El
juez federal Ariel Lijo solicitó a tres empresas contratistas del
Estado nacional que entreguen en forma completa la facturación realizada con
la consultora +BE, propiedad de Bettina
Angeletti, esposa
del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La
medida busca determinar si existió algún tipo de direccionamiento
irregular en los contratos que la empresa de coaching Angeletti mantiene
con proveedores estatales.
Concretamente,
las empresas Datco (Grupo Datco), National Shipping y Foggia Group (Grupo
Foggia) deberán informar detalladamente todas las operaciones comerciales
y facturaciones con +BE.
Datco
abastece a ARCA, AySA y Aerolíneas Argentinas; National Shipping es
contratista de YPF, y el Grupo Foggia está vinculado a la concesión
de Tecnópolis.
La
disposición forma parte de una investigación iniciada a raíz de una denuncia
presentada por la diputada nacional Marcela Pagano para determinar
si Angeletti fue favorecida de manera irregular por el Gobierno con
contratos de consultoría que podrían configurar un mecanismo de retorno de
fondos públicos.
El
juez Lijo consideró necesario avanzar con esta prueba en la actual etapa de la
causa. Además de los pedidos a las empresas, dispuso requerimientos a la Inspección
General de Justicia (IGJ) para que identifique a los beneficiarios finales
de las contrataciones y remita los legajos societarios de las firmas
involucradas.
También
pidió a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Oficina
Nacional de Contrataciones, que informe si Datco, National Shipping y Foggia
Group son contratistas recurrentes del Estado y acompañe las constancias de los
procesos de adjudicación.
Esta
causa se tramita en paralelo a la investigación por presunto enriquecimiento
ilícito de Adorni, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, y a otras dos
pesquisas relacionadas con el jefe de Gabinete: un viaje familiar a Punta
del Este y un vínculo comercial con el periodista Marcelo Grandio.
Adorni
asumió en enero de 2026 como director titular de YPF en representación del
Estado, lo que otorga particular relevancia al vínculo de National
Shipping con esa empresa.
Hasta
el momento no hay imputaciones formales ni procesamientos en esta causa. Los
posibles delitos que se analizan incluyen fraude a la administración
pública, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso
de autoridad, aunque la investigación se encuentra todavía en etapa preliminar.
La
situación de Adorni
El
juez federal, Ariel Lijo dispuso días atrás el levantamiento del
secreto fiscal ante ARBA, la agencia tributaria de la provincia de Buenos
Aires, del jefe de Gabinete y su esposa en la causa por enriquecimiento
ilícito.
La
medida fue a pedido del fiscal federal, Gerardo Pollicita, y está
vinculada con los pagos para la compra y las remodelaciones en
la casa ubicada en el country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz.
El
expediente busca determinar si hubo omisiones o inconsistencias en
las declaraciones juradas del jefe de Gabinete y si los movimientos de fondos
se corresponden con sus ingresos declarados.
Además, la Justicia analiza operaciones entre distintas billeteras digitales utilizadas por Adorni y otras cuentas bancarias o virtuales asociadas. En ese marco, bajo análisis aparecen movimientos que podrían rondar los 100.000 dólares, aunque el monto exacto todavía no fue determinado y continúa siendo objeto de peritajes y cruces de información.
Fuente: TN
