El gremio de choferes de
colectivos había anunciado un paro a nivel nacional para este miércoles en
reclamo del cumplimiento de un acuerdo paritario en el interior del país, pero
el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, dictó la conciliación obligatoria por 15 días y la medida de
fuerza quedó en suspenso.
El período dictado de
conciliación rige desde las 00:00 del 11 de febrero de 2026 y establece un
período de 15 días, durante el cual “las partes deberán retrotraer la situación
al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal de
los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a
los usuarios”, según la comunicación oficial.
El organismo nacional explicó que
la decisión se adoptó a partir de la manifestación expresa del gremio de
avanzar con medidas de acción directa que podrían afectar la normal prestación
del servicio en el interior, y tras el pedido formal efectuado por la parte
empresaria para la aplicación del procedimiento previsto en la Ley N.º 14.786.
Durante esta imposición de
tregua, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de
Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a empresas de
transporte de pasajeros del interior del país, deberán negociar un arreglo al
conflicto salarial por la aplicación del convenio paritario firmado en el Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Ya entonces había sido lanzada
una amenaza de paro, que quedó desactivada el viernes 30 de enero, al haberse
alcanzado un acuerdo en la Secretaría de Trabajo por aumentos del 4%, en línea
con lo que reclamaban los choferes, aunque en tres tramos: 1,4% en enero, 1,3%
en febrero y 1,3% en marzo.
Ahora, los trabajadores habían
advertido que, si ese acuerdo no se cumplía en el interior para este martes 10
de febrero, el miércoles habría paro.
De haberse efectivizado, hubiera
sumado su aporte a la conflictividad social en medio del debate de la reforma
laboral en la Cámara Alta, que tendrá como telón de fondo una multitudinaria
marcha convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
La controversia
“Los empresarios del transporte
de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan
insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores
superiores a los del AMBA”, señalaron desde la UTA.
Frente a este escenario, a través
de un comunicado firmado por el secretario general del gremio, Roberto
Fernández, la UTA advirtió la situación que atraviesan las provincias en
relación con las paritarias de transporte en todo el interior del país.
En ese orden, desde el gremio
señalaron que “resulta sorprendente que debamos reiterar que, en aquellas
provincias que no cuentan con una hoja de ruta definida, el análisis se limita
únicamente a cuestiones financieras o de caja”.
“Queremos saber que no es cierto
que no les alcanza”, agregaron.
Conciliación
La Secretaría de Trabajo
intervino intimando al sindicato UTA, y por su intermedio a los trabajadores
por ella representados, a dejar sin efecto cualquier medida de acción directa
que pudiera afectar la prestación del servicio de transporte automotor de pasajeros
en el interior del país, así como a abstenerse de implementar nuevas medidas de
ese tipo durante el período de conciliación.
Asimismo, convocó a las partes a
continuar con las instancias de diálogo en el ámbito de la Secretaría de
Trabajo, con el objetivo de alcanzar una solución consensuada que contemple los
intereses de los trabajadores y garantice el normal funcionamiento de un
servicio esencial para los ciudadanos.
“Debe tenerse presente que, en
todo momento, hemos procurado la paz social y la tranquilidad de todos los
sectores”, se atajaron desde la UTA, que desde fines de enero mantiene
reuniones con las cámaras empresariales del transporte público para avanzar en
las negociaciones salariales.
La réplica del Ministerio de
Capital Humano consistió en reafirmar su compromiso con el diálogo social y la
negociación colectiva, en resguardo de la continuidad de los servicios
esenciales y la protección del interés público en todo el país.
Fuente: NA