Esta semana, el gobierno ultraderechista de Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo, salió a celebrar el “superávit fiscal” del mes de marzo, sin embargo, el dato, lejos de reflejar una mejora en el balance entre ingresos y egresos de las cuentas públicas, expone un resultado poco sostenible: estuvo basado en postergar pagos de obligaciones legales y los ingresos extraordinarios de las privatizaciones en marcha.
Según informó el portal LPO, Economía informó esta semana un superávit financiero de $484.789 millones. El resultado primario fue de $930.284 millones y, tras descontar $445.495 millones de intereses de deuda, se llegó al saldo final. En el acumulado, el superávit equivale al 0,2% del PBI y el primario al 0,5%, en línea con la meta pactada con el FMI de 1,4% anual.
Sin embargo, ese resultado tiene detrás un mecanismo cada vez más exigido. El economista Christian Buteler advirtió que el resultado base caja “esconde la deuda flotante de lo devengado no pagado”. En marzo, ese devengado no cancelado –es decir, las partidas proyectadas pero aún no ejecutadas–, alcanzó los $1,4 billones. Es decir, compromisos asumidos que no se pagaron y que quedan como presión hacia adelante.
El problema es que, para sostener el relato del superávit, el gobierno tiene que avanzar sobre partidas de fuerte impacto social, como las vinculadas al PAMI, Salud o Educación, además de incumplir leyes como la del impuesto al combustible líquido (ICL) o la de financiamiento universitario. En el propio gobierno, reconocen que si cumplieran con esas obligaciones, entrarían en déficit.
El problema es que, para sostener el relato del superávit, el gobierno tiene que avanzar sobre partidas de fuerte impacto social., además de incumplir leyes como la del impuesto al combustible o la de financiamiento universitario. El ejemplo más notorio es el del recorte disparó el colapso del PAMI, al que Economía le debe unos 1.000 millones de dólares, así como los recortes en subsidios al transporte abrieron una crisis por la baja de frecuencias en el área metropolitana.
Además, la combinación de ajustes de partidas nacionales con caída de la coparticipación por la baja de la recaudación vinculada a la menor actividad económica, puso a varias provincias en un situación social tan límite que el susto llegó a la Casa Rosada, que tuvo que apurar un rescate con adelantos de coparticipación.
En paralelo, los números muestran el deterioro de la dinámica fiscal. Los ingresos totales cayeron 5,1% interanual en términos reales. Los tributarios bajaron 8%, reflejando el freno de la actividad. Los no tributarios subieron 38,9%, pero impulsados por ingresos extraordinarios vinculados a privatizaciones, como las represas del Comahue.
El gasto primario, en tanto, registró una caída real cercana al 5%. Ese recorte permitió sostener el superávit, pero explica el impacto en áreas sensibles. La mejora fiscal no vino por más ingresos, sino por menor gasto, como lo sufren en carne propia, los jubilados nacionales, los trabajadores estatales –en especial los universitarios– y las familias de personas con discapacidad.
En suma, el Gobierno ultraderechista de Milei eligió priorizar la señal fiscal, un mensaje para los mercados financieros y los especuladores que poseen bonos de deuda argentina. La cuenta cierra. Pero lo hace apoyada en un ajuste que impacta en el nivel de actividad y en una deuda flotante que sigue creciendo por debajo de la línea. La pregunta ya no es si hay superávit. Es cuánto de ese número dibujado es sostenible en el tiempo.
