El desabastecimiento del gas en el marco de la ola polar que golpea a Argentina, obligó al gobierno nacional a fusionar al Enargas y el ENRE (Ente Nacional de Regulación de la Electricidad) para dar lugar a la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. Este lunes apareció publicado en el Boletín Oficial, el decreto Decreto 452/2025, al filo del vencimiento de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Bases. El 8 de julio, el gobierno ultraderechista dejará de contar con las facultades para fusionar y eliminar organismos del Estado, gracias a la ley votada por la oposición dialoguista y los aliados de la administración que encabeza el presidente liberticida Javier Milei.

Tanto el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) como el del Gas (Enargas) quedaron expuestos antes las debilidades estructurales del sistema energético que descaro la crisis y sus interventores, Osvaldo Rolando (Enre) y Carlos Casares (Enargas) aparecen como los responsables políticos de la crisis. De acuerdo con el portal LPO, ambos continuarán en funciones al menos hasta julio de 2026 o hasta que se conforme el directorio del nuevo organismo.

El caso más fuerte del colapso energético fue Mar del Plata que el jueves a la noche sufrió un corte de gas histórico que afecta a cientos de hogares y derivó en la suspensión de clases este viernes, además del corte de carga de GNC (Gas Natural Comprimido), la parálisis del parque industrial y comercios gastronómicos.

La baja presión de gas en toda la red por la fuerte demanda a raíz de la ola polar, generó la interrupción del suministro en la ciudad. Ante eso, en el peronismo acusaron al gobierno de Milei por frenar la obra de la Planta Compresora en la localidad de Las Armas, que tenía un grado de avance del 80% y que -sostienen-hubiese evitado un colapso como el actual en Mar del Plata.

Asimismo, el Enargas también quedó en el ojo de la tormenta por los casos de muerte por monóxido de carbono. En octubre del año pasado, el ente en cuestión, decidió modificar los parámetros de calidad del gas que llega a los usuarios, alineado con el interés de las productoras de Vaca Muerta.

La resolución que aumentó la cantidad de calorías permitidas para el fluido que se inyecta en los ductos fue rechazada por la mayoría de las distribuidoras y representantes de la industria. En ese momento LPO alertó sobre los riesgos de esa medida, que podría multiplicar exponencialmente los siniestros por ingesta accidental de monóxido de carbono.

Otro elemento que explica la crisis del gas es la gestión en YPF. Desde que Horacio Marín asumió la presidencia de la empresa estatal, se puso en marcha el llamado “Plan Andes”, una estrategia que en nombre de la eficiencia y el ajuste, desmanteló la producción convencional de gas en varias provincias clave.

YPF dejó de operar en pozos de Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Tierra del Fuego y Neuquén, vendiéndolos a empresas privadas sin experiencia comprobada en el sector. El caso más llamativo es el de Bentia, la firma creada por Javier Iguacel, exministro de Energía durante el gobierno de Mauricio Macri, que se constituyó con un capital de apenas 7,5 millones de pesos.

A través de una licitación impulsada por el Banco Santander, terminó quedándose con activos por más de 100 millones de dólares. ¿El resultado? Más negocios financieros que producción real de gas. En efecto, la fusión es forma de reconocer lo desastroso del abordaje de la crisis y la falla de previsión, en este caso del Enargas.