la
Dirección General de Aduanas/ARCA, la División de Investigación de Delitos de
la Nación y jefes de la Policía de Misiones.
El objetivo fue revisar datos,
coordinar criterios de actuación y avanzar en un plan que refuerce la presencia
del Estado sobre los corredores terrestres y fluviales donde se consolidó un
sistema de contrabando de escala transnacional.
El diagnóstico técnico presentado
por la provincia remarca que entre 2020 y 2023 el volumen de tabaco crudo
contrabandeado hacia Brasil pasó de 5.000 a casi 10.000 toneladas, duplicando
la magnitud del delito en apenas cuatro años.
La operatoria criminal incluye
acopios clandestinos ubicados en zonas ribereñas, transporte terrestre por
rutas nacionales y caminos secundarios, y un intenso uso de embarcaciones
pequeñas para cruzar el tabaco por los ríos Paraná y Uruguay, especialmente en
puntos críticos como Panambí y El Soberbio.
La demanda brasileña, sumada a
los pagos en efectivo y al tipo de cambio más conveniente, profundizó la fuga
de producción desde las chacras misioneras hacia compradores ilegales.
En este contexto, Carlos Pereira
afirmó que “los datos son contundentes: más de la mitad de la producción
misionera está siendo captada por redes delictivas que operan con logística
transnacional. Esto desfinancia a la provincia, erosiona el FET y deja en
situación de vulnerabilidad a miles de familias que dependen del sistema
formal. Esta mesa busca ordenar una respuesta conjunta que esté a la altura de
la gravedad del problema”.
Por su parte, el ministro Facundo
López Sartori subrayó la necesidad de una intervención coordinada: “Misiones
viene haciendo su parte con un protocolo riguroso, trazabilidad digital y
controles permanentes, pero estamos frente a un delito federal que excede
nuestras capacidades. Esta reunión marca un paso clave para reforzar el trabajo
interinstitucional y construir una estrategia que permita recuperar el control
en rutas y ríos”.
Durante el encuentro se repasaron
las medidas previstas en el Protocolo Provincial de Traslado y Acopio, que
incluye la trazabilidad por QR, la prohibición del transporte nocturno, el
registro obligatorio de vehículos y conductores, y el fortalecimiento de los
controles en zonas ribereñas. Las fuerzas federales aportaron información sobre
operativos recientes, necesidades tecnológicas y propuestas para optimizar la
vigilancia en los puntos de transbordo, incluyendo la incorporación de drones
de monitoreo y patrullajes coordinados.
Como resultado de la reunión, se
acordó continuar el trabajo de prevención y coordinación para la próxima
cosecha, reforzando los mecanismos de control y profundizando el intercambio
operativo entre fuerzas provinciales y nacionales.
El Ministerio del Agro destacó
que el objetivo es claro: proteger el ingreso de los productores, recuperar la
recaudación del FET y garantizar que el Estado esté presente en una frontera
donde el delito organizado encontró una oportunidad.
