Los docentes de las universidades nacionales realizarán este
miércoles y jueves un paro de 48 horas en todo el país para reclamar por la
situación presupuestaria del sistema universitario y la pérdida del poder
adquisitivo de los salarios.
La medida fue confirmada por la Federación de Docentes de
Universidades Nacionales (FEDUN) tras un plenario con representantes gremiales
de distintas provincias, donde se evaluó la continuidad del plan de lucha y las
acciones para visibilizar el conflicto que atraviesan las casas de estudio.
Además de la suspensión de actividades académicas, las
jornadas incluirán movilizaciones, clases públicas y distintas iniciativas de
protesta en universidades de todo el país.
Mientras se desarrolla la nueva medida de fuerza, el Gobierno busca avanzar en una salida al conflicto universitario que se mantiene desde octubre de 2025, cuando decidió no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario ratificada por el Congreso e inició una estrategia judicial para frenar su implementación.
En ese contexto, existía la posibilidad de que durante esta
semana se concrete una reunión entre funcionarios nacionales y autoridades del
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), aunque por el momento no hay fecha
confirmada.
Las conversaciones incluyen varios puntos sensibles para el
sistema universitario, como la recomposición salarial docente, las becas
estudiantiles, los fondos destinados a hospitales universitarios y otras
partidas presupuestarias pendientes.
La estrategia oficial también está condicionada por la causa
judicial que tramita en la Corte Suprema y cuya defensa está a cargo de la
Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio.
El Gobierno analiza distintas alternativas para evitar una
resolución judicial desfavorable. Entre ellas, evaluó ofrecer a las
universidades la transferencia de fondos contemplados en el proyecto de
financiamiento universitario enviado al Congreso en febrero.
Esa iniciativa contemplaba únicamente la recomposición
salarial correspondiente a 2025 y dejaba fuera la pérdida acumulada entre
diciembre de 2023 y 2024, con el objetivo de reducir el impacto fiscal, uno de
los reclamos centrales del frente docente.
A cambio, la Casa Rosada busca que las universidades retiren
la medida cautelar presentada contra el Estado nacional, expediente que
actualmente espera una definición de la Corte Suprema. La demanda reclama el
cumplimiento de los incrementos salariales y de las becas previstos en la Ley
de Financiamiento Universitario, ajustados por la evolución del IPC.
La principal preocupación oficial es el costo económico de
una derrota judicial. Según las estimaciones que maneja el Gobierno, un fallo
adverso obligaría al Estado a transferir alrededor de $2,5 billones al sistema
universitario.
