A días de las elecciones de medio término, el presidente ultraderechista Javier Milei promulgó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, en el último día del plazo para cumplir con la ley, tras el rechazo de los vetos y la insistencia del Congreso de la Nación. Sin embargo y pese a contar con un “excedente” de 15.500 millones de pesos, Milei postergó la aplicación de ambas normas hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento.
Según consta en ambos decretos, el Ejecutivo nacional sostiene que la promulgación se da “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 24.629”, la cual establece que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
De esta manera, Milei se puso a tiro de juicio político, por incumplir con las leyes sancionadas por el Congreso: el ministro del interior Lisandro Catalán, el pasado 9 de octubre, afirmó públicamente que el Estado contaba con $15.500 millones de excedente para la reimpresión de los 12 millones de boletas únicas para las elecciones nacionales en provincia de Buenos Aires. Ese “excedente” habría permitido, según Catalán, reimprimir las boletas electorales para sacar la cara de José Luis Espert, que había renunciado a su candidatura, jaqueado por haber cobrado al menos 200 mil dólares del empresario acusado de narco Fred Machado –recientemente extraditado por pedido de la justicia de Texas, Estados Unidos.
Como es de público conocimiento, la Cámara Nacional Electoral rechazó la reimpresión de las boletas sin la cara del llamado “dipunarco” de La Libertad Avanza, Espert, con lo que ese excedente de $15.500 millones, según palabras del propio Catalán, debería volver al Tesoro. En consecuencia, hay recursos para la aplicación de las leyes que el Congreso sancionó, tras anular los vetos presidenciales.
Conocida la decisión de promulgar las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, tanto los trabajadores del Garrahan como los de las universidades públicas, definieron hacer un paro nacional con movilizaciones.
En ese marco, los trabajadores del hospital Garrahan iniciaron un nuevo paro por la aplicación inmediata de la ley de emergencia pediátrica sancionada en el Congreso tras el rechazo del veto de Milei. “Nos enteramos de la promulgación y el decreto que plantea incumplir la ley mientras se iniciaba el paro en el hospital. No nos sorprende, sabíamos que el gobierno iba a replicar en el Garrahan y en la Universidad, lo mismo que implementó en discapacidad. Esta dilación no es gratuita, mientras pasan las semanas llegan nuevas renuncias y los problemas en la atención se multiplican”, apuntó Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan.
Al mismo tiempo, Lipcovich amplió: “no vamos a quedarnos de brazos cruzados, hoy a las 16 hs hacemos una concentración en la Plaza de Mayo, a partir de una articulación con docentes y estudiantes universitarios, y distintas organizaciones que luchan por la implementación de la emergencia en discapacidad. En la unidad de todas estas luchas no sólo tendremos más fuerza para lograr la aplicación de la Ley, sino también terminar con la política motosierra de Milei”, recalcó el referente del Garrahan.
Por su parte, el delegado adjunto, Gerardo Oroz, planteó que “tenemos un gobierno que dice que no hay presupuesto para atender la salud de los niños y niñas de nuestro país, al mismo tiempo que quita retenciones a los agroexportadores amigos y toma beneficia la timba financiera. Por eso no vamos a dejar de luchar hasta conseguir la aplicación de la Ley de Emergencia Pediátrica, impulsando asambleas y paros. Tenemos el apoyo de la comunidad y los trabajadores, las centrales sindicales deberían dar una respuesta que esté a la altura del ataque y convocar una gran huelga general para detener la motosierra del gobierno”, subrayó.
A su vez, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) planteó que debe iniciarse un juicio político contra Milei, y los ministros Mario Lugones (Salud), Luis Caputo (Economía) y Guillermo Francos (Jefe de Gabinete) “¿Qué se hace cuando un gobierno no aplica las leyes que vota el Congreso y ratifica dos veces?”, plantearon desde la APyT, en un comunicado.
La APyT informó en la víspera que realiza un paro de 24 horas desde las 7 de la mañana de este martes 21 de octubre, junto a demás sectores del equipo de salud del hospital, “en reclamo por la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia Pediátrica y en solidaridad con la misma situación que le toca atravesar al colectivo de la discapacidad, como así también a la universidad pública”.
En el comunicado, la licenciada Norma Lezana, referente de APyT y del equipo de salud del Garrahan, afirmó: “Recorrimos todo el camino que teníamos que recorrer, ganamos mayoría social en la opinión pública para nuestra causa, colocamos en la agenda del Congreso la necesidad de blindar a nuestro hospital en riesgo frente a la política de vaciamiento del gobierno nacional, logramos la aprobación de la Ley de Emergencia por amplia mayoría en ambas cámaras y la ratificación frente a los vetos presidenciales, y todavía hoy no tenemos la promulgación y aplicación efectiva de esa ley tan indispensable para la continuidad del proyecto de Garrahan”, advirtió.
“Frente a este panorama -continuó Lezana- nos preguntamos, ¿qué se hace frente a un gobierno que actúa como una monarquía? Que frente a una opinión pública que lo mandató para actuar en defensa del Garrahan, que frente a un Parlamento que por abrumadora mayoría le indica financiar al Garrahan, no cumple y comete delito. Nosotros, los trabajadores, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, recalcó.
Asimismo, la secretaria general de la APyT anticipó los pasos a seguir: “Este martes 21 estamos de paro por 24 horas. Lo hacemos con la exigencia de la aplicación efectiva e inmediata de las leyes de Emergencia de Salud Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario, pero también hacia adentro tenemos un reclamo frente al Consejo de Administración y su rol vergonzoso del interventor Pirozzo, que actúa de manera patoteril e ilegal tomando determinaciones que no le competen, para exigir la renuncia a todos ellos y un cambio de la orientación de esta gestión”, cuestionó.
“Y al mismo tiempo, nos preparamos para los pasos a seguir: vamos a estar desde el mediodía de este martes junto a integrantes del CELS y nuestra asesora legal debatiendo colectivamente con el equipo de salud cómo responder frente a una aberración autoritaria como es la tesitura que está adoptando el gobierno nacional. Y tenemos varios caminos para encarar. Para empezar, le vamos a solicitar a la justicia que dé lugar a un amparo e intime al Ejecutivo a aplicar la Ley de Emergencia Pediátrica. Además de denunciarlos penalmente por incumplimiento de deberes de funcionario público. Al Congreso Nacional le vamos a plantear que active el mecanismo de Juicio Político: no alcanza con la moción de censura al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Nosotros lo que estamos exigiendo es juicio político al presidente Javier Milei, al ministro de Salud, Mario Lugones, y al ministro de Economía, Luis Caputo, que son los máximos responsables de cumplir con el mandato del Congreso Nacional, de una agenda que impuso la sociedad mayoritariamente”, continuó Lezana.
En tanto, Lezana concluyó: “Finalmente, le volvemos a decir a la cúpula máxima de la CGT, ¿qué más tiene que pasar para que convoquen a parar en apoyo al hospital de las infancias, la discapacidad y la universidad pública? De nuestra parte, imaginamos en las próximas semanas profundizar la articulación con otros gremios y organizaciones para hacer lo que la CGT parece estar decidida a no llevar adelante: Construiremos una medida de fuerza de alcance nacional, de Tierra del Fuego a Jujuy y de la cordillera al mar, con paro y movilización. E instalando en las calles la voz de un pueblo que no se resigna a no tener Garrahan, a desproteger a la discapacidad o a degradar y vaciar la universidad pública”.
