Para evitar una denuncia por incumplimiento de deberes y un pedido de juicio político, el Gobierno ultraderechista de Javier Milei promulgó la Ley 27.793 que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, tras el rechazo del veto presidencial por parte del Congreso.
La norma fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 681/2025, pero su ejecución quedó suspendida hasta que se definan las fuentes de financiamiento y se incorporen las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.
Según informó el portal El Destape, el Ejecutivo nacional debió promulgar la ley tras la insistencia del Congreso con mayoría especial en ambas cámaras, en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional.
Sin embargo, el Decreto 681/2025 invoca el artículo 5 de la Ley 24.629 y el artículo 38 de la Ley 24.156, que exigen la inclusión de créditos presupuestarios y fuentes específicas para leyes con impacto fiscal.
En el texto oficial del decreto de promulgación de la norma, el gobierno de Milei apuntó que el presupuesto vigente de la Administración Nacional “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación”. Justificó que, si se destinaran todas las partidas disponibles del presupuesto de los tres poderes del Estado al cumplimiento de la ley, “ello resultaría igualmente insuficiente para atender en plenitud las obligaciones allí impuestas”.
El crédito presupuestario disponible, sin afectar partidas de servicios sociales, asciende a $2.302.526.621.430, cifra que no cubre el costo total estimado de la reforma. “Para cumplir con la ejecución de la Ley N° 27.793 sería ineludible disponer un aumento total del monto del presupuesto, el que solo puede ser autorizado por el Congreso Nacional”, señalaron en el texto del gobierno de Milei, claramente refractario a proteger al sector de las personas con discapacidad.
En lugar de abocarse al cumplimiento de la norma, por ejemplo, ajustando partidas de la Vocería Presidencial, la administración liberticida decide suspender la aplicación de la norma, empujando a las familias a acudir a la Justicia.
De hecho, el argumento de la falta de recursos carece de consenso social dado que la mayor parte de la población, cerca de 7 de cada 10, según la mayoría de las encuestas, considera que son reales las denuncias por corrupción y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucran a la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei y al subsecretario Eduardo “Lule” Menem.
En cuanto a las fuentes de financiamiento, a fines de abril de este año, se confirmó que la Secretaría de Comunicación y Medios que conduce su vocero, Manuel Adorni, experimentó una expansión que contrasta con el discurso oficial del ajuste fiscal: incrementó su planta de empleados en un 25% y maneja un presupuesto que supera los $30.000 millones.
Esos datos surgen del informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados. En ese documento se detalla que la secretaría que encabeza Adorni cuenta actualmente con 249 empleados y que le fue asignado un presupuesto total de $25.412.859.403 para todo el ejercicio 2025, mediante la Decisión Administrativa 3/2025. A esa cifra se suman los créditos de la antigua Secretaría de Prensa, cuyas funciones absorbió el área de Adorni.
El contraste con el costo de la ley de Emergencia en Discapacidad es dramático: según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso, la norma tendría un costo fiscal de, como máximo, de 3.627.495 millones de pesos, es decir 8 veces menos que el gasto que el gobierno ultraderechista de Milei destina a la secretaría del vocero Adorni.
De acuerdo con la OPC, la ley de emergencia en discapacidad busca asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional, a través de una serie de medidas de alcance normativo, institucional y presupuestario y en el marco de una emergencia dispuesta hasta fin del 2027.
Entre otras condiciones con impacto económico inmediato, el proyecto propone una modificación de las condiciones para acceder al beneficio y sostenerlo y el incremento de aranceles a prestadores.
Podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios. Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre $ 1.889.371 – 3.627.495 millones de pesos. Este gasto es equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI (Producto Bruto Interno) y prevé una compensación de emergencia a prestadores ($278.323 millones) y una asignación para talleres de producción ($7.160 millones)
Disposiciones principales de la ley de Discapacidad (aún no ejecutables)
*Creación de la PNC por Discapacidad para Protección Social (70% del haber mínimo, compatible con empleo hasta 2 SMVM).
*Cobertura médica garantizada a través del Programa Incluir Salud y prestaciones de la Ley 24.901.
*Compensación de emergencia a prestadores por la brecha entre aranceles e inflación.
*Exención del 50% de contribuciones patronales por tres años para empleadores que contraten personas con discapacidad.
*Fortalecimiento institucional de ANDIS, con auditorías inclusivas y metas de transparencia.
