Este jueves se confirmó la renuncia de Paul Starc al frente de la Unidad de Información Financiera, en medio de fuertes presiones del Ministro de Economía de la Nación Luis Caputo y del titular del Banco Central Santiago Bausili para reglamentar la ley de “Inocencia Fiscal”.
La dimisión del ahora exfuncionario fue anticipada por el portal LPO, que informó que Starc era presionado por Bausili y Caputo, que lo acusaban de demorar la adecuación de las normas antilavado para que pueda aplicarse la ley que el gobierno necesita para que los ahorristas “saquen los dólares del colchón”.
Sin embargo, hay razones legales detrás de la actitud del ahora exfuncionario, que fue reemplazado por Ernesto Gaspari, un ex director de finanzas y control del Grupo Macri.
En la UIF dijeron a LPO que como la ley de “inocencia fiscal” va contra la ley de anti–lavado y que la Argentina está bajo seguimiento de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), Starc no quería modificar las resoluciones porque además podría ser inconstitucional.
"La ley de lavado choca con inocencia fiscal y no le da potestades a la UIF de regular, entonces se juega la cabeza sacando normativa contraria y se expone al ojo de GAFI", dijeron a LPO en el organismo. El ahora ex titular de la UIF había vaciado su despacho el miércoles, cuando fue al organismo sólo para almorzar.
El equipo de Starc se reunió el miércoles y también decidió abandonar el organismo. Además del titular de la UIF se fueron Eduardo De Biase, el subdirector de litigios penales y el director de Coordinación Internacional, Eduardo Muñoz. También renunció Martín Montero, el director de Análisis y los directores de despacho y de administración.
Cabe subrayar que el GAFI, o FATF por sus siglas en inglés, es un organismo intergubernamental que establece estándares globales y promueve políticas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva, protegiendo así la integridad del sistema financiero mundial.
Se trata de un organismo que fija recomendaciones, realiza evaluaciones y monitorea a los países, incluyendo listas (gris y negra) para aquellos que no cumplen con sus normas, lo que tiene impactos económicos significativos.
La Ley de Inocencia Fiscal que promovió el gobierno, fue votada afirmativamente en la Cámara de Diputados, por los siete legisladores por Misiones (Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Daniel Vancsik, Yamila Ruiz, Maura Gruber, Diego Hartfield y Emmanuel Bianchetti) y en el Senado, por los tres misioneros (Carlos Arce, Sonia rojas Decut y Martín Goerling)
Vale recordar que el proyecto introduce diversas modificaciones en el control de la evasión fiscal, a cargo de la UIF. La evasión simple se eleva de $1,5 millones a $100 millones, y la agravada de $15 millones a $1.000 millones.
Además, se establece un régimen especial para el Impuesto a las Ganancias aplicable a personas humanas con patrimonios de hasta $10.000 millones, sin control de consumos.
Asimismo, la ley incorpora pautas para la extinción de acciones penales y reduce el plazo de prescripción de obligaciones tributarias de 5 a 3 años.
